Diciembre: el Gobierno espera contener la tensión social con un bono, pero hay fuerte malestar por el fin del IFE

Diciembre, un mes históricamente sensible en materia social, llega con serios agravantes este año. El ahogo económico extendido por el efecto de la pandemia, que todavía provoca fuertes coletazos en la economía informal, se combina ahora con las señales de ajuste que comenzó a emitir el Gobierno. En particular, la confirmación de que no habrá otra vuelta de IFE (el beneficio, en rigor, caducó en septiembre) pega de lleno en el consumo de los barrios populares. Cerca de Alberto Fernández saben que deben tomar la temperatura social minuto a minuto, conforme crece el malestar en movimientos sociales e intendentes.

Aunque los más importantes están "afiliados" políticamente al Frente de Todos, los movimientos sociales comenzaron a alertar con mayor ímpetu sobre el "estado de indefensión absoluta" que tienen los sectores que se quedaron sin el IFE. Atento al clima de disconformidad que se viene gestando, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, convocó el viernes por la tarde a referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El funcionario les dijo que está en estudio un bono de fin de año y coordinó una nueva reunión para la semana próxima, con la expectativa de que ese punto esté resuelto. La decisión dependerá de lo que defina el gabinete económico liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el nuevo promotor de la reducción del gasto público.

"Quedamos a la espera de una nueva reunión donde podamos avanzar en algunas cuestiones concretas que no dependen solo de Desarrollo Social sino de la decisión económica del Gobierno, como es el bono de fin de año", dijo a la salida del encuentro Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán.

Nicolás Caropresi, referente del MTE de Juan Grabois, dijo a LA NACION: "Vemos con una enorme preocupación los anuncios de Guzmán. Venimos haciendo notar que no nos parece una medida correcta sacar el IFE ahora porque, aunque la cuarentena se haya flexibilizado, los sectores populares no volvieron a moverse. Hay una inquietud en los barrios, que todavía no es una tensión. Pero si la situación cruje no es fácil frenarlo". Barrios de Pie, en tanto, lanzará una campaña bajo el nombre "La salida es sin ajuste".

El reclamo no es solo de los movimientos sociales. En un encuentro de intendentes que tuvo lugar en Berazategui semanas atrás, varios intendentes habían reclamado "un IFE a fin de año". La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza (La Cámpora), dijo a LA NACION: "Creemos que sería conveniente dar continuidad al IFE, o al menos tomar medidas que permitan sostener los ingresos de las familias, ya que se acerca fin de año y la pandemia aún no ha terminado".

El argumento del Ministerio de Economía, de cara a la negociación con el FMI, es que durante la pandemia hubo una expansión de la emisión monetaria y del gasto público que se hace insostenible si se quiere rebatir a las expectativas inflacionarias. Aunque en lo discursivo confían en la paz social, en la Casa Rosada saben que deben monitorear de cerca eventuales chispas de conflicto en el conurbano.

El Movimiento Evita, la agrupación de mayor capilaridad territorial aliada al Gobierno, hizo en los últimos días una encuesta en el interior de los barrios más vulnerables. Se buscó relevar en qué medida se reactivó la búsqueda de changas y cuánto cedió la necesidad de la olla popular, que fue el sostén principal durante lo peor de la pandemia.

"Es algo que hay que mirar minuto a minuto, porque más allá de que hay un clima de tranquilidad puede haber focos aislados de conflictividad. Hay que tratar de frenarlo y contenerlo", dijo a LA NACION una fuente de la Casa Rosada que sigue de cerca la situación social. "Los intendentes, los movimientos sociales y la Iglesia tienen que seguir muy articulados", agregó.

Medidas

El Gobierno anunció una serie de medidas destinadas a contener la cuestión social a fin de año, pero el gasto será sensiblemente menor al desembolso de $90.000 millones que implicó cada ronda de IFE. En lo alimentario, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que en diciembre se duplicará la carga de la Tarjeta Alimentar, que alcanza a 1.700.000 personas, y que comprará un millón y medio de canastas navideñas.

Esto último es algo que el Estado hace todos los años, aunque esta vez la partida será mayor, en un momento en el que la pobreza alcanzó los 40,9 puntos. Los intendentes también comprarán partidas de alimentos.

Días atrás, el Gobierno presentó "Potenciar Joven", un estímulo de $8500 pesos pagado hasta 12 meses a personas de entre 18 y 29 años que deberán presentar un proyecto al Estado para obtener el financiamiento. El programa fue anunciado como un sucesor del IFE, pero lo cierto es que alcanzará cien mil jóvenes en una primera etapa, con el objetivo de llegar a un millón y con una inversión inicial de $1000 millones, un universo mucho más acotado que el ingreso familiar de emergencia de la pandemia. "El IFE llegó a 9 millones de personas, una parte logró volver al esquema laboral y nosotros vamos a acompañar a los que no pudieron hacerlo", argumentó Arroyo en declaraciones radiales.

Al programa para jóvenes se sumará la ampliación de Potenciar Trabajo, que abarca a unos 570 mil trabajadores que deben ofrecer una prestación laboral o educativa a cambio de medio salario mínimo vital y móvil, que pueden suplementar con otros ingresos.

Aunque la modalidad deberá definirse en las próximas reuniones del gabinete económico, varios funcionarios deslizaron que habría un bono de fin de año. En la Casa Rosada estimaban en las últimas horas que habrá un esquema similar al que Fernández implementó poco después de asumir, en diciembre de 2019, y que constó en un bono de suma fija por $2000 por única vez para los beneficiarios de la AUH y un pago extra de $5000 para los jubilados de la mínima.

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