Denuncian a Grabois por desviar fondos estatales y dejar casas sin terminar en Mar del Plata

El dirigente social Juan Grabois volvió al foco de un escándalo tras una nueva denuncia radicada en su contra en Comodoro Py por malversación de fondos públicos, en esta ocasión, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Se lo acusa, junto a otros funcionarios, de haber comenzado la construcción de 64 viviendas en un terreno que había sido donado originalmente para la edificación de escuelas que no fueron finalizadas.

“Hay una defraudación al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que creó el expresidente Mauricio Macri destinado para urbanizar barrios populares, porque no se dotó en nada de infraestructura al barrio, y al programa Casa Propia [dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial, hábitat y Vivienda], que está destinado a facilitar la construcción de casas por parte de particulares”, explicó el fiscal general Juan Manuel Pettigiani en diálogo con radio Mitre. De acuerdo a los cálculos preliminares, se habrían malversado más de 700 millones de pesos.

Este lunes, el funcionario judicial solicitó en Comodoro Py, en una causa que quedó sorteada en el juzgado de Julián Ercolini, que se investigue “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación al FISU” y habló también de las “cajas negras de la política”.

“Acá hay una responsabilidad ineludible por parte de quien resulta responsable de todo esto. En materia penal hablamos del dominio del hecho y el responsables es [Juan] Grabois, que es quien puso a la secretaria de integración urbana [Fernanda Miño] y quien gestionó el otorgamiento de estos fondos “, indicó el fiscal Pettigiani.

En su presentación judicial, a la que accedió el medio marplatense 0223.com, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el mencionado complejo de viviendas está ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza (ex 39) entre Arana y Goiri, Namuncurá y De Los Inmigrantes. El terreno cuenta con una superficie de 60.000 mts2 y tiene obras que “están sin terminar y en estado de abandono”.

El funcionario judicial dijo que la investigación se suscitó tras la avanzada que hizo el presidente Javier Milei sobre “las cajas negras de la política y la utilización indebida de los fondos fiduciarios”. “Nos llevó a analizar lo que sucedía en la jurisdicción de Mar del Plata y nos encontramos que sobre terrenos que habían sido donados con el cargo de construir escuelas en realidad se habían generado allí viviendas”. Agregó que “en una simple recorrida” por el barrio en cuestión “se da cuenta el abandono en la que está la obra”.

Pettigiani aclaró que la denuncia fue radicada en la ciudad de Buenos Aires, en Comodoro Py, y no en la Cámara Federal de Mar del Plata porque esos fondos desviados “fueron tomados desde dos ministerios nacionales que tienen sede en Capital”, y por ende, “ese es el ámbito donde se tomaron la decisiones delictivas”.

El fiscal fue atrás en la historia. Explicó que fueron unas vecinas del cuestionado e inconcluso barrio, e incluso el presidente de la Sociedad de Fomento local, quienes se percataron que la obra en cuestión no era la correspondiente. En 1894, quien era el dueño de esos terrenos, Patricio Peralta Ramos, donó esos terrenos a la provincia de Buenos Aires con el objetivo de que allí se construyeran escuelas. “Entonces, a mediados de 2022, ellos lo denunciaron en su momento ante el Concejo Deliberante de Mar del Plata porque era una barbaridad”, prosiguió Pettigiani.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por la fiscalía, en noviembre de 2021 quien era entonces la ministra de Educación bonaerense, Daniela Vila, permitió la cesión de esos terrenos al FISU “en una clara violación de lo que había sido la voluntad de quien donó esas parcelas en su momento”.

“Y, encima, cuando usted analiza las actuaciones que con las que se llevó adelante esta sesión de uso se encuentra con que lamentablemente se afirman cuestiones que son sumamente preocupantes, como, por ejemplo, que las parcelas que estaban alrededor de los únicos tres establecimientos educativos que se construyeron no tenían interés educativo y podían ser desafectadas de esta función”, prosiguió el fiscal.

Para Pettigiani, “perfectamente podemos hablar” de que existe una asociación ilícita. “El dominio del hecho es claramente Grabois. Encima, sus organizaciones son las que llevaban adelante las obras. Fíjense si no tiene un poder de conducción absolutos sobre los hechos que pedimos que se investigue”, cerró el fiscal.

Una denuncia similar

Semanas atrás, salió a la luz una denuncia por una irregularidad similar, que también involucra a Grabois y a Miño. Con solo un 6% de finalización de las obras y la mayor parte del dinero ejecutado, el FISU quedó en la mira. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE) estuvo a cargo de Miño, una referente asociada al dirigente social.

Fuentes de acceso público aseguran que, desde la creación del fondo, se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y que se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda. Serían 6517 intervenciones en total, por un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Esos fondos fueron repartidos en un 34,3% a “organizaciones de la sociedad civil” (los contratos y recipientes específicos no fueron transparentados) y en un 34,1% a municipios para que ejecuten las obras.

De las 6.517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5.886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares el marco del COVID 19″, entre otros.

Cuando se discriminan los datos por obras efectivamente hechas, se da cuenta de que el 71% de los proyectos fueron hechos por organizaciones sociales (no el 34,3%, cuando se contabilizan las no finalizadas) y que el presupuesto que habría arrojado resultados finalizados fue de $83.928.371.827, un 17% de lo asignado en total. El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables de finalizar las obras.

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