Desde el Gobierno pidieron la renuncia del juez de Casación

En línea con las críticas que hizo el presidente Néstor Kirchner el sábado último, funcionarios del Gobierno y legisladores cercanos a la Casa Rosada fueron contundentes ayer en sus cuestionamientos al funcionamiento de la Cámara Nacional de Casación y reclamaron la renuncia del titular de ese órgano, el juez Alfredo Bisordi.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue directo en su mensaje a Bisordi: "Si tuviera la oportunidad de tenerlo enfrente, le diría: «Doctor Bisordi, ¿por qué no renuncia? Hágale un bien a la patria. Renuncie. Váyase»". En declaraciones a Radio América, el ministro cuestionó de Bisordi por "la falta de respeto a las autoridades constituidas legalmente". Y agregó: "No estamos dispuestos a aceptar esa conclusión de este hombre que, en un enorme desprecio por la democracia, compara al Presidente y lo pone por debajo de señores como Onganía, como Videla, como Viola, como Bignone".

En afinidad con ese pensamiento, el diputado Carlos Kunkel afirmó a la agencia Télam: "Al señor de buenos modales que no se enteró de que hubo 30 mil desaparecidos, le pedimos que trabaje o que deje el puesto".

Por otra parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, dijo que "los jueces hablan por sus sentencias, y ante la demanda del Presidente, lo que los tribunales de Casación deben hacer es trabajar todo el tiempo que sea necesario para brindar las respuestas que se reclaman, y no recurriendo a consejos y frases inconducentes ajenas a la función que desempeñan".

A la vez, Balestrini expresó que "es un atropello inadmisible que un jurista como Bisordi tenga como respuesta a lo solicitado por el jefe de Estado cuestiones de estricto orden político y alejadas de las intenciones que impulsan al Gobierno a transformar definitivamente la República".

En la oposición, fueron cautos y coincidieron en que los eventuales cuestionamientos a la Cámara de Casación Penal se deben canalizar por el Consejo de la Magistratura.

En este sentido, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, indicó: "Hay que actuar contundentemente en el Consejo de la Magistratura, con los mecanismos de apartamiento que hay establecidos, y nuestro partido va a tener mucho compromiso en eso".

"Seguramente que vamos a acompañar [al Gobierno] porque hay cosas que están mal", dijo, aunque destacó que se mantendrá esa postura "no sólo en materia de derechos humanos, sino en cuestiones que tienen que ver con causas de corrupción", en declaraciones a Radio Continental. Pero se diferenció del discurso presidencial que abrió este debate: "La verdad: que no comparto para nada la sobreactuación del Presidente".

El presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, dijo, en cambio, que "no constituye ningún tipo de presión" la exhortación del jefe del Estado para que el organismo "proceda" contra cuatro camaristas denunciados por presunta demora en el enjuiciamiento a represores.

Para el senador Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), "el Presidente debe respetar la Constitución, que le prohíbe presionar a los jueces. Sus expresiones constituyen evidencias de que se busca utilizar políticamente al Consejo de la Magistratura".

El diputado Cristian Ritondo (Propuesta Peronista) afirmó: "Hay que respetar los caminos constitucionales. El Gobierno tiene a su representante en el Consejo de la Magistratura, que puede llevar allí al caso. No tiene que haber una persecución a los jueces y, en ese aspecto, el discurso presidencial busca fijar una dirección política".

Especialista en derecho constitucional, el diputado Jorge Vanossi (Compromiso para el Cambio) declaró: "El Presidente, por necesidades políticas y supuestas certezas, ha incursionado más allá de lo que exige la prudencia de quien debe ejercer su alta magistratura entre los límites admitidos por la Constitución. Cabe preguntarse si el Poder Judicial y los fiscales, luego de esas declaraciones extemporáneas, tendrían que revisar profundamente sus actuaciones, porque podrían ser acusados de obstruccionismo o, algo peor, cómplices de los represores que violaron la ley antes y después de 1976".

Uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, el santafecino Mariano Candioti, reconoció que "la mora es uno de los aspectos más cuestionables de la Justicia", e informó que el cuerpo que integra viene analizando, desde la semana pasada, las razones de las demoras en la Cámara de Casación.

La presidenta de Unión Por Todos, Patricia Bullrich, expresó: "A la falta de justicia, a la impunidad de la dictadura no se puede oponer el dedo del Presidente. Necesitamos que el Presidente no sea los tres poderes a la vez, que se convierta en un monarca divino que decide sobre todo. La Argentina debe tener pleno funcionamiento de la República".

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