Detectan sobreprecios de hasta 90 por ciento en ventas a Venezuela

El fideicomiso entre la Argentina y Venezuela, que incluyó negocios binacionales por más de $20.000 millones entre 2012 y 2016, fue objeto de distintas inconsistencias como sobreprecios y facturación irregular que involucró a más de 15 empresas argentinas, según se desprende de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) al que accedió LA NACION.

Compañías de la industria láctea, como Sancor, y otras especializadas en la venta de pollos, como Granja Tres Arroyos, fueron algunas de las involucradas en la venta de productos a Venezuela con sobreprecios por, al menos, unos U$S235 millones, según calculó la Sigen.

El organismo auditor comparó las facturas que pagó el Estado bolivariano por esos productos con los precios de exportación que utilizaban las empresas argentinas y detectó sobreprecios de hasta el 90% en algunos productos.

Sancor fue la empresa que más sobreprecios aplicó a los productos vendidos a Venezuela: facturó, en total, US$403 millones por la venta de leche en polvo, con una suba del 23% con respecto a los precios de referencia. Es decir, se quedó con una diferencia de US$95 millones, según el estudio realizado por la Sigen.

Desde Sancor dijeron a LA NACION que vendieron leche en polvo a Venezuela con precios más altos por la falta de seguridad en los pagos. Recordaron que el gobierno venezolano todavía adeuda una cifra cercana a los US$30 millones y remarcaron que no hubo ningún tipo de irregularidad.

"Todas las operaciones comerciales de Sancor con Venezuela fueron controladas por la AFIP, el Banco Central y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Las operaciones fueron transparentes en todo momento y pueden verificarse en las cuentas públicas", dijeron desde la empresa.

La Justicia investiga en estos sobreprecios un posible soborno transnacional, es decir, el delito de las empresas argentinas como partícipes de una defraudación al Estado de Venezuela. Pero los investigadores apuntan también a la supuesta complicidad de los funcionarios kirchneristas, que les aseguraban a las empresas ingresar en ese mercado.

Otra de las compañías involucradas en los sobreprecios es Bioart, una firma de la familia Vignati. Le vendieron maíz, leche en polvo, arroz y aceite a Venezuela con un sobreprecio total de US$57 millones, según la Sigen. Además de su inversión en Bioart, los Vignati -también dueños de Radio El Mundo- solían frecuentar a José María Olazagasti, la mano derecha del entonces ministro Julio De Vido y quien mantenía las relaciones con el gobierno chavista.

Pollos congelados

La empresa tucumana Paramérica SA también facturó con sobreprecios: le vendió legumbres y maíz con un precio superior al de mercado por US$38 millones, indica la Sigen. Pero también exportó soja por un precio inferior al de mercado, lo que llamó la atención de los investigadores.

Los sobreprecios para las ventas a Venezuela también involucran a varias empresas dedicadas a la venta de pollo congelado, como Granja Tres Arroyos (US$17 millones), Las Camelias (US$ 8millones), Soychu (US$14 millones), Rasic Hnos. (US$3 millones).

Ante la consulta de LA NACION, desde Granja Tres Arroyos dijeron que le vendían a Venezuela a un precio más alto por distintos problemas que le ocasionaba.

"Ese era el precio de mercado para Venezuela. Los proveedores de otros países le vendían también a un precio parecido. El problema era que el flete y la logística eran muy dificultosos. Era un precio razonable para el producto que le vendíamos", afirmaron desde la empresa.

La auditoría de la Sigen no incluye, sin embargo, comparaciones de precios para otras empresas dedicadas, por ejemplo, a la venta de productos de tecnología para Venezuela, como Coradir SA, Novatech SA y Unitek, que facturaron cientos de millones de pesos dentro del fideicomiso.

Tampoco incluyen los sobreprecios que facturaron todas las compañías de José Levy, un empresario que se hizo millonario con la venta de productos a Venezuela. En 2011, el empresario había declarado ante la AFIP bienes por $1 millón, pero después de hacer negocios con el fideicomiso ingresó en el blanqueo una fortuna de $1400 millones.

Levy acumuló negocios con el gobierno bolivariano por unos US$550 millones a través de distintas empresas que se dedicaban a venderle desde detergente hasta televisores mediante el fideicomiso binacional. La Justicia detectó distintos indicios de corrupción, como algunos contratos con sobreprecios de hasta el 300%. Durante esos años, el empresario había forjado relaciones con Olazagasti, el hombre detrás de la "diplomacia paralela" con Hugo Chávez.

El informe de Sigen fue requerido por el fiscal Pablo Turano, que investiga a Levy por soborno transnacional y lavado de dinero. La información de la Sigen podría ser utilizada como prueba de que las ventas a Venezuela a través del fideicomiso contaban con sobreprecios en distintos rubros y empresas como un mecanismo habitual.

La auditoría de la Sigen, además, ya está en manos del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que tendrá que decidir si le da curso a una nueva investigación sobre este grupo de empresas.

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