Desde las cloacas de la política: la trama oculta detrás del hackeo al celular de D’Alessandro

La Justicia avanzó cuatro escalones y llegó a un punto muerto. Entonces irrumpió la política y se arrojó a las cloacas, con el presidente Alberto Fernández a la vanguardia. Un submundo donde sobran las operaciones y lo más visible –pero también lo más rudimentario– es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y donde también se mueven agentes orgánicos e inorgánicos de las fuerzas de seguridad, y algunas consultoras privadas que se encargan de los trabajos sucios por un fajo de billetes, según reconstruyó LA NACION en base a los testimonios de funcionarios, exfuncionarios y expertos de las áreas de seguridad e inteligencia.

Hasta ahora, al menos seis investigaciones abordan distintas aristas vinculadas a las filtraciones telefónicas que tuvieron como protagonista central al ahora bajo licencia ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Algunas de esas causas penales lo tienen como imputado por la presunta comisión de delitos; otras, como víctima, al igual que el diputado nacional Diego Santilli, que por estas horas acumula ansiedad ante posibles filtraciones.

Una de esas investigaciones que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py permitió reconstruir parte de la metodología que se aplicó para robarle el teléfono a Santilli, en una operatoria similar a la que afrontó D’Alessandro. Incluye escalas en Buenos Aires y Misiones, según reconstruyó el fiscal a cargo de la instrucción, Federico Delgado, aunque su punto final podría ser, acaso, una cárcel. O policías deseosos de revancha.

El primer eslabón fue la empresa de telefonía Movistar. Detalló que Santilli perdió el control de su teléfono el viernes 14 de octubre, a través de un “SIM SWAP”; es decir, el cambio que él no pidió de la tarjeta SIM. Pero nadie se presentó en una oficina comercial de la compañía, sino que avanzó a través de su página de Internet, a las 14.04, sin que debiera dejar un teléfono o correo de contacto, ni quedara asentado desde dónde lanzó la ofensiva.

El atacante sólo tuvo que responder cinco preguntas sobre Santilli de resolución sencilla para cualquiera con acceso a Google y, como máximo, un servicio como Nosis. Las preguntas fueron: “¿En cuál de las siguientes empresas trabajás o trabajaste?” (la respuesta fue un organismo público); “¿Conocés a alguna de estas personas? (la respuesta fue alguien con su mismo apellido y el de su exmujer, Nancy Pazos); ¿En cuál de estas entidades tenés o tuviste una tarjeta de crédito? (la respuesta fue un banco público); ¿En que localidad vivís o viviste?” y “¿Cuál es tu categoría actual de Monotributo según tu inscripción en AFIP?”.

Resultado: Santilli perdió el control de su teléfono durante cuatro horas, período durante el cual el atacante accedió a sus casillas de correo electrónico, sus conversaciones de WhatsApp, sus cuentas en redes sociales y su agenda de contactos. Es decir, material que el hacker pudo copiar y adulterar. Es decir, lo mismo que denunció D’Alessandro, quien de todos modos deberá dar explicaciones dentro de Pro sobre sus acciones, su nivel de vida y sus vínculos, por ejemplo, con la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani.

Movistar le informó algo más a la Justicia. Le precisó que la tarjeta SIM que se usó para hackear a Santilli se la había vendido, junto a otras 29.999 a la empresa Comtel SA, segundo eslabón de la cadena. Ante la consulta del fiscal Delgado, esa firma detalló que repartió las SIM en varias provincias, pero que la tarjeta de interés había sido remitida a Misiones, donde Comtel SA aclaró que había dejado de operar en agosto.

Comtel informó también que esa SIM –y muchas otras- terminaron en las manos de su vendedor en Misiones, Junior Gularte –tercer eslabón de la cadena–, que a su vez solía distribuir su mercadería entre locales y kioscos, entre otros puntos de venta. La Fiscalía lo citó y Gularte declaró que vendió ese stock final de tarjetas –incluida la SIM bajo la lupa– a un técnico de celulares y revendedor, el 9 de septiembre. ¿Su nombre? Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, de Eldorado, Misiones. El cuarto eslabón.

Hasta allí, sin embargo, logró avanzar la pesquisa judicial. Porque Núñez Pinheiro confirmó que él recibió esa SIM, pero que la vendió junto a las demás a distintos comercios, sin asentarlo en un registro numerado. Explicó que salió en su automóvil a ofrecer las tarjetas y chips por Eldorado y ciudades aledañas, y que podría intentar reconstruir el recorrido, “de memoria”, pero que jamás podría precisar dónde vendió cada tarjeta.

Ante ese panorama, Delgado recomendó al juez archivar la investigación. Pero también pidió comunicarle los hallazgos a la autoridad regulatoria del servicio de telecomunicaciones para que adopte medidas que morigeren o reviertan las “vulnerabilidades” verificadas y que llevan a la suplantación de identidades, estafas y secuestros extorsivos, entre otros delitos.

