Dictaron prisión preventiva a cinco sindicalistas portuarios por extorsión y por provocar la pérdida de 468.000 kilos de langostinos

Cinco miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut que enfrentan prisión preventiva por cargos de extorsión, delito con penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, amenazaron con “dar guerra” en medio de una escalada de tensión con empresarios pesqueros.

En los últimos días de diciembre, la provincia de Chubut se vio afectada por la pérdida de 468.000 kilos de langostinos debido a un conflicto paritario que “encubría un entramado de corrupción y extorsión que generó pérdidas millonarias para la industria”, consideró el gobierno provincial.

Fue el gobierno de Ignacio Torres el que denunció al gremio por “ecocidio y extorsión” contra empresarios de la pesca. Ante las pérdidas millonarias provocadas por esta situación, Torres y los empresarios pesqueros realizaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.

Las denuncias apuntaron contra Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano por extorsionar y exigir dinero a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza.

Fue Gutiérrez quien, desde la puerta de su domicilio en donde cumple con la preventiva, sostuvo que “si nos quieren dar guerra a las estibadores portuarios, la vamos a dar”. En tanto, los fiscales que intervienen en la investigación aseguraron que pedirán penas de entre 5 y 10 años de cárcel contra los sindicalistas del SUPA, contra los que se abrió una investigación por extorsión y amenazas.

Karina Breckle, la jueza que tiene a su cargo el proceso, sostuvo que el hecho que se investiga “es grave. Ha causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y sus familiares, además de afectar la paz social de la provincia, las arcas del Estado y el medio ambiente”.

En la audiencia de apertura de investigación, en donde la jueza resolvió la prisión preventiva, sumó registros de transferencia y chats vinculados a los acusados. La red de corrupción fue documentada con pruebas como mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y transferencias bancarias a cuentas personales, donde quedaron involucrados los miembros del SUPA.

Tras una rápida intervención de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, se avanzó con el pedido de un mes de prisión domiciliaria a los cinco sindicalistas.

“Se tuvieron que tirar langostinos, eso es criminal. Por eso le dijimos a la fiscal que haga las denuncias correspondientes. El que haga un paro de vuelta y por eso se pudra un langostino va a tener que dar respuesta a la Justicia”, advirtió el gobernador Torres en el marco de la investigación.

Para resolver la prisión por el plazo de un mes para los cinco imputados, la jueza Breckle limitó los alcances de los fueros gremiales de los dirigentes sindicales del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Para ello dictó la inconstitucionalidad del artículo 248 de la Constitución provincial.

Argumentó que en este caso específico “no hay ninguna relación entre el delito que se investiga y la actividad gremial de los imputados. Los fueros gremiales previstos en la Constitución, están para proteger los intereses de los trabajadores, no para proteger intereses particulares”.

Los empresarios denunciantes que además estuvieron presentes en la audiencia fueron Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano y Luis Santander. La fiscalía, además, evaluó la posibilidad de agregar el cargo de asociación ilícita ante la existencia de una mafia sindical que utilizaba el gremio para enriquecerse personalmente.

Este importante golpe contra la corrupción en la industria pesquera demuestra el compromiso del gobierno provincial y las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad y el delito.

En ese sentido, Torres se reunió hoy con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para impulsar una agenda enfocada en tres ejes: la instalación de scanners para el control de narcotráfico en los puertos de Chubut, la creación de un comando conjunto en Trelew con fuerzas federales, y avanzar fuertemente contra las tomas que existen hoy en el Parque Nacional “Los Alerces”.

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