Radiografía de un bastión de La Cámpora: críticas al PAMI de Luana Volnovich por demoras y falta de control
La titular de la obra social retomó sus funciones tras el escándalo de sus vacaciones en el Caribe, pero enfrenta cuestionamientos por falta de médicos y farmacias en el interior; creció el gasto en publicidad
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
El PAMI, la mayor obra social de Latinoamérica con 4,8 millones de afiliados, administró un presupuesto de $456.000 millones en 2021, cuenta con 14.000 empleados y tiene una territorialidad solo comparable a la Anses, con 600 agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país. Sin embargo, enfrenta graves problemas de contralor y fuertes críticas por las demoras y los inconvenientes en las prestaciones y por la falta de médicos y farmacias en el interior.
Sobre el control político, en cambio, no hay dudas: reside en La Cámpora desde que Luana Volnovich asumió como directora ejecutiva en 2019. Las vacaciones de la funcionaria en una isla del caribe mexicano con su segundo en el organismo y pareja, Martín Rodríguez, desataron un escándalo por el pedido del presidente Alberto Fernández para que sus funcionarios descansaran en el país y las trabas al turismo en el exterior establecidas por el Gobierno. Pero la desobediencia no le costó el puesto a Volnovich ni a su pareja. Los camporistas seguirán construyendo poder desde allí.
Más allá del escándalo turístico, la gestión de Volnovich enfrenta críticas por inconvenientes en las prestaciones, demoras de hasta tres meses para especialidades; la falta de médicos y de farmacias en el interior del interior, y por haber echado a unas 400 personas por razones “políticas”. Además, se acusa a la conducción de usar la estructura para hacer “partidismo” con los vacunatorios contra el Covid-19. La propia Volnovich se mostró con Máximo Kirchner y Axel Kicillof en esas postas.
“Desde cuando se creó en 1971 a hoy, el 90% del tiempo este ente público no estatal estuvo intervenido por los ejecutivos de turnos”, describe el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino. “Es una ilegalidad, no hay control del Congreso. Nadie lo audita, el síndico es personal de PAMI”, agrega.
Semino recuerda que a fines de 2003 se constituyó una comisión, que él integró, para hacer una auditoría de corte: “No se pudo hacer porque no había balances, como no los hay hoy. El PAMI es como los carteles de la droga al revés, ellos reciben plata en negro y la blanquean; la obra social la recibe en blanco y nadie sabe qué hace”.
Especialistas calculan que más del 30% del presupuesto de la obra social se destina a medicamentos y otro porcentaje similar a personal. En la solapa “Transparencia activa” de la web del PAMI el último presupuesto publicado es el de 2019. Las consultas hechas por este diario a los voceros del organismo sobre los presupuestos de los últimos dos años, las previsiones para 2022, los fondos destinados a las diferentes áreas, la cantidad de prestadores actualizados y los pagos de cápitas no fueron respondidas. La única indicación fue chequear en esa página.
El presupuesto del PAMI era de $212.000 millones en 2019, saltó a $326.255 millones un año después y alcanzó los $456.400 millones en 2021: aumentó un 119% más en ese período. Aunque desde el Frente de Todos destacan la provisión de medicamentos gratuitos del PAMI para diferenciarse de las prioridades de la gestión de Cambiemos, la partida de gastos que más creció en 2021 fue la de publicidad: un 759% interanual. Según la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, dependiente de Jefatura de Gabinete, en respuesta a un pedido de información pública, esos recursos pasaron de $27.135.740 a $232.245.563.
La obra social tiene “más de 8000″ médicos de cabecera, 17.000 prestadores y 14.000 farmacias, según dice en su web. Todos los sectores consultados para esta nota prefirieron hablar sin identificarse. Aseguran que no hay deuda acumulada y que los pagos se hacen “más o menos en tiempo y forma”. El organismo es el único del país de esa envergadura con sistema capitado.
Demoras en prestaciones
Elena Torres es paciente oncológica de PAMI Avellaneda y cuenta que lleva casi tres años sin controles: “No hay médicos en las clínicas, me pasan de una a otra, dan turnos para meses después y no dan explicaciones. Mi médico de cabecera desde marzo de 2020 que no atiende: da las recetas con su secretaria. En PAMI nadie responde”.
Desde Villa Merlo (San Luis), Raquel Silva, de 65 años, asegura que lleva varias denuncias hechas en la obra social, con documentación incluida porque la atención es un “desastre”. Señala que hay tres dentistas para 12.000 afiliados y que ya denunció a dos de ellos en la obra social por la mala prestación. No hay especialización de ginecología y derivan a los pacientes a Villa Mercedes o a la capital, a 200 kilómetros. “Para una manografía es lo mismo, un horror”, define.
Semino caracteriza como “dramática” la situación desde lo prestacional. Las atenciones “llegan tarde o no se dan”, todo “potenciado” por la pandemia. Cuestiona que, después de dos años, la consulta primaria siga siendo virtual y que la derivación a especialistas demora “entre dos y tres meses”, igual que la realización de estudios de baja y media complejidad.
También remarca la falta de camas para enfermos crónicos y la suspensión de las internaciones domiciliarias. “Todo esto termina agravando el cuadro del paciente o hace que opte por ingresar al sistema a través de urgencias”, añade.
La diputada nacional Graciela Ocaña, exministra de Salud y exdirectora del PAMI, ratifica la existencia de demoras. “Los ingresos no alcanzan para toda la cobertura, entonces se apela a este tipo de maniobras”, plantea.