Las cloacas de la política

Si hasta allí llegó la Justicia, la política se zambulló en las cloacas. Desde Juntos por el Cambio afirman que el hackeo lo orquestó el oficialismo y especulan que podría haber recurrido a presos que se dedican a los secuestros virtuales y otras maniobras delictivas. “El plan último era pegotear a D’Alessandro o Santilli con el ataque de los ‘copitos’ a Cristina Kirchner, hackeando sus teléfonos para enviarles mensajes a [Fernando] Sabag Montiel o [Nicolás] Carrizo”, llegó a decir un extitular de los servicios de inteligencia ante la consulta de LA NACION. “Al final, eso no fue necesario porque se encontraron con un ‘tesoro’ en el celular de D’Alessandro que van soltando en grageas”.

LA NACION le preguntó en que basaba su afirmación de que el oficialismo estuviera detrás de las filtraciones. ¿Su respuesta? “¿Cómo explica que cuando Cristina Kirchner denunció un supuesto ‘lawfare’ tras ser condenada se filtró el material sobre Lago Escondido y cuando el Gobierno se cruzó con la Corte Suprema por la coparticipación, justo salió a la luz los intercambios entre D’Alessandro y la mano derecha de [el presidente del tribunal, Horacio] Rosatti?”. De allí a que la oposición denunciara la existencia de una supuesta “mesa militar” dentro de la AFI vinculada al exjefe del Ejército, teniente general (RE) César Milani, apenas medió un paso, aunque el organismo que lidera Agustín Rossi, según coinciden quienes pasaron por allí, carece del equipamiento y de los recursos humanos para algo consistente.

Desde el oficialismo rechazaron esas versiones y reclamaron que Juntos por el Cambio se mire al espejo. “D’Alessandro es ‘víctima’ de la interna que carcome a su espacio político”, dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a LA NACION. “Estoy seguro que detrás de todo esto está la Policía de la Ciudad, cuyos agentes prestó [Horacio] Rodríguez Larreta a [Mauricio] Macri para que trabajasen en la AFI, donde integraron el grupo ‘Super Mario Bros’. Ahora le están pasando factura por haberles soltado la mano cuando la Justicia los procesó a ellos como ‘cuentapropistas’, mientras protegía a los eslabones superiores. Eso, la mafia te lo cobra”.

Sin importar qué hipótesis pueda tener asidero o consistencia –mucho menos constatarla con evidencias–, las sospechas que afloran en ambos lados de la grieta comparten un denominador común: unos y otros descartan que el hackeo haya sido realizado por sectores ajenos a las cloacas de la política.

El contexto tampoco ayuda, ni los antecedentes recíprocos. Durante el macrismo, la AFI maniobró para que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interviniera teléfonos de la cárcel de Ezeiza para, en teoría, escuchar al “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Pero en la práctica se utilizó para espiar a otros internos, como Julio de Vido, Amado Boudou y Ricardo Jaime, empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y sindicalistas como Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros. Sin olvidar, tampoco, el espionaje ilegal al Instituto Patria, referentes de la Iglesia y periodistas, o la filtración de las conversaciones telefónicas entre la actual vicepresidenta y Oscar Parrilli.

El kirchnerismo tampoco puede declamar pureza. Abrevó en los servicios de Antonio “Jaime” Stiuso y Fernando Pocino durante años para espiar opositores, presionar a empresarios y periodistas, y resolver entuertos judiciales, al punto que Gustavo Beliz salió eyectado del Ministerio de Justicia cuando alertó sobre las operaciones ilegales de la ex-SIDE. Y el juez federal Norberto Oyarbide declaró cómo le “apretaron el cogote” dentro de su propio despacho de tribunales para que sobreseyera a Néstor y Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, entre otros hitos. Eso, sin olvidar los carpetazos contra Enrique Olivera y Francisco de Narváez durante las campañas electorales de 2005 y 2009. O la cadena nacional que protagonizó el presidente Alberto Fernández para exponer las revelaciones surgidas del hackeo ilegal al teléfono de D’Alessandro.

Servicios privados

Pero a la AFI y a los servicios de inteligencia que tienen las fuerzas como la Policía Federal, la Gendarmería o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se suman los servicios de las Fuerzas Armadas, que tampoco agotan el espectro. Varias consultoras y agencias del sector privado recurren a mano propia y a espías, policías y militares retirados y en actividad.

Así es como una consultora privada puede ofrecer una base con datos personalísimos de una empresa de telefonía celular a funcionarios de las áreas de seguridad y tecnología de un par de provincias, según reconstruyó LA NACION. Citó a uno de ellos, de la provincia de Santa Fe, y le mostró un “demo” con sus capacidades en un restaurante contiguo al hotel Hilton de Puerto Madero. ¿Valor? En dólares.

Lejos de ser una rareza o una excepción, sin embargo, esa consultora es una de las varias que ofrecen prestar los servicios que la Ley Nacional de Inteligencia veda al Estado. En los tribunales de Comodoro Py yace un expediente que instruyó el entonces juez federal Sergio Torres. Plasmado en miles de fojas, consta cómo otra de esas agencias privadas traficó –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– con información privada de funcionarios, fiscales, empresarios, abogados, periodistas y un largo etcétera. Desde Alberto Nisman a Matías Garfunkel, y del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a Jorge Lanata, además de abundar las alusiones a supuestos delitos cometidos, años atrás, dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aerolíneas Argentinas y el Poder Judicial.

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