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Presentan dos denuncias contra la jefa de la Aduana por posible pago de sobornos y presunto lavado de dinero

Después de que LA NACION dio a conocer que Rosana Lodovico tomó un préstamo de una empresa denunciada por contrabando, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Yamil Santoro fueron a la Justicia

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LA NACIONCamila Dolabjian
Rosana Lodovico, jefa de la Aduana
Rosana Lodovico, jefa de la Aduana

Rosana Lodovico, la titular de la Aduana, su exmarido, Luis Antonio Bocassi, su cuñado, Alejandro Omar Lucano, estos dos últimos también empleados del organismo, fueron denunciados en la Justicia para que se investigue el posible delito de cohecho y lavado de activos a raíz del préstamo que Lodovico tomó en 2022, de una empresa vinculada al contrabando, como dio a conocer LA NACION. En la presentación, realizada por la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, también se menciona a Promarlon SA y su dueño, quienes otorgaron el mutuo.

La Fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro, presentó otra denuncia, bajo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

“En virtud de noticias periodísticas hemos tomado conocimiento de maniobras posiblemente ilícitas compatibles con hechos de cohecho (dádivas) recibidos por parte de Rosana LODOVICO (Directora de ADUANAS); Luis Antonio BOCASSI (ex marido de LODOVICO y jefe de la Sección Encomiendas Postales Internacionales de la ADUANA) recibidos a través de un ‘préstamo’ de US$250.000 que le habría hecho PROMARLON SA por orden de su presidente, Claudio Gabriel SZLAIEN, mientras la empresa se encontraba siendo investigada por contrabando”, destaca la denuncia de Campagnoli.

Aclaran, a su vez, que la empresa no se dedica a brindar préstamos ni está autorizada a ello, y que los fondos se habrían aplicado a la adquisición de una casa de veraneo con el fin de darle apariencia de licitud. “Podría claramente deducirse que nos encontramos frente a un supuesto en el que mediante el otorgamiento de un ‘préstamo’ se procuraba la impunidad de una empresa denunciada por contrabando, y que para ello se habría ejercido influencia desde un organismo de la Administración Pública”, agregaron.

A su vez, Campagnoli vinculó en la denuncia a Lucano, el cuñado de la titular de la Aduana, no solamente por su posible rol en las maniobras alrededor del préstamo con Promarlon, sino también por una sociedad que constituyó con Alfredo “Freddy” Lijo, hermano del juez Ariel Lijo, candidato del Gobierno a la Corte Suprema. “Lucano sería engranaje esencial entre los jueces Federales, Aduana y aquellos que pretenden beneficiarse”, menciona la denuncia, que solicita el levantamiento del secreto financiero.

“Tengo un pasivo en mi declaración por un préstamo que tomé con una empresa por US$250.000 en octubre del año pasado. Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330.000, y el resto fue pagado con ahorros”, explicó Lodovico a LA NACION. Ante la OA, la funcionaria declaró una deuda de 22.145.000 pesos (equivalente a su parte de la deuda al cambio oficial de la época).

La propiedad mencionada es una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras ella ejercía funciones en la Aduana. Durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel fue subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, uno de los puestos más importantes del organismo, y luego fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei. El Gobierno no ha hecho declaraciones aún sobre la situación de Lodovico ni del resto de los funcionarios mencionados.

Por Camila Dolabjian
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