Desde las asociaciones que reúnen a las clínicas y sanatorios señalan que no hay deuda y que el 2021 cerró “relativamente bien” por un acuerdo de 33% de suba en la cápita en el segundo semestre, al que se agregaron un bono extraordinario del 10% de ese valor en setiembre y uno del 75% que se está por cobrar.
Así, sostienen los referentes, se compensó la suba de costos del año pasado pero no la del 2020. Subrayan que el valor de $1300 la cápita es “insuficiente”. La obra social paga una mitad de la cápita a los 30 días y la otra, a los 90. Un médico de cabecera con unas 700 cápitas cobra alrededor de $100.000 al mes.
Un último cambio es que las prestaciones ambulatorias ya no se pagan por cápita sino por prácticas. “Se está poniendo en marcha, ya rige para algunas -explican desde una clínica prestadora-. Se abonarán como las prestaciones de más complejidad, del tercer nivel”.
Un exdirector de una UGL del interior señala que en la alta complejidad hay pocos centros autorizados y los sobreprecios o cartelización son frecuentes; también admite que en provincias más chicas hay problemas porque las clínicas son pocas.
Los reclamos son todavía mayores para rehabilitación y atención de la salud mental, segmentos en los que los afiliados aseguran que no hay respuestas. Los padres de Carol Lencinas, de 98 y 88 años, dependen de la agencia 4 de Villa Pueyrredón. Su mamá se fracturó la cadera, pasó de un hospital a un sanatorio y cuando le dieron el alta comenzaron los problemas para conseguir internación domiciliaria, rehabilitación y entrega de pañales. Fueron varios días de trámites y de pago con dinero propio hasta destrabar la situación.
El sistema de cápitas rige también para las prestaciones de “contención social” que abarcan desde geriátricos a actividades turísticas. En el segmento de recreación en varias oportunidades y en diferentes gestiones se detectaron números dibujados.
Medicamentos, el gran gasto
Parámetros internacionales para obras sociales de población añosa refieren que 15% del presupuesto en medicamentos es ya un valor “alto”. El PAMI, según fuentes no oficiales, duplica esa cifra. En marzo del 2020, el presidente Fernández presentó un listado de 170 medicamentos gratuitos, que implican 3600 prestaciones de marca comercial al que los afiliados del PAMI sin otra cobertura pueden acceder de manera gratuita. Ese vademécum se financia con el impuesto PAIS y, según la institución, los usuarios se ahorran, en promedio, $4700 mensuales. A la vez, una parte de la medicación crónica que antes se cubría al 80% ahora es al 50%.
La industria farmacéutica también prefiere el silencio ante las consultas y desde las cámaras de farmacias sostienen que están cobrando en tiempo e insisten con el reclamo de que les reduzcan su aporte del 12% (44% ponen los laboratorios y el resto, la obra social). “Nos queda 10% de margen; se necesitan 300 recetas de PAMI para pagar un empleado”, grafican. En promedio, la facturación a la entidad ronda el 40% del total de las farmacias.
Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, evalúa que el vademécum de acceso gratuito “ayuda” a los afiliados, pero advierte que “no se habilitan nuevas farmacias, lo que obliga a los jubilados a caminar más o a terminar con ‘recetas caídas’: aquellas que se hacen pero no se usan”.
Asegura que advirtieron sobre la situación a Volnovich: “No habilitar es una decisión política. Hay muchas interesadas que hicieron el trámite. No autorizarlas es una manera de no aumentar el gasto”.
El PAMI no aplica la ley de medicamentos genéricos, que es otra vía de ahorro. Semino señala que debería usarse y que ”no se hace porque la industria no la quiere”. Añade que en el mismo vademécum hay un medicamento para la hipertensión de $500 y otro de $1500 y “se deja en libertad al médico para prescribir, sin orientación de qué consumir”.
Semino también remarca que este año hubo inconvenientes con las vacunas contra la gripe y faltantes de las de la neumonía. Respecto de la participación de la obra social en la inmunización contra el Covid-19, la catalogó de “más efectista que efectiva”.
Del volumen total de gasto en medicamentos, exdirectores estiman que un tercio son productos oncológicos (en su mayoría importados, que presionan sobre el gasto) y otro tercio, insulinas. En esos grupos ya varias veces se han detectado estafas millonarias, con entregas a pacientes fallecidos o a personas con diagnósticos falsificados.
Las licitaciones para compras las realiza el PAMI central, concentrando todo el poder (se determinó así durante la gestión Luciano Di Césare, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner) aunque en casos de emergencia, las UGL salen a comprar por su cuenta. En abril del 2020, Volnovich desmintió haber pagado sobreprecios en una compra directa de alcohol en gel; aseguró que la comparación entre productos distintos era “malintencionada”.
Usado para construir poder
“Aunque seas un genio acá, si no tenés organización política no podés hacer nada. Yo, de taquito, porque en todos los lugares tengo un compañero que pinta una bandera igual a la mía. Y no es esa cosa de que La Cámpora copa… Pero, sí, son mis ojos en todo el país”, dijo Volnovich en una entrevista a elDiarioAR en abril pasado. La organización también controla la Anses.
“Es un organismo que se usa para hacer política. La Cámpora ya lo hizo en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. tiene el cuarto presupuesto del país y presencia en todos lados”, no duda en decir Ocaña.
A una semana de iniciada la pandemia, comenzaron los despidos en PAMI y dirigentes de la UCR y Pro cuestionaron las decisiones “por cuestiones ideológicas”. A lo largo de los meses hubo varias tandas de personas designadas en la gestión de Cambiemos que quedaron afuera. Incluso los gremios hablaron de “persecución política”. En Córdoba, por ejemplo, se define a la obra social como una “trinchera K”.
Por Gabriela Origlia
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