Después del fallo, los objetivos de Cristóbal López, Echegaray y De Sousa empiezan a bifurcarse
A pesar de la buena sintonía que tuvieron durante el proceso, ahora el exfuncionario necesita que el fallo, que solamente lo condenó a él, sea revocado; los empresarios buscarán que quede firme
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No se trató de una defensa articulada, pero la buena sintonía entre Ricardo Echegaray y los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López durante el juicio oral por la causa Oil Combustibles fue notable. Lo mismo ocurría con sus abogados, León Arslanián y Martín Arias Duval, a cargo de la defensa de Echegaray; Carlos Alberto Beraldi y Ari Llernovoy, de la de De Sousa; y Fabián Lértora, quien se ocupa de defender a López.
Pero Ahora, sus senderos inevitablemente se bifurcarán: la defensa de Echegaray tiene como objetivo que el fallo dictado ayer por el Tribunal Oral Federal 3, que lo condenó a cuatro años y ocho meses de cárcel, sea revocado por la Cámara de Casación Penal, mientras que los defensores de De Sousa y López buscarán que el fallo que los absolvió quede firme.
Si bien no se conocen todavía los fundamentos de la sentencia, la Justicia entendió por unanimidad que los planes de pago otorgados por la AFIP durante la segunda gestión de Cristina Kirchner a la petrolera Oil Combustibles perjudicaron al Estado. La mayoría integrada por los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos optó por absolver a los dueños de la petrolera. En disidencia, el juez Andrés Basso pidió aplicarles una condena, como había pedido la fiscalía.
“Van tres tipos a robar un banco y un tribunal decide que los que salieron por la puerta de atrás no tienen que ser condenados, pero que el que salió por la puerta de adelante, sí”. En contacto con LA NACION, el curioso ejemplo lo utilizó una fuente allegada a Echegaray para ilustrar la impresión que le dejó el fallo del TOF 3, al que calificó como una “incongruencia insuperable”.
La observación sugiere, sobre la hipótesis de que se cometió un delito, que se juzgó a personas que, si bien tenían distintas posiciones, afectaron el mismo bien jurídico.
“Voy a apelar a Casación. Me condenaron por mis convicciones políticas. No hubo ninguna prueba durante el juicio que permitiera semejante atrocidad. Esta todo grabado. El Tribunal no hizo derecho, cedió a las presiones y tentaciones de poderes que son ajenos al sistema de justicia. Esto no es Justicia. Fue un mensaje para la política, para los que tenemos convicciones volcadas a los intereses de los sectores populares”, dijo a este diario Echegaray.
“Ha sido tan evidente que la dilación en la lectura del veredicto, transitó entre las presiones y tentaciones de los que se benefician con este veredicto, que no son otros que (Mauricio) Macri, su AFIP dedicada a perseguir kirchneristas y su mesa judicial”, dijo el exfuncionario, que si bien cuestionó el fallo, evitó pronunciarse sobre las dos absoluciones.
“No es posible explicar la demora de dos horas y media”, se quejó por su oarte León Arslanián ante una consulta de LA NACION, en alusión al tiempo que se tomó el tribunal para dar a conocer el veredicto, que inicialmente iba a ser a las 17 y finalmente se leyó a las 19.30.
Aunque los benefició, la resolución también sorprendió a De Sousa, López y sus abogados. En las horas previas a la audiencia se especulaba con que la totalidad de los acusados serían absueltos y las expectativas crecían en esa dirección. En la conferencia de prensa que dio De Sousa inmediatamente después del veredicto, reconoció la incertidumbre que causó la condena a Echegaray. Cristóbal López no participó de la ronda. El fallo todavía no está firme.
Tanto el extitular de la AFIP, que seguirá buscando ser absuelto en la instancia superior, como los fiscales Juan Patricio García Elorrio y Diego Velasco, quienes posiblemente buscarán que los empresarios también sean condenados, deberán esperar que pase la feria judicial para poder acceder a los fundamentos de la sentencia, que se harán públicos el 17 de marzo del año próximo. Recién a partir de ese momento podrán presentar los recursos de Casación.
El objeto procesal del caso era el otorgamiento irregular de cuatro planes de pago generales y particulares de la AFIP a la petrolera Oil Combustibles. A partir de esa hipótesis, en la que se acusó a Echegaray por omitir controles al cumplimiento de los planes, la petrolera funcionaba como la caja del resto de las firmas del Grupo Indalo, que tenían objeto social distintos del de Oil.
López y De Sousa habrían usado, según la acusación, los recursos que le debían al fisco para financiar la expansión del conglomerado, mediante préstamos ´intercompany´, con un sistema de “caja única” reconocido por ellos dos en sus declaraciones indagatorias.
Echegaray estaba acusado de haberles permitido acumular a López y De Sousa más de $8.000 millones de deuda por el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos. Fue considerado por la acusación coautor de la maniobra, mientras que López y De Sousa estaban acusados de ser partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta.
El juicio oral comenzó en junio de 2019. Tuvo una interrupción de cinco meses por la pandemia de coronavirus, hasta que fue retomado vía Zoom. Hay un tramo restante de la causa que todavía no fue elevado a juicio, en el que exfuncionarios de la AFIP son investigados por haber intervenido en el otorgamiento de los planes de pago a Oil Combustibles.
La Sala del máximo tribunal penal que interviene en esta causa es la 1, igual que en los casos Hotesur, Cuadernos y Memorándum con Irán. Está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.
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