Denuncian a exfuncionarios de Alicia Kirchner por sobreprecios en la organización del acto de asunción del gobernador de Santa Cruz
El fiscal de Estado presentó una demanda en la Justicia por las irregularidades; la gestión kirchnerista gastó $80 millones en el acto de asunción de Claudio Vidal
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
EL CALAFATE.- El gobierno de Santa Cruz denunció que las contrataciones realizadas para el acto de asunción del gobernador Claudio Vidal, el pasado 10 de diciembre, costaron más del doble de lo que se había presupuestado inicialmente. La denuncia fue presentada en la Justicia por el fiscal de Estado, Ramiro Castillo, quien pidió que se investiguen a los exfuncionarios de la gestión de Alicia Kirchner que tuvieron a su cargo el trámite de contratación y pagaron en forma directa y con sobreprecios casi $80 millones.
En la presentación efectuada ayer ante el Juzgado Penal 2 de Río Gallegos, el fiscal de Estado menciona la existencia de “hechos irregulares”, ejecutados por exfuncionarios de la Secretaría General de la Gobernación en el proceso de contratación de servicios de escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering que fueran utilizados para el acto de asunción de autoridades del nuevo Gobierno. Y solicitó que los funcionarios responsables sean investigados por el posible delito de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Según los datos que surgen de la denuncia a la que accedió LA NACION, el trámite de los expedientes estuvo a cargo de la Subsecretaría de Coordinación de Ceremonial, Protocolo y Eventos Gubernamentales. Desde allí, y con el aval de la Asesoría Letrada de la gobernación, se contrató de forma directa, a un mismo proveedor, abonándole más de $69 millones por servicios que en el mercado se podría haber abonado $50 millones menos. Lo cual sumado a otros ítems, el gobierno de Alicia Kirchner terminó contratando por casi $80 millones un acto que, los futuros funcionarios de Vidal, habían presupuestado en poco más de $ 30 millones.
Entre los puntos de la denuncia menciona que se pagó $1600 por una botellita de agua que en el mercado ronda los $500, en tanto que presupuestaron un catering para 300 personas, cuyo costo alcanzó los $32.000 por persona.
Los datos en que se basa la denuncia penal surgen de las diferentes auditorías que el gobierno de Vidal está realizando en toda la órbita del Estado. A esta denuncia se suman otras en simultáneo que se hicieron en varios juzgados por irregularidades provinciales por la contratación de cooperativas de trabajo para las tareas de limpieza en escuelas y organismos públicos.
“La contratación que se solicita investigar tendría relevancia penal, ya que las exorbitantes sumas triplican el valor de lo presupuestado por otros dos proveedores para el mismo servicio, lo cual revela la irregularidad, discrecionalidad, y falta de transparencia en las contrataciones; así como también el extraordinario sobreprecio convenido por los ex funcionarios de dicho Ministerio, todo lo cual, denota una gravedad institucional de relevancia”, informaron desde la fiscalía de Estado.
La trama de la contratación
El sindicalista petrolero Claudio Vidal ganó la elección en agosto y el área de Ceremonial de Alicia Kirchner tuvo cuatro meses para organizar el acto de asunción de Vidal. La Asesoría Letrada justificó contratación directa, que incluyó sobreprecios por la urgencia que implicaba “proximidad del acto”, según consta en el mismo expediente.
Según pudo reconstruir LA NACION con fuentes del gobierno de Vidal que participaron de la organización del acto, acercaron al área de Protocolo por lo menos tres presupuestos. El monto general, entre los servicios de transmisión, seguridad y el catering, rondaba los $ 30 millones. Sin embargo, los expedientes incluidos en la denuncia demuestran que se habrían pagado casi $50 millones demás.
La actual denuncia detalla que hubo expedientes paralelos: uno con los presupuestos presentados por la futura administración para la parte operativa del acto (una oferta era por $ 18 millones y otra por $ 26 millones) que quedó trunco y se abrió otro expediente en paralelo en el que se resolvió la contratación de una tercera empresa, a la que por los mismos servicios le pagaron en forma directa $ 69 millones.
En el caso del catering para 300 personas, la denuncia detalla que se pagaron $9,6 millones de pesos, cuando podrían haberse hecho por la mitad de precio. El mismo proveedor al que le pagaron $69 millones por la parte operativa, también le pagaron por el agua potable: por 300 pack de agua de 500 cc x 12 unidades, se aprobó el pago de $4,8 millones, tres veces más que el costo actual en el mercado se consigue por $1,8 millones. Es decir, en diciembre el gobierno de Santa Cruz pagó una botellita de agua a $1600 en lugar de $500.
Desde la Subsecretaria de Servicios Financieros de dicho Ministerio informaron que durante 2023 se contrató al mismo proveedor en reiteradas oportunidades en forma directa para proveer al estado de diferentes insumos por sumas millonarias. “Por esta razón se ha tomado la decisión de auditar cada una de las mismas, a fin de cerciorase de que se hayan efectuado en el marco de la ley, y no existan sobreprecios en las sumas contratadas”, según informaron desde la Fiscalía de Estado.
“Ha quedado en evidencia que los procedimientos de contratación, al menos en los Expedientes N° 337.114/2023 y N° 337.108/2023 no fueron ejecutados legalmente por los funcionarios del Ministerio, quienes cometieron graves irregularidades que afectaron el proceso de contratación, desviando la finalidad que deben perseguir, para obtener en el proceso el precio más conveniente”, argumentó el fiscal en la denuncia penal.
El fiscal de Estado solicitó en la denuncia que los funcionarios intervinientes sean investigados por fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
Por Mariela Arias
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