Después de las propuestas para la Corte Suprema, el Gobierno tiene tres candidatos para ocupar la jefatura de los fiscales

El Gobierno analiza una lista corta de tres nombres como posibles candidatos a postular al jefe de los fiscales, es decir, el cargo de Procurador General de la Nación que está vacante desde 2017 y que ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández lograron ocupar.

Al igual que para ocupar una vacante en la Corte Suprema, para ser designado Procurador General se necesitan los votos de los dos tercios del Senado.

Los candidatos del gobierno son el camarista de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, Juan Mahiques y el camarista federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra. Estos nombres parecieron dejar fuera de carrera a quien fue anunciado como el candidato del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, Marcelo Lucini, un juez de la Cámara del Crimen, de perfil conservador.

Así lo indicaron a LA NACION fuentes del Gobierno nacional y lo corroboraron otras fuentes judiciales que están al tanto de los tanteos que se hicieron sobre estos funcionarios para saber si estarían dispuestos a convertirse en el jefe de los fiscales federales.

“No hay nada cerrado, está a estudio, alguien los mencionó. Acá lo que importa es el perfil y que junte los 48 votos, candidatos buenos hay”, dijo una alta fuente del Gobierno que remarcó que estos “pliegos no se enviarán ya mismo”.

Ese es el problema, que junten los votos, porqué es necesario que el perfil de alguno de tres postulantes enamore al kirchnerismo y a Cristina Kirchner, ya que sin sus votos, ninguno está en condiciones de ser elegido. Distinto es el caso si el cargo de Procurador es parte de una negociación más amplia que contemple las vacantes en la Corte Suprema e incluso las disponibles en la Cámara de Casación, la Cámara Federal y los juzgado federales de primera instancia de Comodoro Py 2002.

La noticia sobre estos tres candidatos a la Procuración se conoció la semana siguiente de que el Gobierno anunció a postulación del juez federal Ariel Lijo y la del catedrático Manuel García-Mansilla para como sus candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobierno aún no envió sus pliegos al Senado ni puso en marcha el mecanismo de designación, previsto en el decreto 222/03, que contempla un período de impugnaciones, audiencias públicas y luego la necesidad de contar con los votos de los dos tercios del Senado.

El cargo de Procurador General de la Nación es clave, pues el Gobierno anunció que pondrá en marcha el nuevo Código Procesal Federal en todo el país, donde los fiscales son los protagonistas de las investigaciones y su voluntad es determinante para el avance de las causas.

La Procuración General de la Nación está a cargo del número dos del organismo, el procurador interino Eduardo Casal que maneja el organismo desde hace siete años. Mauricio Macri fracasó en postular a la jueza Inés Weinberg y Alberto Fernández no consiguió que Cristina Kirchner sometiera a votación el pliego del juez federal Daniel Rafecas. Ahora asoman los nombres de Borinsky, Mahiques hijo y Leal de Ibarra.

Borinsky es el presidente de la Cámara de Casación, y desde la Sala IV del tribunal le tocó intervenir en la causa Vialidad donde fue condenada Cristina Kirchner a 6 años de cárcel. Ahora mismo se están desarrollando las audiencias para ver si Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña confirman o no esa condena.

Este lunes hubo una audiencia donde Borinsky, con sus colega, oyeron los argumentos de la defensa de Lázaro Báez, condenado el mismo juicio, y de Nelson Periotti. El fiscal Mario Villar pidió aumentar la pena de Cristina Kirchner a 12 años en este juicio, y uno de los que decidirá es Borinsky.

El kirchnerismo le desconfía a Borinsky ya que en el pasado intervino en otras causas por corrupción donde en la mayoría de los casos, votó contra los deseos de los acusados. Asimismo le reprochan al juez que hubiera visitado al expresidente Macri en la Quinta de Olivos.

Borinsky se sumó al equipo el Ministerio de Justicia que viajó a París hace un mes, el 18 de febrero pasado para asistir a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que acaba de concluir su vista a la Argentina para evaluar sus normas antilavado y de control financiamiento del terrorismo y la eficiencia de las investigaciones penales y administrativas al respecto.

En ese viaje hizo buenas migas con el secretario de Justicia, Sebastán Amerio. Ayudaron las 13 horas de avión de ida y otras tantas de regreso, así como los casi cinco días en la capital francesa, donde se reunieron con autoridades del Ministerio de Justicia de Francia. Fue en ese viaje donde sondearon a Borinsky para conocer si eventualmente estaba interesado en asumir la Procuración. Estaba disponible para ese cargo y si ocurriera hasta para juez de la Corte.

