Detectan irregularidades y aconsejan que no se aprueben los gastos de campaña de LLA, UP y JxC en las PASO de 2023
Los auditores de la Cámara Nacional Electoral encontraron inconsistencias y pidieron explicaciones; los partidos aportaron comprobantes e hicieron su descargo; ahora la jueza Servini debe decidir
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LA NACIONHernán Cappiello
Los auditores de la Cámara Nacional Electoral desaconsejaron aprobar los informes de rendición de gastos de campaña que presentaron La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC) por las PASO del 13 de agosto del año pasado, luego de encontrar inconsistencias en algunos comprobantes, falta de declaraciones de aportantes y excesos en los límites de aportes, en otros casos, por lo que pidieron a los principales partidos y alianzas del país que aporten información adicional.
Se trata de la rendición de cuentas de las elecciones primarias donde compitieron Sergio Massa y Juan Grabois por UP, Javier Milei por LLA; y Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta por JxC.
Tanto LLA con la firma de Karina Milei, como UP, respondieron a las observaciones de los auditores y ahora será la jueza María Servini la que deberá analizar esa información y tomar una decisión final. La respuesta de JxC a las observaciones aún no llegó a la Justicia, aunque está en plazo para presentarla.
En el informe sobre LLA, los auditores destacaron que los aportantes privados son Sebastián Braun y Fernando Cerimedo, con 21.115.000 pesos en total. Cerimedo fue el estratega digital de la campaña de Milei y su responsable tecnológico ante la Justicia electoral. La Libertad Avanza declaró que hizo aportes de más de 6.115.000 en especie, que consisten en tareas relacionadas con viáticos y transporte.
Sebastián Braun aportó el resto en dinero. Es uno de los integrantes de la familia que es dueña de La Anónima y accionista del Banco Galicia, aunque él no participa de esos negocios. Es primo de Marcos Peña. Los auditores señalaron que las empresas privadas aportantes fueron Franquimar SA, Smart Commerce SA y Dulkord Company SA; con un total de 48 millones de pesos. Pero indicaron que detectaron que las tres firmas “tendrían vinculación personal o económica”, con lo que, de tratarlas como un único aportante, se excede el tope de aportes de 20 millones de pesos.
La fuerza que llevó a Milei como candidato a presidente planteó como respuesta a la Justicia electoral un informe de tres carillas con comprobantes de gastos y transferencias de aportes, pero desconoció otros gastos sobre los que le pedían explicaciones y dijo que hay viajes mencionados por los auditores que no se corresponden con la campaña.
El informe de los auditores sobre la rendición de gastos de la lista Celeste y Blanca que llevaba como precandidato presidencial de UP a Massa señaló que seis personas jubiladas aparecieron aportando 100.000 pesos (en cuatro casos), 2 millones de pesos en un caso y 1,1 millón en otro. Los auditores sugirieron interrogar a esos aportantes.
Los auditores advirtieron que es posible que esos aportes no se relacionen con sus ingresos. Asimismo mencionaron que el 62 por ciento de los aportantes de UP eran empleados o funcionarios del Estado y que en las donaciones declaradas hay una diferencia de 2.850.000 pesos entre lo declarado y lo acreditado.
Sin embargo, en su informe de descargo, firmado por Juan Manuel Olmos, UP explicó que no hay ninguna inconsistencia y que la diferencia entre los ingresos y los egresos. El informe de los auditores menciona que unos 150 aportantes privados y medio centenar de empresas no firmaron una declaración como aportantes. Involucra casi 200 millones de pesos en total. A su vez menciona que hay cuatro empresas que aportaron, que son contratistas del Estado, ya sea provincial o de la Ciudad, lo que está prohibido por la ley. Otra empresa fue denunciada por contrabando y aparece como aportante.
Unión por la Patria dijo en su descargo que todos los aportes fueron bancarizados y que excede a su órbita el hecho de que los aportantes tuvieran o no capacidad económica para poner el dinero. Rechazó que se interrogue a esos aportantes y dijo que eso sería “asombroso”. Habló de una “presunción de ilegalidad” y que son los bancos y otros organismos del Estado los que deben reportarlos.
En cuanto a la falta de declaración de los aportantes, la alianza que gobernó el país entre2019 y 2023 dijo que estaban notificados que debían hacerlo y señaló que no se puede sancionar al partido por ello, ya que el dinero fue depositado en las cuentas oficiales mediante transferencias.
En cuanto a las empresas contratistas del Estado, UP sostuvo que los aportes los efectuaron firmas que tienen contratos con empresas con participación estatal, pero que actúan como sujetos del derecho privado, y el Estado no las subsidia, sino a los consumidores. Así, Terfico donó 1.000.000 de pesos y aparece como contratista de Aerolíneas Argentinas o de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo.
