Dictan prisión preventiva para Milagro Sala
Está acusada de fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión
LA NACION
El juez jujeño Gastón Mercau dictó la prisión preventiva para Milagro Sala, informaron a LA NACION fuentes judiciales. Detenida hace más de tres meses, la referente de la Tupac Amaru está acusada de cometer fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión.
El juez Mercau investiga la supuesta "irregular administración de fondos destinados a construcción de viviendas" de acuerdo con denuncias realizadas por cooperativas. A Sala se la imputó en primera instancia por los delitos de "Instigación a cometer ilícitos" y "tumultos", por el acampe en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, que se extendió por 51 días.
La excarcelación se resolvió el 29 de enero, pero continuó detenida en el penal de Mujeres de Alto Comedero a raíz de la segunda causa.
La denuncia
Una auditoría de la Oficina Anticorrupción jujeña determinó que a lo largo de 11 años la organización de Sala recibió 1.282.654.656 pesos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entonces a cargo de Julio De Vido, para levantar casas en casi toda la provincia. De ese total, 726.724.717 pesos (el 56,6 por ciento) fueron erogados, pero no ejecutados. Es decir, esos recursos salieron de las arcas nacionales, pero no se usaron para construir viviendas.
La OA relevó los municipios de la provincia en los que las cooperativas controladas por Sala recibieron recursos con los que debían construir 8532 casas.
Los municipios son San Salvador de Jujuy (3788 viviendas asignadas), Humahuaca (740), Palpalá (680), San Pedro (616), Calilegua (588), San Martín y Monterrico (los dos con 480), El Carmen (400), la Esperanza y Perico (ambas con 380). De todas las viviendas proyectadas sólo se levantaron 6191. El resto, 2341, ni siquiera empezó a construirse (en 1856 casos) o quedó a medio hacer (485).
La OA calculó que terminar esas casas y hacer las que nunca existieron tendría hoy un costo aproximado de $ 1269 millones.
El estudio de campo de la OA estuvo a cargo de auditores y arquitectos del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y las conclusiones quedaron asentadas en actas.
LA NACION
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