Denuncian que el titular de la IGJ pretende censurar a un diputado opositor

Un debate en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, en la que se debatía el proyecto de ley que suspende las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), generó una polémica con posibles consecuencias legales entre el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, exabogado de los hijos de Cristina Kirchner en Hotesur. Ferraro, que en esa reunión legislativa acusó a Nissen por balances adulterados de la sociedad hotelera, recibió hoy el respaldo de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia).

El 9 de junio, en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja se debatía el proyecto que suspende por 180 días la constitución de SAS, que tiene media sanción del Senado. Ferraro defendió el régimen societario aprobado durante la gestión de Mauricio Macri y cuestionó la iniciativa del oficialismo para modificarlo. Uno de los puntos que rechazó fue que la constitución de una sociedad no será ya digital, sino en papel.

En su segunda intervención en esa reunión, Ferraro señaló: “El Poder Ejecutivo nunca proporcionó a esta comisión ni a distintos emprendedores o industrias del conocimiento la información sobre casos de lavado de activos de las SAS denunciados en la Procelac. Si queremos combatir verdaderamente el lavado de dinero, obliguemos a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y a las Sociedades Anónimas a llevar libros digitales. Pero se sabe que el doctor Nissen sabe mucho de cómo alterar balances y libros contables en formato papel. Está clarísimo”.

“El artículo 58 de la ley establece la obligación de presentar los estados contables de las SAS, pero a su vez también en formato digital respaldado por blockchain, que es muchísimo más seguro que los libros contables y papeles que llevaba Nissen como exabogado de Hotesur, que todavía no dio respuestas a la Justicia”, añadió Ferraro en la comisión.

El titular de la IGJ le envió una carta documento a Ferraro por sus acusaciones en la comisión. “Usted me atribuyó una conducta criminal dolosa”, planteó Nissen en su carta al acusar a Ferraro de haber cometido el delito de calumnias.

Nissen recordó jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que establece que “la inmunidad que la Constitución les reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho”. Le reclamó a Ferraro que “proceda a rectificar sus falsas afirmaciones realizadas en forma dolosa, con el mismo grado de publicidad con las que las efectuase, bajo apercibimiento de accionar judicialmente”. En la carta, fechada el 17 de junio, Nissen le da un plazo de 72 horas al diputado para retractarse.

Ferraro, que es presidente de la Coalición Cívica, recibió hoy el respaldo de la Fundación LED. En un comunicado, la institución manifestó su “profunda preocupación ante la intimación” enviada por el titular de la IGJ. “Este hecho merece el más amplio repudio por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de un diputado nacional en el marco de la inmunidad de opinión consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional”.

La fundación apela a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y remarca: “Desde la Fundación LED manifestamos preocupación ante esta situación y bregamos por el respeto a la libertad de expresión y la vigencia de la Constitución Nacional en todos los ámbitos de gobierno como garantía de la libertad de las personas”.

En enero de 2020, Nissen fue nombrado al frente de la IGJ, organismo en el que ya había cumplido funciones entre 2003 y 2005. “Cuando haya una inscripción de Hotesur, me abstendré de atenderla. Me excusaré sobre esa u otra sociedad que haya asesorado a lo largo de mi carrera”, señaló Nissen cuando lo nombraron, al canal TN.

Ferraro redobló la apuesta y prometió sostener su defensa del régimen simplificado de inscripción de sociedades.

Adepa destacó el fallo que protege las fuentes informativas y la libertad de expresión

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