Derecho al olvido: están en juego la censura, la violencia de género y hasta la memoria de la corrupción

La Corte Suprema de Justicia habilitó la discusión pública para decidir si cualquier persona puede pedir a Google, que desindexe, es decir que dificulte el acceso, de datos públicos que crea perjudiciales, en un debate en el que está en juego no solo el caso de la exchica del caso Cóppola Natalia Denegri, sino los límites entre el honor y la libertad de expresión, la censura, la violencia de género, la protección de los derechos del niño, la transparencia de los algoritmos, la construcción de la memoria colectiva y hasta la posibilidad de que involucrados en casos de corrupción puedan pedir hacerse invisible su historia para los buscadores.

De hecho, el nombre de Cristina Kirchner apareció en la audiencia en boca del defensor del pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, que dijo que la perversidad de los algoritmos de Google permitió que apareciera en Wikipedia como “ladrona de la Nación”. “Natalia Denegri y Cristina Kirchner son dos casos que nos muestran que debemos limitar los algoritmos”, se quejó. Poco faltó para imaginar un pedido de la vicepresidenta para que se desindexen todas la noticias de las causas donde fue investigada durante más de una década y ahora fue sobreseída.

El debate público se dio en la Corte a partir de la exposición de 12 abogados y representantes de ONGs y organismos públicos que actuaron como amigos del tribunal, para dar una opinión, un punto de vista que aporte una mirada a la Corte a la hora de resolver.

Sería poco ecuánime dividir a los expositores a favor de Denegri y a favor de Google, porque de hecho no fue así: los hubo si a favor de Denegri, y los hubo en favor de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo reclamando a las plataformas digitales que asuman responsabiliades y transparenten sus algoritmos.

Los argumentos de género corrieron por cuenta de la defensora del Pueblo de la Ciudad María Rosa Muiños, quien destacó que son las mujeres más las vulnerables a la violencia digital y que en ese ámbito es donde se repiten los estereotipos de género con mayor frecuencia.

La Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (ADEPA) se centro en la crítica a los buscadores y en las consecuencias que va a tener para la libertad de expresión si prospera el permiso para desindexar contenidos. Con cita de jurisprudencia norteamericana, Carlos Laplacette destacó que la afectación de la intimidad de la que se queja Denegri, “puede derivarse del mal funcionamiento de los buscadores”. Y advirtió sobre el modo de indexar contenidos, que los hacen aparecer en un “eterno presente” sin distinguir cuáles son antiguos y cuáles actuales. Son los periodistas los que actualizan la información, una tarea que los algoritmos no hacen. El abogado discutió el fondo del asunto que es quien define el interés público como aval para la publicación de estos contenidos. Indicó que lo definen los medios, los periodistas y las audiencias y no una autoridad administrativa o judicial. Remarcó que, en este caso, Denegri era y es una persona pública, y destacó que la memoria colectiva es un derecho.

“Si cualquiera fuera a una hemeroteca y colocara el nombre de la actora y el resultado fuera cero, imaginemos esta situación con otros hechos de interés público vinculados con casos de corrupción”, propuso, sin necesidad de ponerle nombre y apellido a su comentario.

La vulneración de los derechos del niño es el argumento novedoso que introdujo el constitucionalista Andrés Gil Dominguez. Dado que Natalia Denegri tenía menos de 21 años (menor de edad, en la ley vigente cuando ocurrieron los hechos) y en la actualidad la Convención de los Derechos del Niño establece la vigencia del olvido para los niños, niñas y adolescentes.

Quien centró el debate entre el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad y el honor fue Hernán Gullco de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Destacó nuevamente que acá el centro del debate es que Natalia Denegri era una figura pública, se había expuesto voluntariamente a los medios, el caso Copolla era de interés público, así como los videos posteriores de la TV donde terminó agarrándose de los pelos con su compañera de causa, Samantha Farjat. “Que sea TV basura o de escaso contenido artístico no importa, aun esas expresiones que ofenden o escandalizan, están protegidas por la libertad de expresión”, remarcó.

El CELS aportó los argumentos de la Corte Interamericana de Deerchos Humanos y de la Convención Interamericana para destacar que la búsqueda en internet esté amparada por la libertad de expresión y advirtió que la decisión de restringir el acceso en un caso particular tiene consecuencias devastadoras a nivel de toda la red para el funcionamiento general de internet. La Asociación Civil de Estudios Constitucionales advirtió, mediante Pedro Caminos, que se están creando derechos, por decisiones judiciales. Su colega Lorena González Tocci remarcó nuevamente el interés público del caso. Enojada, advirtió del riesgo que existe de que las personas se fabriquen “un pasado digital”, cercenando datos públicos y advirtió que no puede usarse el “derecho al olvido como un elemento de censura”.

El lado humano del asunto, teniendo en cuenta que no se puede ayudar a ocultar a los delincuentes, lo planteó la filósofa Diana Cohen Agrest, de Usina de Justicia, que perdió un hijo a manos de un ladrón. Nadie quiere que sus delitos sean recordados advirtió, pero dijo que la publicidad es la que protege el interés público y por eso, por ejemplo en los Estados Unidos, existen los registros públicos de violadores. Y a su vez planteó la dimensión moral del problema, pues dijo que “el derecho al olvido choca con la exigencia moral a la que debe someterse la ley”.

“Víctima de un forzamiento”

Lorenzino abordó el argumento económico antigoogle. Sostuvo que Denegri no gana dinero y sí lo hace el buscador a expensas de desacreditar a la ahora productora de televisión. Denergi soporta el descrédito y Google se lleva las ganancias”, dijo. Reclamó crear un límite a los algoritmos para evitar el “totalitarismo digital”, en la postura más extrema para cuestionar a los gigantes tecnológicos. Pidió una segunda oportunidad porque dijo que cada elección de vida no puede dejar una huella imborrable, que quede en manos de una empresa, más poderosa que algunos Estados. ”No somos dueños de cómo nos representan los algoritmos”, se quejó y ejemplificó con que uno puede autopercibirse con determinado sexo y la ley lo reconoce, pero no podemos decirle a Google cómo nos representa ante el mundo. La tecnología no es neutral y la hizo a Denegri “víctima de un forzamiento”.

El argumento sobre las consecuencias que pueden tener la desindexación de contenidos en internet sobre el sistema democrático lo abordó la fundación LED con Silvana Giudici que advirtió sobre funcionarios que pretenden evitar la publicación de comentarios en redes sociales para proteger su reputación digital. Y mencionó el caso de un periodista de San Luis, que publicó un video de una funcionaria alentado al consumo de drogas, y por eso fue condenado a pagar una fuerte multa, y el link del video desindexado, a pedido de la funcionaria. Por eso, advirtió sobe el riesgo de que una autoridad administrativa decida qué suprimir o publicar en internet.

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