Diálogo y relato, dos remedios para atravesar la emergencia

Alberto Fernández camina sobre hielo quebradizo. En la Casa Rosada se respiraba alivio después de dos semanas de vértigo en las que el nuevo presidente superó sin heridas graves el trance amargo de aprobar un ajuste decorado con palabras amables. Bonos en alza y calles tranquilas eran la combinación esperada para el brindis de Fin de Año.

Pero entre la calma y el optimismo existe un largo desierto. Las perspectivas económicas para 2020 marcan en el mejor de los casos el fin de la caída, sin mucho margen para soñar con una reactivación. Eso si el plan sale bien. Economistas y empresarios han hecho llegar al Gobierno su preocupación por la posibilidad de que las subas de impuestos en medio de la recesión terminen por agravar la parálisis.

La respuesta que ofrece el nuevo oficialismo es un canto al realismo: el Presidente sabrá corregir si los resultados no son los deseados. Un rasgo distintivo que se atribuye la nueva gestión es el pragmatismo. No reniega de un ejercicio cotidiano de prueba y error.

"Tenemos las alarmas encendidas y una orden de evitar batallas innecesarias", grafica un funcionario cercano a Fernández. Pone como ejemplo la reacción oficial después del impacto negativo en la opinión pública que tuvo la sorpresiva exclusión del congelamiento de haberes jubilatorios de los regímenes especiales de jueces y cargos políticos. En menos de 24 horas se improvisó el anunció de un futuro proyecto para revisar "privilegios" y se empezó a trabajar en un acuerdo -concretado el viernes- para que diputados y senadores nacionales renuncien a aumentarse sus dietas.

Fernández cuenta ya con los poderes que quería para gobernar por decreto, pero sabe que no tiene margen para excederse. Al peronismo puede sobrarle plasticidad para vender un impuestazo como un gesto solidario, pero eso no significa que exista una sociedad dócil y adormecida.

Lo que puede ofrecer el Gobierno por ahora es una economía cerrada, impuestos altos, un cepo rígido que desalienta el ahorro, pocas perspectivas de una baja rápida de la inflación y escasa generación de empleo privado. La recuperación del poder de compra será selectiva para los sectores más atrasados. El nuevo relato no es de magia, en busca de idolatría, sino de un realismo descarnado que apela a la comprensión.

El plan del Presidente requiere una gimnasia constante de diálogo. Es una diferencia sustantiva con la anterior experiencia kirchnerista. El ajuste recae mayoritariamente sobre los productores rurales y la clase media/alta, pero no viene acompañado de un señalamiento despectivo, sino de un pedido de paciencia.

No habrá que sorprenderse de ver a Fernández en reuniones multitudinarias, como la del viernes con empresarios, sindicalistas de todos los sectores y líderes piqueteros. Ni tampoco de que reciba con gestos cordiales a quienes sufren y se resisten a sus medidas, como ocurrió con la Mesa de Enlace. La crisis con el campo de 2008 es un trauma muy presente en la vida del Presidente. Dio orden a su ministro Luis Basterra para que apacigüe las protestas por la suba de retenciones. Como sea.

En estas horas trabajan en el proyecto de segmentación de las compensaciones según la cantidad de producción y la distancia al puerto, con la que persigue el doble propósito de atenuar el malestar, por un lado, y dividir a los productores, por otro. Los ruralistas se juramentaron seguir unidos.

Es pronto para saber si se está gestando una nueva lógica de poder o si estamos ante una táctica para el tránsito por los meses iniciales. Fernández y los funcionarios hablan como si sus palabras pudieran detonar minas.

La única excepción hasta ahora ha sido la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que abrió la herida sensible del caso Nisman al decir que se propone revisar el peritaje de la Gendarmería que determinó que al fiscal lo asesinaron. Esa declaración -por extemporánea- causó fastidio en el área presidencial.

El caso Kicillof

El contraste con la impronta inaugural de Fernández resalta cuando el kirchnerismo puro se expresa. La batalla perdida de Axel Kicillof para aprobar la ley fiscal bonaerense expone dos modelos en apariencia muy distintos de hacer política.

El gobernador pecó de cierto amateurismo. Envió su proyecto de subas impositivas la tarde de Nochebuena. Creyó tener todo acordado con María Eugenia Vidal, pero el jueves se encontró con que la exgobernadora se iba de viaje de placer a París y en el Senado el bloque de Cambiemos se resistía a aprobar aumentos por encima de la inflación que afectan principalmente a su base electoral. El negociador plenipotenciario de Kicillof es Carlos "Cuto" Moreno, un soldado delegado ahí por Cristina Kirchner. Un duro que prefiere imponer a dialogar.

Desorientado, el gobernador se encontró con una interna opositora que no previó (los intendentes Jorge Macri y Gustavo Posse jugaron fuerte en busca de moderar los aumentos) y con los brazos caídos de los intendentes peronistas del conurbano, a quienes días atrás había intentado impedirles el acceso directo a los fondos que el Estado nacional envía a los municipios.

Kicillof procesó la derrota con una descarga de furia hacia los opositores y, cómo no, los medios que informaron que su proyecto planteaba subas de hasta el 75%. Llegó a decir que se sorprendía de que el título de la noticia no hubiera sido la baja impositiva a los sectores con menos recursos, en un reflejo de la vieja pasión kirchnerista por la edición periodística.

Kicillof actúa en sintonía con Cristina, su gran valedora política. Ella también insiste en la batalla contra el periodismo crítico y la oposición. Y se lanzó de lleno a la cruzada para quitarle fondos a la ciudad de Buenos Aires -el bastión macrista- en favor del conurbano -su tierra prometida particular, a la que solo entra para encabezar actos políticos o tomarse un avión-.

La Casa Rosada siguió en silencio la tensión abierta en Buenos Aires, como si fueran problemas ajenos. Pero en el fondo Fernández sabe que la debilidad de las arcas de la provincia acabará por convertirse en un problema de primera índole de la gestión nacional.

El paquete de medidas que aprobó el Congreso le da al Presidente herramientas para sentarse a negociar la deuda pública con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mercado reaccionó positivamente a lo que interpretó como una muestra de voluntad de pago, sobre todo a partir de la arriesgada decisión de suspender la actualización automática de las jubilaciones, la carga más pesada del presupuesto estatal.

El verano tendrá al Gobierno enfrascado entre decretos paliativos y la decisiva negociación para evitar el default, con el objetivo de despejar la carga de vencimientos de deuda "impagables" que se acumula en 2020. Solo si lo consigue empezará a verse cuál es el verdadero plan económico. El agobio de la deuda también afecta a Kicillof, para quien las subas de impuestos implican apenas un primer paso en el camino para escaparle a la suspensión de pagos de la abultada deuda en dólares que heredó.

Tarde o temprano estallará la discusión por la distribución de fondos a las provincias. Los gobernadores peronistas del interior ya empiezan a expresar en público lo que exponen en privado: le recuerdan a Fernández que les prometió una suerte de "cogobierno" de impronta federal. No digirieron del todo bien que la ley de emergencia pusiera en manos del Estado una masa enorme de impuestos no coparticipables. Y temen que -por presión de Cristina- se venga un auxilio extraordinario a Buenos Aires, en detrimento del resto.

Les vuelve un mensaje de calma. La emergencia no admite discusiones que pongan en duda el relato feliz del peronismo unido.

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