Derechos humanos: dirigentes del peronismo histórico cuestionaron el cobro indebido de indemnizaciones

“Nosotros, como sociedad, permitimos que el setentismo imponga una mirada que deforma el pasado. Pero la corrupción en el cobro de indemnizaciones es un punto final”. El exdiputado nacional Julio Bárbaro acercó la visión desde la política sobre la denuncia de pagos fraudulentos en la tramitación de reparaciones por personas desaparecidas que investiga la Justicia.

“Es una situación que hay que revertir entre todos, no es una cuestión exclusiva del peronismo”, planteó Bárbaro, en la presentación del libro “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”, del periodista José D’Angelo, autor de la denuncia ante el juzgado federal de Ariel Lijo. La obra reconstruye historias poco conocidas y desestima mitos que alimentan el relato afianzado durante el período kirchnerista.

Atentos a la exposición, escuchaban al histórico dirigente peronista el exsenador Miguel Pichetto, principal dirigente del Peronismo Republicano, los flamantes diputados nacionales Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) y Victoria Villarruel (Libertad Avanza) y el periodista Juan Bautista Yofre, autor del prólogo del libro y de varias publicaciones sobre la violencia de los años 70, y el exembajador Mariano Caucino.

El libro de D’Angelo presenta casos de personas que aparecen como víctimas de desaparición forzada, ejecución sumaria o asesinato en los legajos elaborados en el área de Derechos Humanos, a pesar de que existirían constancias de que no murieron en esas circunstancias. Algunos de ellos, incluso, habrían sido ejecutadas por organizaciones guerrilleras y muchos durante la vigencia del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

“En democracia, la guerrilla es traición a la patria. Pasaron el límite, porque utilizan la excusa de los supuestos ideales para el delito”, dijo Bárbaro.

D’Angelo, en tanto, explicó que “las personas de los casos descriptos en la investigación no fueron objeto de ninguna represión ilegal, sino sujetos activos de las organizaciones guerrilleras. Se fraguó su condición, falseando la verdad de los hechos. Constituyen una evidente maniobra de fraude con la complicidad de funcionarios y dirigentes. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación desembolsó cerca de 3.000 millones de dólares, sin control y auditoría de esos expedientes”.

En su exposición, Bárbaro sostuvo que “reivindicar la guerrilla es reivindicar la confrontación” y ubicó las posturas del kirchnerismo muy lejos de la posición de Juan Domingo Perón, quien se pronunció, dijo, al expulsar a los Montoneros de la Plaza de Mayo y promover “el abrazo con Ricardo Balbín”, en favor del encuentro entre los argentinos. “Arrastramos una decadencia de la cual no podemos salir”, dijo el dirigente.

“Cuando un derecho se convierte en delito se lastima la dignidad. Lo que desnuda el cobro delictivo es la incapacidad de revisar la propia historia. ¿Como hacés para disfrazar de idealista el curro?”, advirtió.

Puso como ejemplo, en contraposición, la renuncia del senador Esteban Bullrich. “Nos dio una lección de grandeza a todos”, dijo. Y lo contrastó con actitudes mezquinas que muestran los dirigentes de La Cámpora. “En lugar de ideales tienen asesores. Eligieron ese nombre porque Héctor J. Cámpora traicionó a Perón”, recordó el exdiputado, que ocupó una banca entre 1973 y 1976.

Además, observó contradicciones en el gobierno de Alberto Fernández. “Empezaron con el grupo Puebla y terminaron con Juan Manzur, el jefe de Gabinete, alineado con Israel y Estados Unidos”, sentenció.

Pichetto: “Un libro valiente”

En diálogo con LA NACION, Pichetto dijo que el libro de D’Angelo es una investigación valiente. “Hace un repaso de la historia y plantea un análisis detenido de lo que pasó. Reconstruye los hechos de una manera equilibrada”, definió.

“La Argentina necesita una mirada más equilibrada del pasado. Los que estaban en las organizaciones armadas no son héroes. también atentaron contra la democracia. Nadie justifica el terrorismo de Estado, pero es imprescindible mirada con equilibrio”, insistió.

Entre los presentes en el Palacio Balcarce estaban los tenientes generales retirados Bari del Valle Sosa, veterano de Malvinas y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; y Claudio Pasqualini, extitular del Ejército; el brigadier Eduardo Schiaffino, exjefe de la Fuerza Aérea; el general retirado Ernesto Bossi, exsecretario general del Ejército; el coronel retirado José Martiniano Duarte, también veterano de Malvinas y miembro del partido UNIR, que integra el diputado nacional Alberto Asseff (Juntos por el Cambio); el militar retirado y exintendente de San Miguel, Aldo Rico, y el historiador Emilio Pierina, extitular del Archivo General de la Nación,, entre otros.

La denuncia, presentada en 2019, se reactivó tras la publicación del libro y a comienzos de este mes al juzgado federal de Ariel Lijo ordenó al Ministerio de Economía que remita “la lista completa de los beneficiarios y los montos pagados” por las leyes reparatorias y pidió a la Secretaría de Derechos Humanos que envíe “todos los legajos de las personas mencionadas en la denuncia”, entre otras medidas de prueba.

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