Desvío de fondos y “chocolates” | La Justicia retrasa el pedido de desafuero de una senadora bonaerense

Más de tres meses después de quedar habilitada a pedir el desafuero de una senadora bonaerense acusada de liderar un entramado de corrupción, “ñoquis” y “chocolates”, la Justicia de Dolores todavía no avanzó. Y no lo hizo, a pesar de los planteos de la Fiscalía y de la Cámara de Apelaciones, que reclamaron o incluso exigieron que ordene el desafuero. Pero el requerimiento formal sigue sin llegar al Palacio Legislativo.

La controversia se centra en la actuación del juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, quien le concedió una apelación a la defensa de la senadora bonaerense Flavia Delmonte (UCR), aún cuando no la habilitaba el Código Procesal Penal de la provincia y a pesar de la oposición del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Pérez. ¿Conclusión? La Cámara de Apelaciones de Dolores declaró mal concedida esa apelación, pero la defensa de Delmonte ganó tiempo.

Las dilaciones estuvieron lejos de concluir allí. ¿Por qué? Porque el juez Olivera Zapiola decidió esperar a que la defensa presentara un recurso ante el Tribunal de Casación bonaerense, la siguiente instancia en la pirámide judicial de la provincia por encima de la Cámara de Apelaciones. Y esperó, aún cuando el Código Procesal tampoco habilitaba ese recurso y a pesar de las objeciones, otra vez, de la fiscalía.

El expediente, sin embargo, registró entonces un giro inesperado. Renunció el abogado que defendía a la senadora Delmonte, Marcelo Dileo –un dirigente radical de extensa trayectoria en la Legislatura bonaerense, donde fue diputado y senador-, y los letrados que lo reemplazaron decidieron no acudir a la Casación, sin que el juez Olivera Zapiola tampoco librara entonces –u ordenara librar- el pedido de desafuero.

En la práctica, el juez Olivera Zapiola sólo debería librar el oficio de desafuero que el 20 de febrero ya había ordenado su colega de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, mientras lo subrogó como magistrado contralor de la investigación que comenzó en 2021 y que se centra en la senadora Delmonte y dos de sus máximos colaboradores, Kevin Alan Razimoff y Javier Torrijos Fuertes.

El fiscal Pérez busca indagar a Delmonte, Razimoff y Torrijo Fuertes como presuntos coautores del delito de defraudación contra la administración pública, y semanas atrás requirió citar a declaración informativa a otras cinco personas, para luego determinar si los mantenía como testigos o los encuadraba como partícipes necesarios o secundarios del presunto entramado delictivo que desfalcó las arcas públicas.

Según reconstruyó la fiscalía, la senadora Delmonte habría montado una red de prestanombres y “ñoquis” a los que designó como empleados y debían entregarle parte o todos sus salarios a cambio de acceder a obra social y aportes jubilatorios, según confirmaron desde el Ministerio Público bonaerense a LA NACION.

Sin embargo, la metodología que adoptaron los colaboradores de la senadora Delmonte fue algo más sofisticada que la aplicada por Julio “Chocolate” Rigau (PJ) o Hugo Muguerza (PRO/UCR), quienes se abocaron a recorrer cajeros automáticos de La Plata para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura. Razimoff recurrió a las transferencias electrónicas. Y operó más rápido, pero dejó huellas informáticas.

¿Qué tipo de rastros? Entre otros, Razimoff operó el homebanking de la cuenta salarial de la mujer que terminó por denunciarlos, Tamara Yanina Arce, desde computadoras ubicadas en el Senado bonaerense o en los domicilios particulares del propio Razimoff en la localidad de Gonnet y en San Bernardo. ¿Y qué nombre habilitó para operar ese homebanking? “flaviadelmonte2015″. ¿Y qué hicieron Razimoff y Torrijos Fuertes con la recaudación? Desde pagar el impuesto automotor de un auto que pertenece a la senadora a abonar el impuesto inmobiliario de los padres de Delmonte.

Basado en esas y otras evidencias, la fiscalía acusó a Delmonte y sus colaboradores de cometer presuntas “maniobras encaminadas a perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistentes en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no estaban cumpliendo con sus funciones”, algo que la senadora negó de manera enfática.

La respuesta de Delmonte

Consultada por LA NACION, Delmonte replicó por escrito que la denunciante era una “excolaboradora” suya, que era “hermana de crianza” de su exesposo y adujo que su denuncia obedecía a un conflicto relacionado con su divorcio y que el supuesto objetivo era perjudicarla políticamente. “Resulta curioso que esta denuncia ingresa [a los tribunales, en 2021] unos días antes del armado de listas, donde me presenté para renovar mi banca en el Senado y no creo que esto sea precisamente una casualidad”, dijo.

Según Delmonte, los empleados de la Legislatura bonaerense que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios considera víctimas o cómplices en el presunto desvío de fondos públicos “son personas honestas y de bien, que fueron y algunos aún son parte de mi equipo de trabajo y de militancia, [y] demás está decir que ninguno es ‘ñoqui’. Otros han sido colaboradores técnicos en el rol que me toca desempeñar como autoridad de una Comisión o trabajan en el territorio, y otros ni siquiera formaron parte del despacho”, abundó.

En el expediente, la senadora Delmonte presentó un escrito de descargo en similares términos. Repasó su historia personal y familiar, su recorrido como militante, cómo fue su vínculo con la luego denunciante Arce y esbozó que afrontaba una campaña de desprestigio político. ¿Y sus asesores y presuntos empleados? Todos, también, presentaron escritos, para no responder a las preguntas de los investigadores. Adujeron, por ejemplo, que el dinero que salió de sus cuentas salariales respondía a “préstamos”.

Trabas para investigar

A partir de la denuncia, cabe remarcar, la pesquisa de la fiscalía afrontó múltiples dilaciones y escollos. Entre ellos, la reticencia de la Cámara de Senadores a precisar cuántos empleados y asesores trabajan o trabajaban en el despacho de la senadora Delmonte, en tanto que el Banco Provincia también se mostró poco dispuesto a entregar información.

Oriunda del Partido de la Costa, la senadora Delmonte acumula turbulencias vinculadas al manejo de fondos públicos y financiamiento electoral. En 2019, por ejemplo, fue acusada de entregar subsidios de $200.000 a políticos, vecinos de su distrito y allegados, en tanto que en 2015, cuando se postuló a concejal, se la vinculó a la lista de “aportantes truchos” a la campaña de Cambiemos.

En su comunicado de prensa, Delmonte evitó referirse a la sociedad comercial que el 12 de julio pasado constituyó junto a su asesor Razimoff y a un tercer socio, Hernán Sarjanovic, quien se presenta como un “asesor financiero independiente” desde Mar de Ajó, aunque también él figura como empleado del Senado bonaerense. Juntos, los tres, son socios por partes iguales de “Inversiones Costeras SRL”, con sede legal en la provincia de Córdoba.

También el 12 de julio de 2023, Razimoff constituyó otra sociedad multipropósito, Grupo Celfix SAS, en la que apareció como “administrador suplente” Francisco Emanuel Muraca, otro empleado actual o pasado del Senado bonaerense, aunque vive en Mar de Ajó y es o fue beneficiario de dos programas de asistencia: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa Hogar, para garrafas.

Mientras Razimoff constituía esas sociedades comerciales, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó otro dato singular. ¿Cuál? Verificó que el flujo de dinero que movió a través de su cuenta bancaria superó en hasta el 1200% sus ingresos mensuales como empleado del Senado y la actividad comercial que declaró ante los organismos tributarios.

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