Desde Uruguay, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón busca fulminar las acusaciones en su contra
Avisó a la Servini que regresa el 15 de mayo; pidió la nulidad de su indagatoria y del cruce de sus llamadas telefónicas; el juzgado analiza los pasos a seguir
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LA NACIONHernán Cappiello
Desde Uruguay, donde se encuentra desde hace semanas, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor presidencial de Mauricio Macri, busca fulminar la causa de la jueza María Servini en la que está acusado, junto al expresidente y a otros allegados y exfuncionarios, de presionar al empresario Cristóbal López para que apoye al Gobierno de Cambiemos, bajo la amenaza de perder sus empresas.
Servini dispuso la prohibición de su salida del país para ser indagado el 26 de mayo bajo esos cargos, pero Rodríguez Simón presentó hoy un escrito a través de su abogado en el que avisó a la jueza que está en Uruguay y que regresará el 15 de mayo, según el pasaje de Buquebus que adjuntó. Además, pidió la nulidad de su declaración indagatoria porque dijo que el informe de sus cruces de llamadas no solo viola su intimidad, la de sus interlocutores, sino que tiene información errónea que afecta a un ministro de la Corte.
Rodríguez Simón, denunciado por Fabián de Sousa, socio de López, le recordó a la jueza que él mismo le informó que iba a viajar a Uruguay por trabajo, y que sus viajes se repitieron en los últimos meses sin que exista ninguna restricción para hacerlo. Por eso apeló la decisión de Servini de prohibirle la salida del país, ya que entendió que es una medida ”innecesaria y desproporcionada”, que cercena sus derechos.
La jueza impidió la salida del país de Pepín, quien ya se encuentra en Uruguay, a pedido de Carlos Beraldi, abogado de De Sousa en este expediente y de Cristina Kirchner en otras causas. La jueza dijo que había un real peligro de que eludiese a la Justicia teniendo en cuenta su citación a indagatoria para el 26 de mayo. Por eso, esta tarde analizaban en el juzgado los pasos a seguir tras la notificación del propio acusado de que ya se encontraba al otro lado de la frontera.
Rodríguez Simón insistió en que no correspondía quitarle la posibilidad de salir del país por pedido de la querella y sin consultarle al fiscal, que es dueño de la acción penal. Dijo que el hecho de estar en Uruguay no permite sospechar que eludirá a la Justicia, por lo que apeló esta decisión.
Cruces de llamadas “falseado”
Asimismo, en más de 20 carillas, pidió la nulidad de su declaración indagatoria. Dijo que el informe de sus cruces de llamadas que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que fue la base de la citación a indagatoria, contiene datos falsos, es violatorio de su intimidad y de las personas con la quienes mantuvo conversaciones telefónicas que exceden el marco del delito que se investiga.
Cristóbal López y Fabián de Sousa dijeron que Rodríguez Simón, en nombre del Gobierno de Macri, había llamado para presionarlos para que apoyaran a Cambiemos o iban a perder sus empresas. Los registros prueban que hubo comunicaciones con las empresas de López, pero además revelan una constelación de casi 650 llamadas con familiares de Rodríguez Simón, funcionarios, periodistas de LA NACION y Clarín y dos jueces de la Corte.
Rodríguez Simón cuestionó que se difundieran esas llamadas, ajenas a la investigación, pero además dijo que estaban mal informadas. Por ejemplo dijo que la jueza ordenó informar sobre los contactos que realizaron más de 15 comunicaciones, y en esa lista se colocó al juez de la Corte Horacio Rosatti o a un número de un periodista de LA NACION. Sin embargo, Rodríguez Simón afirmó que se contaron dos veces las mismas comunicaciones, con lo que nunca debieron incluirse en ese listado de interlocutores frecuentes al juez Rosatti o al periodista. Asimismo, no se informó que esas llamadas con el juez fueron, en su mayoría, anteriores a su jura en la Corte, y las dos posteriores del día siguiente.
La estrategia de la defensa es tratar de frenar en la Cámara Federal esta embestida que apunta al exasesor de Macri, en una causa que tiene como acusados al propio expresidente y a Nicolás Caputo, Mario Quintana y José Torello, entre otros interlocutores del gobierno anterior para llevar adelante las supuestas negociaciones y presiones.
Por Hernán Cappiello
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