Desalojan por orden judicial un predio municipal en Mar del Plata y los ocupantes reclaman una vivienda
Unas 55 familias le exigen al intendente una solución habitacional tras desactivar la toma de tierras estatales; participaron del operativo 400 policías
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MAR DEL PLATA.- Los más de 400 efectivos policiales, mayoría de ellos de cuerpos especiales preparados para acciones con disturbios, ni tuvieron que desarmar las prolijas formaciones que dispusieron por los cuatro costados del predio que había sido tomado por más de 55 familias. Con desalojo judicial confirmado para esta mañana, los ocupantes desmontaron las precarias viviendas que improvisaron durante estos días y desde anoche se retiraron por sus propios medios.
No fueron muy lejos, es cierto, porque atentos a la medida de lanzamiento cumplieron con la sugerencia de una salida pacífica, pero decidieron quedarse a pocos metros, sobre la vía pública, a la espera de que el municipio les dé una solución habitacional.
“Si no tenemos a dónde ir, si no tenemos un techo donde resguardar a nuestros chicos, entonces acá nos vamos a quedar”, contó Mariel, una de las protagonistas de este intento de apropiación de casi dos manzanas que son propiedad del municipio de General Pueyrredón.
El propio intendente local, Guillermo Montenegro, fue quien recurrió a tribunales para pedir el desalojo de los intrusos. En ese reclamo lo acompañó también el fiscal Juan Pablo Lódola. La justicia de primera instancia, con firma del juez Saúl Errandonea, rechazó la solicitud a la que sí hizo lugar la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
El propio Errandonea, en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal de alzada, firmó esta orden de desalojo que debía cumplirse entre las 8 y 10 horas, tal cual fueron notificados ocupantes como municipio. Dos cuestiones había advertido en su escrito: utilizar la menor fuerza pública posible en caso de ser requerida por la situación. Pero, por sobre todo, abrir un canal hacia una salida acordada al conflicto.
Esta última opción encontró canales para que el predio de Avenida Fortunato de la Plaza entre Goñi y Reforma Universitaria, que había permanecido ocupado desde el pasado 23, amaneciera totalmente deshabitado. Incluso sin mayoría de las más de 30 estructuras que se habían montado, intento de precarias viviendas que no pudieron avanzar más allá de unos pocos postes con cerramientos de cartón o chapa.
“No queremos que nos cag… a palos por el solo hecho de reclamar un pedazo de tierra donde poder vivir, criar y resguardar a nuestros hijos”, contó Manuel, que participó de esta toma y se había asegurado un mínimo techo con una lona llena de agujeros de las que los camiones utilizan para cubrir sus cargas. Fue de los que, anoche, levantó pava, mate, olla, pala y martillo y se cruzó a la vereda de enfrente, donde con varios de sus compañeros de toma esperarán por alguna ayuda o propuesta oficial.
El primer contacto directo del municipio con los protagonistas de la toma fue con el subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara, que se acercó para advertirles que no podían quedarse sobre la calle y asegurarles que para mañana viernes se fijará horario para avanzar en una mesa de diálogo que ponga en debate la cuestión habitacional.
Se habían escuchado en últimas horas voces de resistencia, algunas muy radicalizadas, de permanecer allí hasta forzar la acción policial, herramienta contemplada por la justicia para efectivizar el desalojo. Algo de eso se había voceado en una marcha de más de 500 personas que ayer, frente al municipio rechazaban la orden del juez.
Se pudo conocer que referentes de organizaciones sociales, algunas muy politizadas, se acercaron durante la madrugada, hablaron con los pocos que quedaban en el predio tomado y los convencieron de salir para evitar situaciones que pudieran derivar en episodios de represión policial.
“Necesitamos respuestas del Estado porque aquí, con esta gente, no estamos hablando de delitos sino de derechos humanos esenciales”, dijo la hermana Marta, conocida referente social del barrio Las Heras que durante estos días asistió con alimentos a los ocupantes del predio y hoy se acercó para acompañarlos frente al inminente desalojo. “Muchos de estos que hoy son grandes venían desde chicos a nuestro comedor por un plato de comida”, recordó.
Un predio municipal
Las tierras en cuestión pertenecen al municipio. Son casi 20.000 m2, con mitad de superficie llana y la otra mitad con una enorme cava. Según un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE), es una cuenca de amortiguación hídrica frente a eventuales inundaciones en el barrio. Por eso el intendente Montenegro, cuando presentó el pedido de desalojo, alegó que la permanencia de ocupantes ponía en riesgo a quienes allí intentaban instalarse.
“Vi movimiento, me acerqué a hablar con quienes estaban allí y me aseguraron un lote para que me instale”, contó María Laura, que vive del cartoneo por las calles y se había asegurado unos 30 metros cuadrados donde se ilusionaba con montar una casilla donde instalarse. “Voy durmiendo con los chicos en casas de conocidos, porque familiares no tengo”, dijo a LA NACION.
Algunos funcionarios de organismos provinciales y nacionales buscaban opciones para que quienes fueron desalojados, o mejor dicho se retiraron del lugar de manera pacífica, tengan un techo seguro mientras el municipio abre esta instancia de diálogo y encamina una solución. Se escucharon reclamos de habilitar el estadio polideportivo o algún espacio oficial para que pernocten. Por ahora es apenas un pedido. Respuestas todavía se esperan.
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