Denuncian que el Gobierno avaló el vaciamiento de YPF

El enojo opositor con el manejo oficial del tema Repsol YPF pasó los límites partidarios y parlamentarios y llegó a la Justicia.

La responsable fue la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), que se presentó ante el juzgado de Ariel Lijo para ampliar una denuncia contra el directorio de Repsol YPF y los síndicos nombrados por el Estado en la empresa, por vaciamiento y conductas depredatorias de las reservas petroleras.

"El Estado argentino avaló un reparto de utilidades del 90% y que deje de liquidar en el país hasta el 70% de lo obtenido por sus exportaciones, lo que produjo el vaciamiento de la empresa", sostuvo la diputada.

En el escrito, Carrió indicó que tanto el representante del Estado en el directorio de Repsol, Roberto Baratta, como los síndicos por el Estado avalaron los estados contables, memorias y plan de inversiones por unanimidad hasta el ejercicio 2011. También recordó que, a través de la acción de oro, el Estado podía objetar decisiones de la compañía, como el reparto de dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones, pero no lo hizo.

Sin llegar a la Justicia, en la UCR también culparon al Gobierno y reclamaron una auditoría urgente de la empresa para hallar a los verdaderos responsables de los incumplimientos. "El Gobierno teme que la sociedad descubra que tiene la responsabilidad principal de esta grave crisis energética", señaló el diputado Ricardo Alfonsín (UCR).

Se sumó el presidente del radicalismo, Mario Barletta, que criticó al gobierno desde Córdoba, donde el Foro de Intendentes Radicales renovó autoridades. "Fueron ellos [por los Kirchner] los que levantaron la mano para la privatización de YPF y fueron ellos los que hicieron de la empresa lo que es hoy", apuntó.

Incluso el ex vicepresidente radical Julio Cobos reapareció, luego de meses de ostracismo, para señalar que ningún proyecto de ley sobre hidrocarburos "es válido si avasalla el federalismo".

A través de una carta abierta, Cobos (que también fue gobernador de Mendoza) sostuvo que "el dominio originario de los recursos naturales es de las provincias", y que el tema debía resolverse en esa órbita, sin la intromisión de la Nación.

Además de acusar al Gobierno de buscar en Repsol un chivo expiatorio para tapar su fracaso en materia energética, la oposición lo responsabilizó por romper sus acuerdos y contratos, esta vez con España.

Respetar los acuerdos

"Nunca va a haber una Argentina grande sobre la base de romper todos los acuerdos establecidos. Hay que entender que la convivencia pacífica se basa en el respeto del derecho y de las reglas", señaló el presidente del bloque de Pro en Diputados, Federico Pinedo.

También el diputado Gustavo Ferrari (Frente Peronista) se lamentó de la actitud oficial frente al gobierno de Mariano Rajoy. "España, que confiaba en nuestro país, expresa lo que el mundo desarrollado siente: que el Gobierno ignora las prácticas de lealtad comercial y las reglas del derecho que garantizan la previsibilidad".

Para Ferrari, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, el Gobierno "privilegia intereses demagógicos" y a la vez busca esconder el fracaso de su política energética con medidas abruptas.

En la misma línea, el diputado Oscar Aguad opinó que si la Argentina sigue adelante con la expropiación, sólo logrará agravar el problema energético y, además, "va a quedar expuesta a las sanciones que la ruptura unilateral de un contrato implica".

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