En cuanto a las impresiones de boletas, UP mencionó gastos por 120 millones de pesos y los auditores observaron que si bien no hay irregularidades con los proveedores, faltan los remitos y otros documentos. Además, reclamaron el contrato de locación de inmuebles por 9.999.999 pesos y las razones por la que no figura el monto que cobraron los asesores de campaña, en particular Antoni Gutiérrez Rubí.
El partido informó que no hubo ningún contrato a ningún consultor, que esa es una inferencia de la auditoría que “excede su rol, en la rendición de cuentas”. Dijo que todo surge de una nota de LA NACION y que no hay ningún contrato que ligue a Unión por la Patria con el consultor catalán o su empresa.
La Auditoría le reclama rendición de cuentas por los gastos de movilidad, combustible y fiscales, pero Unión por la Patria contestó que fueron asumidos por los candidatos y que la fiscalización corrió por cuenta de la militancia como su aporte al partido. Dijeron que tampoco hubo gastos de estudios de opinión pública, como encuestas y asesoramiento como los que reclaman los auditores y que tampoco se realizaron gastos de viajes para actos de campaña, ya que el candidato Massa se desplazó en función de sus actividades como ministro de Economía para la realización de actividades oficiales.
En la lista que postulaba a Grabois, los auditores encontraron inconsistencias de un millón de pesos entre los depositado y lo declarado como aportes, señalaron que faltan las declaraciones juradas de aportantes por 2.600.000 pesos y detectaron disparidad en el precio unitario de la impresión de boletas, que varía entre 6 y 28,97 pesos, “pudiendo existir una sobrefacturación”.
En su descargo, la lista de Grabois envió un listado de aportantes subsanando errores de CUIT de los donantes registrados, y atribuyó “la diferencia de precios unitarios pagados por las boletas corresponde a la ubicación en la que se encontraban las imprentas con las que se han realizado los trabajos de impresión y la falta de fondos”. Además, mencionó que no hubo gastos de asesores de campaña, ni de fiscales, que fueron tareas de voluntarios, ni de alquileres, ya que centraron sus actividades en la sede de “Patria Grande”.
“La lista no ha realizado gastos en los rubros Honorarios de Asesores de Campaña, ya que han sido realizados de manera voluntaria por militantes y simpatizantes de la agrupación. Tampoco hemos realizado Servicios de Sondeos o Encuestas de Opinión por lo que no corresponde imputar estos gastos”, señalaron los apoderados de Patria Grande.
En cuanto a Juntos por el Cambio, en la lista El Cambio de Nuestras Vidas, que llevaba a Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales como precandidatos a presidente y vice de la Nación, los auditores mencionaron que entre los aportantes privados hubo personas que eran funcionarios del gobierno porteño y en la Legislatura de la Ciudad.
Los auditores dijeron que en el caso de 151 aportantes, por casi 157 millones de pesos, no se registraron sus declaraciones juradas de aportes voluntarios y que falta la misma declaración en el caso de 15 empresas, que en total aportaron más de $150 millones. Pidieron además aclaraciones con respecto de los aportes de Sparkling SA, de 3 millones de pesos, porque era contratista del Estado.
Los auditores pidieron datos adicionales sobre una decena de facturas de una empresa de taxis aéreos y los pasajeros y las razones por las cuales algunos viajes no aparecen declarados. La lista de Larreta declaró haber gastado $38 millones en vuelos, pero no hizo un detalle de fechas, pasajeros y destinos, por lo que se pidió más información a la empresa aérea Flyzar, proveedora de esos servicios.
En cuanto a la lista de Patricia Bullrich y Luis Petri, los auditores contabilizaron aportes privados por $321 millones, observaron la falta de algunos comprobantes y pidieron otra explicaciones. Reclamaron más información sobre media docena de aportes privados de empresas que aparecen como proveedoras del gobierno porteño o están alcanzadas por alguna investigación.
Observaron los auditores que no se declararon ingresos que provinieron de almuerzos de recaudación realizados por Bullrich en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, como publicaron los medios. En cuanto a los aportes privados de empresas por 50 millones de pesos, los auditores pidieron explicaciones porque aparecen las firmas Supervielle Seguros, Supervielle Productores y Asesores de Seguros y Sofital, como integrantes del mismo grupo económico, con lo que se superó el límite de 20 millones de pesos.
En cuanto al rubro de movilidad, los auditores mencionaron 21 facturas de empresas de taxis aéreos por 25 millones de pesos, donde no se detallaron los pasajeros, por lo que pidieron más datos. Además hubo observaciones sobre gastos no declarados en avisos, eventos y publicidad digital. Y una diferencia de 7 millones de pesos entre los declarado como gastado en Facebook y lo que informa la empresa. Lo mismo con respecto de Google.
Ahora, la Justicia espera el informe de JxC con las aclaraciones requeridas y las respuestas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los vuelos, y de las empresas proveedoras para realizar un informe final.
Por Hernán Cappiello
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