DD.HH: en plena puja con el Gobierno, el presidente de la Corte invitó a la ministra Losardo a una reunión
Cuando se viven momentos de tensión entre el Gobierno y la Corte, el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, convocó para la semana próxima a una reunión a la ministra de Justicia, Marcela Losardo; al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y a la presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, Estela Carlotto, para analizar la marcha de los juicios de lesa humanidad y solucionar los problemas que pueden demorar la realización de estos procesos. También fueron invitados todos los organismos de derechos humanos, mayoritariamente afines la kirchnerismo, la agrupación H.I.J.O.S y el CELS, que dirige el periodista Horacio Vertbisky.
La reunión, que será virtual, fue convocada para el jueves próximo en el marco de los que se denomina Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Comisión Interpoderes).
Los invitados son las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), que orienta Nora Cortiñas, Las Abuelas de Plaza de Mayo, la Organización de Familiares y Detenidos por Razones Políticas, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Agrupación Hijos y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
La última vez que se reunió esta comisión creada en 2008 fue hace cuatro años, y ahora se reactivó tras un pedido realizado en mayo pasado por Carlotto y Paula Litvachky del CELS. La idea de los ministros de la Corte que decidieron reactivar este espacio es trabajar de manera coordinada para continuar con los juicios en medio de las limitaciones que impone el trabajo remoto por la pandemia.
Además, Losardo y Pietragalla, están invitados el procurador interino Eduardo Casal; la defensora oficial Stella Maris Martínez; el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones; además de directivos del Programa Verdad y Justicia, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
También serán parte del encuentro tres jueces de la Cámara Federal de Casación: su presidenta Angela Ledesma y los jueces Alejandro Slokar y Gustavo Hornos, además de la Junta de Tribunales Orales.
El objetivo de la reunión es relanzar la actividad de la Comisión como espacio de coordinación y cooperación entre los poderes para asegurar la celeridad en los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad.
El compromiso de la Corte con esta materia se viene sosteniendo desde hace más de 10 años desde las primeras convocatorias realizadas por la Corte durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti.
Rosenkrantz mantuvo reuniones presenciales separadas en las últimas semanas
para analizar el funcionamiento de la Comisión y el estado general de los juicios de lesa humanidad.
El enfoque va a estar puesto en la gestión de problemas de forma conjunta para buscar asegurar los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para llevar adelante los juicios de forma más rápida.
Rosenkrantz va a sugerir consensuar un temario de trabajo acordar un cronograma de acciones. La idea es identificar la situación de los juicios y los inconvenientes comunes sobre la base de la cantidad de causas pendientes de sentencia en primera instancia, la cantidad de causas elevadas a juicio, el cronograma de audiencias, las vacantes en los tribunales orales federales, la necesidad de elementos tecnológicos para llevar adelante los juicios a distancia, el uso de las de salas de audiencias y como trabajar seguir adelante en plena epidemia.
El objetivo es armar un plan de trabajo, con encuentros mensuales de los equipos de trabajo y una reunión cada tres meses de todas las autoridades. Rosenkrantz quiere darle continuidad y periodicidad y buscará acordar pasos concretos.
La comisión fue creada por la Corte en el año 2008 mediante la Acordada 42 con la firma de los jueces Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Eugenio Raúl Zaffaroni y María del Carmen Argibay.
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