Borinsky tiene un plan de 50 medidas para poner en marcha en cinco años. Es una carpeta con su proyecto institucional para la Procuración que le presentó a Mauricio Macri cuando estaba en busca de de un candidato.

Se trata de un cargo vitalicio, pero la historia reciente señala que se buscó modificar la ley para ponerle un límite temporal al mandato y cambiar las mayorías para elegir al postulante.

Borinsky se acercó al Gobierno de la mano Amerio, cercano a Santiago Caputo, con quien se conocen de chicos. Fue coordinador del equipo que realizó un actualización de esas normas en 2017, en el macrismo, proyecto que nunca fue tratado por el Congreso.

Este Gobierno quiso realizar la misma reforma, y armó una nueva comisión para hacerlo. Borinsky no era parte, hasta que una semana después fue convocado a sumarse. Nadie confirmó que su vista a la Corte Suprema, donde se reunió a Ricardo Lorezentti, hubiera tenido que ver con esa invitación.

Borinsky y Cúneo Libarona se conocen desde hace 15 años. Cuando Borinsky era el fiscal general que le tocó acusar a Carlos Menem y a Emir Yoma en el juicio oral por el contrabando de armas Cúneo Libarona defendía a Yoma. Eran épocas en las que se llevaban a cara de perro. Pero Cúneo Libarona ganó y Yoma, ademas de Menem, fue absuelto en ese juicio.

El otro postulante que está en la lista del gobierno es Juan Bautista Mahiques. Si el perfil de Borinsky es cercano al macrismo, el de Mahiques está identificado con la gestión en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue fiscal general de la Ciudad, pero su influencia se extendió más allá.

Fue durante el macrismo el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un cargo que requiere habilidad política y equilibrio para tranzar acuerdos con la oposición a la hora de apoyar los candidatos a jueces de las ternas que son elevadas al Presidente. Sus referentes son Macri y en la justicia Daniel Angelici.

Juan Bautista Mahiques sigue tejiendo acuerdos con el PRO; con radicales, con peronistas y con el mundo judicial, pues comparte tertulias con jueces y camaristas federales. Tan poco lo quiere el kirchnerismo que Ana María Figueroa, cuando era jueza de la Cámara de Casación, cercana a Cristina Kirchner, lo denunció por supuestamente haberla presionado para que fallara en una causa por la constitucionalidad del acuerdo diplomático firmado con Irán por la causa AMIA.

Su última aparición fue cuando compartió un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido con funcionarios de la Ciudad, jueces federales, con su padre, el camarista Carlos Mahiques, exespías y donde fueron recibidos por integrantes del grupo Clarín. Por ese viaje se inició una investigación donde todos fueron sobreseídos.

Juan Bautista Mahiques viene de familia judicial, su padre fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y luego juez de la Cámara Federal de Casación, su hermano Ignacio es camarista en la Ciudad. La familia es oriunda de Mercedes al igual que el exministro Eduardo Wado de Pedro y su hermano Gerónimo Ustarroz, exrepresentante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Alberto Fernández y cercano a Cristina Kirchner. Todos se conocen y se tratan con cordialidad.

Y el tercer candidato es el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra. Un funcionario judicial de máximo bajo perfil, pero que preside la poderosa Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales. Son los jueces federales con rango de camaristas que están dispersos por todo el país. Son las terminales de la Corte en esas jurisdicciones y, por eso, su cercanía a la Corte, antes con Ricardo Lorenzetti y ahora con Horacio Rosatti como presidentes.

Fue director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO); que es el organismo encargadode las escuchas telefónicas legales encargadas por el Poder Judicial. Es un cargo sensible, de donde saló indemne. No lo salpicaron los escándalos que suelen venir junto con esa función.

Leal de Ibarra tiene buenos vínculos con los referentes políticos patagónicos, gobernadores y senadores de Chubut, empezando por Ignacio Torres. De hecho en su despacho tiene para resolver dos de las causas judiciales que pusieron a Chubut en la tapa de los diarios en su pelea con el gobierno de Javier Milei. Tiene para resolver los recursos de apelación del gobierno contra los fallo del juez federal de Rawson que impidió que Milei pudiera descontar el fondo de incentivo docente y los subsidios al transporte que enviaba a la provincia.

Asimismo intervino en la causa por la muerte de Santiago Maldonado, confirmando que no hubo delito y que el artesano se ahogó. De se modo dejó firme la decisión, contra los deseos del kirchnerismo que buscaba responsabilizar a Patricia Bullrich de la muerte del joven, que murió ahogado cuando escapaba de la gendarmería tras un corte de rutas en Chubut.

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