Denuncian a Elisa Carrió por acusar a Fernández de “envenenar a la población”
El Frente Grande de Córdoba inició acciones penales contra la fundadora de la Coalición Cívica y, entre otras cosas, la acusan de “infundir temor y desconfianza pública”
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El Frente Grande de Córdoba denunció penalmente a la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y a otros tres legisladores de ese espacio por haber promovido acción penal por “envenenamiento” a la población en contra del presidente Alberto Fernández y el exministro de Salud Ginés González García, cuando el Estado nacional había anunciado la decisión de adquirir la vacuna rusa Sputnik-V.
El presidente del Frente Grande local, Horacio Viqueira, manifestó que la denuncia en contra de la exlegisladora nacional fue promovida por los abogados que integran esa agrupación.
En esa presentación se sostiene que tanto Carrió como los legisladores Mónica Frade, Mariana Stilman y Juan Manuel López incurrieron en los delitos de “propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, asociación ilícita, y por infundir temor y desconfianza pública”.
La denuncia ingresó, el pasado lunes, en la Fiscalía Federal 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, a los efectos de que se investigue si los denunciados incurrieron en los delitos contemplados en los artículos 202, 210 y 211 del Código Penal.
En diciembre del año pasado, Carrió -junto a Frade, Stilman y López- había denunciado al mandatario nacional y al ministro de Salud por “atentado a la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al sostener que se pretendía “envenenar” a la población con la vacuna rusa contra el coronavirus.
El 23 de febrero último el fiscal Guillermo Marijuan corrió vista al juez federal Sebastián Casanello para que desestime esa denuncia, al considerar que “no existía delito alguno”.
A partir de esa situación procesal, desde el Frente Grande se interpreta que las denuncias en contra del presidente Fernández y González García perseguían una “clara especulación política de confrontación con el Gobierno”, y que a la vez infundieron el “temor y la zozobra social para convencer e impedir que los ciudadanos se vacunen”.
En la denuncia se sostiene que los efectos de los delitos que habrían cometido Carrió y los tres legisladores afectan a toda la población argentina, alcanzando a un número indeterminado de ciudadanos que, atemorizados por las expresiones de los ahora denunciados, “pueden llegar a decidir no vacunarse, exponiéndose así a las consecuencias dañosas de un virus que puede llevarlos a la muerte”.
Añade que las manifestaciones, infundadas científicamente, en contra de las políticas sanitarias y epidemiológicas del Gobierno nacional expusieron a las personas a los contagios y a propagar la enfermedad.
Viqueira explicó que, si bien Carrió hizo declaraciones públicas en medios nacionales sobre el “envenenamiento”, sus expresiones tuvieron un impacto de “intimidación pública de alcance nacional”, por lo tanto la denuncia se puede presentar en cualquier jurisdicción federal del país. Valiéndose de ese análisis, lo hicieron en tribunales federales de la ciudad de Córdoba.
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