Dictan la prisión preventiva de los dirigentes camioneros que bloquearon una empresa en San Nicolás
Los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espindola cumplirán arresto domiciliario cuando el fallo quede firme; así lo decidió el juez Román Parodi, el reemplazante de la magistrada que entró en licencia por estrés después de haber sido presionada por Moyano y el kirchnerismo
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez de San Nicolás Román Parodi dictó hoy al prisión preventiva de los dirigentes del gremio de los camioneros Maximiliano Cabaleyro –quien además es concejal del Frente de Todos– y Fernando Espíndola, acusados de extorsionar a una firma distribuidora de alimentos mediante el bloqueo de sus instalaciones. Parodi decidió que los dirigentes cumplan la detención en sus domicilios.
El fallo del juez Parodi es tajante en determinar la responsabilidad de los camioneros, considerar que la investigación está casi concluida y rechazar las denuncias que hizo el gremio en la Comisión Bicameral de Control de los organismos de inteligencia, al respaldar punto por punto la legalidad de la investigación de la fiscal María del Valle Viviani.
La fiscal fue quien pidió las prisiones preventivas al documentar las presiones de los gremialistas sobre la distribuidora Rey, según las 150 carillas de la decisión del juez Parodi. La abogada de la familia Rey es Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio.
Los sindicalistas seguirán presos en una dependencia policial hasta tanto esta decisión del juez Parodi sea revisada por la Cámara de Apelaciones. Si la prisión preventiva queda firme, entonces podrán seguir cumpliéndola en sus domicilios, monitoreados con una pulsera electrónica las 24 horas, dice la sentencia a la que accedió LA NACION.
Además, se les prohibió a Cabaleyro y Espíndola el contacto por cualquier medio con Sergio y Gustavo Rey, con familiares de ambos, con la empresa Rey Distribución y con los testigos del caso, para evitar que los intimiden.
Parodi ocupó el lugar de la jueza María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia por “estrés” luego de que la Comisión Bicameral de Control de los organismos de inteligencia, controlada por el kirchnerismo. Esa medida, impulsada por el diputado Leopoldo Moreau, fue respaldada por Hugo Moyano, el jefe nacional de los camioneros. Además, la semana pasada, su hijo Pablo movilizó hasta San Nicolás a una tropa sindical para reclamar la liberación de Cabaleyro y Espíndola.
Los dirigentes camioneros están con prisión preventiva por los delitos de turbación de la posesión (de la distribuidora de Rey), coacción (dos hechos) extorsión (dos hechos) y extorsión en grado de tentativa. Los camioneros bloquearon el depósito de la empresa durante una semana, impidiendo el trabajo, y los obligaron a realizar pagos de dinero para seguir trabajando.
El juez fue terminante al diferenciar la huelga del delito cometido por estos dirigentes gremiales. “La conducta de quienes llevan adelante una huelga, que impiden la entrada y salida de personas del establecimiento, configura el ilícito tipificado en el art. 181 inc. 3 del Código Penal (turbación de la posesión de un bien), toda vez que el derecho colectivo de realizar reclamos, previsto en la Ley Fundamental, no puede hacerse primar sobre otro derecho de igual rango, como lo es el derecho a la propiedad, y a usar y disponer de ella”
Además, señaló que se lesiona la libertad individual, la voluntad del empresario está viciada por el miedo, ya que debe satisfacer una exigencia ilegítima, que implica un daño patrimonial.-
“La configuración de los ilícitos se encuentra probada”, escribió el juez, y enumeró las decenas de testimonios que señalan el bloqueo y la exigencia de “coimas” para seguir trabajando.
En lo que hace al secreto del legajo fiscal, denunciado por el gremio de camioneros, el juez aclaró que está contemplado en la ley “que el Ministerio Público Fiscal tiene plena facultad para la formación del legajo, permitiéndose reservar y ocultar prueba de cargo (o beneficiosa) a la defensa, hasta la audiencia de ofrecimiento de prueba para la realización de juicio”.
Además, rechazó las acusaciones de que existieron escuchas ilegales, dado que la conversación entre uno de los acusados y su defensor no fue valorada como prueba ni trascendió mas allá de las partes, afirmó.
Uno de los hechos por los que están presos Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero del año pasado, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero.
Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió “rapidísimo” en una camioneta Wolkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito.
El gremio alega que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de trabajo bonaerense.
Cabaleyro y Espíndola recibieron en nombre del sindicato plata en dos cuotas. La primera entrega, de $203.838, se hizo en efectivo en una caja de galletitas chocolinas y un cheque por la suma de $102.999. El restante se pagó en dos cheques por $355.583 cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente hay un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
El sindicato de los camioneros emitió tras el fallo un singular comunicado en el que celebró “la libertad” de sus afiliados y advirtió que se investigará a la jueza y a la fiscal. Nada de eso surge de la sentencia.
Por Hernán Cappiello
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