Derechos humanos: denuncian la muerte de un detenido en una causa de lesa humanidad y responsabilizan al juez Rafecas
Juan Carlos Cociña, de 77 años, padecía una enfermedad pulmonar y contrajo Covid-19 en la unidad penal de Campo de Mayo; el magistrado le había denegado la prisión domiciliaria
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LA NACIONMariano De Vedia
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denunció el fallecimiento de un agente retirado del Servicio Penitenciario Federal en una unidad penal, semanas después de que el juez Daniel Rafecas dispusiera su detención, en una causa por delitos de lesa humanidad, pese a los riesgos que presentaba su estado de salud.
El agente Juan Carlos Cociña tenía 77 años, padecía de una grave enfermedad pulmonar, con antecedentes cardíacos, y había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Pese a ello y al pedido del defensor oficial para que se le concediera la detención domiciliaria por su edad y sus graves patologías, Rafecas ordenó su detención en la Unidad 34, de Campo de Mayo, donde se contagió de coronavirus, por lo que fue derivado a la Unidad Penitenciaria 21 del Hospital Muñiz, donde falleció el sábado pasado, cuatro días después de contraer el virus.
La detención de Cociña había sido dispuesta por Rafecas el 2 de diciembre último, junto a una decena de militares retirados y exagentes del Servicio Penitenciario, en una audiencia “sin citación previa, en una de las clásicas investigaciones del pasado que realiza bajo el impulso de las organizaciones de la venganza con auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, advirtió la entidad denunciante, que preside el doctor Alberto Solanet.
En las unidades penitenciarias se encuentran alojados varios detenidos por causas de lesa humanidad, pese a su avanzada edad –algunos con más de 80 años- y a diversas patologías graves que enfrentan.
El agente retirado Cociña era ayudante de cuarta categoría del Servicio Penitenciario Federal. Sufría de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), era hipertenso y llevaba colocados dos stents, por sus afecciones cardíacas. “Pese a estas evidencias, Rafecas dispuso, en medio de la nueva ola de Covid-19 que azota el país, que siguiera detenido en la cárcel, adoptando deliberadamente una medida tendiente a agravar la situación de salud del señor Cociña y poner en grave riesgo su vida”, denunció la asociación de abogados.
Denuncia contra Rafecas
La entidad anunció que presentará una denuncia contra el juez Rafecas el primer día hábil de febrero, tras la finalización de la feria judicial.
Cuestiona la decisión del magistrado por contrariar “lo dispuesto en la última parte del artículo 18 de la Constitución nacional, las disposiciones más elementales de los tratados de derechos humanos y muy especialmente la Convención Interamericana de Protección de los derechos humanos de las personas mayores que obliga al Estado al cuidado y la atención preferencial de los ancianos”.
Según la información reunida por la entidad, el 28 de diciembre el Servicio Penitenciario comenzó a aislar preventivamente a los primeros contagiados de la Unidad 34. “El 4 de enero Cociña, allí alojado pese a su edad y graves patologías, se contagió, falleciendo cuatro días después, mientras Rafecas gozaba de sus vacaciones”, advirtió la asociación.
Ante la ola de contagios, el juez federal Sebastián Ramos, subrogante de feria, dispuso la detención domiciliaria de varios de los detenidos por Rafecas que se encontraban enfermos. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, transmitió en su página oficial el 8 de enero -día del fallecimiento de Cociña- su indignación por dicha medida, adoptada “sin demostrar que en el caso concreto se justifique” y “solo con la excusa del aumento de casos de Covid-19″, recordó la entidad.
“Lo relatado es una muestra más de la crueldad y discriminación delictiva a la que son sometidos los imputados por los denominados delitos de lesa humanidad hace casi dos décadas y de las irreversibles consecuencias del mantenimiento de dicha política por parte de la clase dirigente argentina”, insistió la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
En razón de ello, la entidad reclamó la “inmediata renuncia del secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, que incumple dolosamente sus obligaciones legales y constitucionales, mientras que hipócritamente vela y reclama la persecución discriminatoria, violando por la vigencia de los derechos de funcionarios de la gestión kirchnerista imputados y condenados por corrupción”, en referencia al pedido del organismo para que se conceda la detención domiciliaria de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez.
“Pediremos, junto a otras organizaciones el juicio político del indigno juez Rafecas, al que denunciaremos penalmente en el caso, además, por homicidio, imposición de vejaciones a los detenidos, prevaricato y violación de los deberes del funcionario público. Ya no puede haber lugar en la República para quienes, bajo la excusa de la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, despliegan el odio todas las garantías que debieran custodiar a los habitantes de nuestra Nación”, añadió la entidad.
Por Mariano De Vedia
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