Declaran “de acceso público” un informe secreto de la SIDE sobre la responsabilidad de Irán en el atentado a la AMIA

El juez federal Ariel Lijo declaró “de acceso público”, después de 21 años, un informe secreto de 2003 de la SIDE que sostiene que Irán le ordenó a Hezbollah atentar contra la sede de la AMIA en 1994, ataque que causó la muerte de 85 personas. El informe, que ya había sido desclasificado pero que ahora es de carácter público, da detalles de cómo habría sido esa operación.

El documento fue elaborado por la SIDE (hoy, Agencia Federal de Inteligencia) con el aporte del FBI y era conocido como el “informe Toma”, en alusión a Miguel Ángel Toma, el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia. Detalla la participación del exagregado cultural iraní Moshen Rabbani y sus contactos en Paraguay, Chile y Brasil para preparar el ataque terrorista, así como del paso por la Argentina del líder de Hezbollah Samuel El Reda, para ejecutarlo. Estaba desclasificado -es decir, disponible para las partes del expediente- pero no era de acceso público. Fue utilizado por el fiscal Alberto Nisman en su acusación para sostener las alertas rojas de Interpol contra los sospechosos de haber llevado adelante el ataque.

La resolución de Lijo -a la que tuvo acceso LA NACION- es del 7 de junio y dispone: “Declarar de acceso público el informe elaborado por la entonces Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación titulado “Temática: A.M.I.A. la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores” ello de conformidad con le expresado en los considerandos y lo dispuesto en la Resolución S.I. “R” N° 301/03 y el articulo 1° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 213/2020″.

La resolución fue en respuesta a un pedido formulado por la asociación Memoria Activa, que nuclea a familiares de víctimas del atentado, en la audiencia que se desarrolló el 8 de mayo pasado de la que participaron las querellas, la Unidad Fiscal (UFI) Amia y el juez. Sin embargo, la declaración de acceso público no alcanza al anexo de declaraciones de agentes e informantes que son citados en el informe sin dar a conocer su identidad.

Y tampoco alcanza a otro informe efectuado en abril de este año por el Área de Análisis de la UFI AMIA denominado “Informe sobre el accionar de la Secretaria de Inteligencia de Estado en la etapa previa al atentado a la sede de la A.M.I.A./D.A.I.A.”. Según supo LA NACION, la querella de Memoria Activa también pidió la desclasificación y declaración de acceso público de ese informe.

El decreto en cuestión le da carácter de “pública” a “toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.

El documento de 155 páginas contiene una compilación de los argumentos que involucran a Irán y a su brazo armado, Hezbollah. Varias de las hojas en las que refiere al contexto en el que ocurrió el atentado llevan la firma de Antonio Stiuso, entonces Director General de Operaciones de la central de espías. Cada título se remite a una carpeta, y eso es lo que no está desclasificado.

Un punto de la resolución de Lijo, sin embargo, fue apelado por los abogados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es el punto que dispone “Requerir a la Agencia Federal de Inteligencia que arbitre la forma en que el Área de Análisis de la U.F.I.A.M.I.A. tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación a las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida”. Es decir, darle acceso al área de análisis de la fiscalía que investiga el caso AMIA a la base de datos de la AFI.

El texto de la apelación al que accedió LA NACION dice que ya se le entregó toda la documentación a la UFI AMIA pero que no corresponde darle acceso a la base de datos del organismo. “Esta Agencia Federal de Inteligencia ha entregado, en el transcurso del año 2023, a la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA, la totalidad de documentación y demás materiales desclasificados existentes en distintas áreas e inmuebles de esta Agencia”, sostuvieron dos abogados de la AFI. Los abogados dijeron que, de quedar firme la decisión de Lijo, “podría ponerse en riesgo las actividades de inteligencia, el personal afectado a a las mismas, la documentación y los bancos de datos del organismo de inteligencia que excedan el marco de la causa AMIA”.

“El acceso a la base de datos de Esta Agencia Federal de Inteligencia…” deviene abstracto y de imposible cumplimiento, pues se insiste, toda la documentación relacionada con el atentado AMIA fue entregada a la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA, no existiendo en lo particular una base de datos específica a este tema en poder de este organismo”, dijeron los abogados.

Y agregaron: “Para evitar eventuales medidas que afecten la salvaguarda de la información protegida por la Ley 25.520 y sus modificatorias deviene imperativo apelar la resolución bajo trato , atento a que conforme fuera adelantado, estaría ordenando el acceso a “…la base de datos de la Agencia…” pudiendo, de quedar decisión firme esa decisión, poner en riesgo la actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos del organismo de inteligencia que excedan el marco de la Causa AMIA”.

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