Las provincias feudalizaron la circulación por el país desde marzo

CÓRDOBA.- Una derivación de la pandemia y la cuarentena es la imposición de aduanas provinciales. El Gobierno nacional instrumentó la aplicación Cuidar que no establece ningún marco y solo permite hacer el autodiagnóstico e integrar un permiso que se tramita en otro lado; incluso los Certificados de Circulación diseñados para las actividades esenciales y cuestiones de fuerza mayor (traslado de chicos/as, trámites impostergables, tratamientos médicos, asistencia, etcétera) son restringidos por algunos distritos.

Decenas de casos llegaron a la Justicia y, la mayoría de las veces, hubo idas y vueltas por cuestiones jurisdiccionales. La Corte Suprema solo se expidió cuando emplazó hace unos días al gobierno Formosa para que deje ingresar a los 7500 varados fuera de su provincia. No es la única causa que espera resolución, hay presentaciones de particulares y de asociaciones de productores. A comienzos de setiembre pidió informes a cinco jurisdicciones sobre los protocolos y restricciones de circulación derivados de la emergencia sanitaria; las alcanzadas fueron San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta. Los reclamos se fueron extendiendo -incluso con cortes de ruta- a medida que los meses pasaban y las soluciones no llegaban.

Martín Barbará, constitucionalista, explica a LA NACION que el fallo de la Corte Suprema para Formosa sólo alcanza a los involucrados y no puede ser invocado para otras jurisdicciones; es un antecedente pero no obliga a otros distritos.

Agrega que a medida que va pasando el tiempo la situación se agrava por la dispersión normativa ya que cada jurisdicción dispone de sus medidas: "El ciudadano no sabe a ciencia cierta cómo acomodar sus conductas. Lo lógico sería que la educación y la producción tuvieran las mismas posibilidades, por ejemplo que las actividades recreativas".

A criterio de Barbará, la Nación debería reunirse con los representantes provinciales y coordinar una salida. El ámbito natural de discusión es, dice, el Congreso, de allí debería surgir un lineamiento general. "Las leyes existen para generar previsibilidad, para dar certidumbre sobre las conductas. Lo que está pasando atenta contra el federalismo, contra la igualdad ante la ley, contra la existencia misma del Estado. Estamos en un proceso de feudalización", enfatiza.

El caso Abigail Jiménez, la niña enferma de cáncer que debió ingresar desde Tucumán a Santiago del Estero en brazos de su papá, luego de ser retenidos en un control sanitario dispuesto en el límite entre ambos territorios, lamentablemente, no es una excepción. Se le asimilan varios de los que se viralizaron por las redes y por lo medios, como el de mediados de agosto cuando Solange Musse, de 35 años y un cáncer terminal, murió en Córdoba sin poder ver a su papá que viajó desde Neuquén pero en Huinca Renancó (sur cordobés, límite con La Pampa) lo obligaron a volverse.

La historia también conmovió al país. "Estamos muy sentidos, lamentamos lo sucedido", dijo Claudio Vignetta, funcionario cordobés e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y aseguró que lo que se hizo fue cumplir el protocolo. Semanas después Córdoba estableció un régimen especial para evitar situaciones similares. Pablo Musse, ingresó a la provincia para el entierro de su hija con un amparo que habilitó la Justicia Federal. La causa que Musse inició contra el COE, el Ministerio de Salud provincial y funcionarios de diferentes fuerzas policiales, llegó a la Corte Suprema para que dirima una "cuestión de competencia".

Antes de morir, Solange escribió una carta para pedir que lo que le tocó a ella no pasara más: "Espero que esto que le ha pasado a mi familia no le suceda a más nadie. ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Quiero que se sepa todo esto por el dolor de la familia, no quiero que más nadie sufra por estas situaciones. Ni mi familia, ni ningún ser humano que está pasando por esta situación porque estoy segura de que no soy la única. Amo a mi familia y nadie va a hacer lo que quiera con ellos. Quiero que quede bien claro todo esto". No fue así.

Unas semanas después, tras días de agonía, falleció en San Luis por un cáncer Martín Garay. La Provincia de Alberto Rodríguez Saá les rechazó diez pedidos de ingreso a sus hijas Victoria y Antonella, quienes querían viajar desde Río Grande (Tierra del Fuego) para despedirse. Tenían permiso de circulación y el certificado de hisopado negativo. Cuando el estado de Garay era desesperante iniciaron el viaje igual, en el medio recibieron una habilitación para entrar, hacer 14 días de cuarentena en un establecimiento del Estado y después ver a su papá. El hombre murió cuando las chicas estaban en ruta.

SALUD, PRODUCCION, PERDIDAS

En Formosa, antes del fallo de la Corte Suprema, dos casos dieron vuelta al país. Mauro Ledesma de 23 años murió ahogado al intentar cruzar el río Bermejo a nado para poder ver a su hija debido a que no podía hacerlo por las restricciones impuestas por las autoridades formoseñas. La familia de Daniel Romero, con un nene de cuatro años, vivió 17 días en la ruta. Decidieron volver a Formosa cuando perdieron el trabajo en un campo de Córdoba; pudieron entrar por una orden de la Justicia. Cientos más vivieron en el puente de entrada al distrito.

El fallo de la Corte recuerda que la Constitución Nacional "reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho a transitar libremente en su territorio, sin distinción alguna". Agrega que "aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto".

Además de los problemas de salud y de la necesidad de ver a familiares, hay muchos casos en que las restricciones implicaron pérdidas económicas y generaron problemas en la producción. Varias entidades del agro de Córdoba se presentaron en julio a la Justicia para pedir que se flexibilizara el paso a San Luis, a donde había terraplenes y zanjas desde hacía más de tres meses (incluso en la zona de Traslasierra murió un hombre tratando de cruzarlos). La demanda está en la Corte Suprema a donde llegó después de que un juez federal de Río Cuarto ordenara a San Luis levantar los cortes y uno puntano resolviera que mantenerlos es constitucional.

En las últimas dos semanas, aunque San Luis flexibilizó algo el paso, un productor apícola perdió medio millón de pesos esperando seis horas –con todos los trámites realizados- que lo dejaran ingresar; el calor mató a la mitad de las abejas. Otro productor, cuando pudo llegar a su campo, se encontró con 30 animales muertos y unos 40 perdidos. No los puede salir a buscar porque no le está permitido moverse de su establecimiento.

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