Denuncian a 14 exfuncionarios y a otras 28 personas por una maniobra de US$252 millones con importación de aviones durante la gestión de Alberto Fernández

Una investigación detectó un posible desfalco millonario con la importación de aeronaves durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía. La maniobra que el partido de Elisa Carrió pide investigar en la Justicia es la compra de aviones y helicópteros realizada por empresas que, para concretar las operaciones, accedían al dólar oficial. La denuncia será presentada por el legislador porteño Hernán Reyes y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli ante la Justicia, por el presunto delito de “contrabando”.

Los denunciantes del caso buscarán radicar el expediente en el fuero Penal Económico, ya que hay otra causa en marcha por la misma maniobra en el fuero penal, a cargo del juez federal Ariel Lijo.

Desde la Coalición Cívica elaboraron un informe que indica que se trataba de una forma para hacerse de divisas al valor oficial y beneficiarse de la brecha cambiaria, aun en momentos de extrema restricción cambiaria, en los que se registraban problemas para acceder a insumos, medicamentos y bienes esenciales, entre otros, por falta de importaciones. Consignan que el monto de las operaciones relevadas es de US$252.516.153.

En paralelo tramita una causa desde 2022 en Comodoro Py, un punto polémico debido a que el delito de contrabando es propio de Penal Económico. Como la denuncia que dio lugar a este proceso hizo foco sobre funcionarios de alto rango por incumplimiento de los deberes, quedó en el juzgado de Lijo. Los denunciantes no descartan que haya un ida y vuelta entre los fueros por la competencia, aunque esperan que se instruya y se avance con medidas de prueba en Penal Económico.

Los denunciados son: Sergio Tomás Massa, Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera, Matías Tombolini, Martín Guzmán, Matias Sebastian Kulfas, Mercedes Marcó del Pont, Carlos Castagneto, Silvia Brunilda Traverso, Guillermo Michel, Paola Tamburelli y Miguel Ángel Pesce. Además, 18 empresas y otras 10 personas.

La denuncia hizo foco a las importaciones con dólares oficiales pero sobre aeronaves que luego no se pudo acreditar la matriculación. La Coalición Cívica identificó 203 casos. La hipótesis es que dentro de este grupo hay aviones que nunca llegaron a la Argentina y su presunta importación se habría concretado al tan solo efecto de hacer un negocio financiero. También hicieron foco sobre aquellas aeronaves importadas en momentos de extrema restricción cambiaria.

Las empresas denunciadas son: Aerotec Argentinas S.A., Aaxod S.A., Flexfly S.A.S., Fame Fábrica Argentina de Máquinas y Equipos S.A., Helitours S.A., Kube Aviación S.A., Phoroneus S.R.L., Alas del Beagle S.A.S., Baires Fly S.A., Atx Logistics S.A., Just Flight S.A., Lácteos Puyehue S.R.L., Servicios Helicenter S.A., Terminales y Servicios S.A., Servicios Aeronáuticos del Nea S.R.L., A Fondo Group Sociedad Anónima, Aceitera General Deheza S.A., y Churrince S.A.. Las personas humanas denunciadas son: Luis Ángel Cuadrado; Marcelo Juan Martino; Alesio Roberto Nardelli; Alejandro Adrián Papaianni; Germán José Gabriel Álvarez; Mercedes Susana Cuneo Lacoste; Lisandro Abel Morandi; Julián Van Dam; Enzio Fernando Rocha del Santo y Norberto José Martinessi.

El equipo relevó el período que va entre 2020 y 2023 y encontraron cifras elocuentes. “Mientras se desarrollaba la pandemia y se profundizaba la crisis económica en parte por falta de dólares, el gobierno de Alberto Fernández habilitaba de forma generalizada la importación de aeronaves a dólar oficial”, remarca uno de los pasajes del informe, al cual tuvo acceso LA NACION.

La investigación subraya también que estas operaciones se realizaban con autorización de la Secretaría de Comercio, primero mediante el “Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)”, y luego, “con la llegada de Massa al Ministerio de Economía”, a través del “Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)”.

Con datos relevados a partir de pedidos de acceso a la información dirigidos a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Banco Central y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los investigadores concluyron que 203 aeronaves importadas en el período analizado no fueron matriculadas. Implican US$131.129.769.

Según el documento de la Coalición Cívica, la importación de las aeronaves “habría sido una excusa para obtener acceso a dólares oficiales, vulnerando todas las normas aduaneras a partir de la omisión de requerimientos y/o de la simulación de los requerimientos a los efectos de facilitar los dólares”.

El informe pone sobre la mesa tres características de las maniobras. Una, la participación de “empresas que no tendrían ningún tipo de conexión con la actividad de aeronavegación” y que están “entre las importadoras de aeronaves, al menos desde la información disponible en internet”. La segunda es “la importación masiva de algunas empresas por parte de aeronaves, en casos superando todo valor razonable de importaciones o de cantidad de aeronaves dadas las condiciones del mercado argentino y/o su actividad”. La tercera es “la importación de aeronaves por parte de empresas investigadas por violaciones a las normas aduaneras con anterioridad o que por sus circunstancias crediticias poco favorables sea posible que se estén alterando la finalidad del procedimiento de importación”.

Al profundizar en las adquisiciones de aeronaves puestas bajo la lupa, en el informe se mencionan una serie de “grandes compras” hechas por empresas. La firma Aerotec Argentina SA “importó un total de 65 aeronaves sin matricular”, por un total de “US$15.627.858″. Esa cantidad de aeronaves importadas en el período 2020-2024 “supone mucho más que la dotación de aviones de las Fuerzas Armadas y prácticamente la misma cantidad de aeronaves que tiene Aerolíneas Argentinas”, se informó en el texto del partido fundado por Carrió, que puntualizó: “Es una empresa familiar de la familia Cardama. Su actual presidente es Diego Cardama”. LA NACION consultó a esta compañía, que explicó que, a diferencia de las empresas de taxi aéreo, ellos reparan y ensamblan aviones para su posterior venta a aeroclubes o escuelas de vuelo.

También se incluye en las “grandes compras” a las firmas Flexfly y A Fondo Group. A la primera, se le atribuye “la importación de nueve aeronaves por un total de US$6.508.017″, y “en todos los casos no se ha podido acreditar la matriculación de ninguna”. A la segunda, “una importación de US$1.396.200 por dos aeronaves”. Las firmas son propiedad de Andrés Pedro Peralta, se sostiene en el reporte de la Coalición Cívica, al que accedió LA NACION.

Aaxod SA es mencionada con cinco aviones importados sin poder hallarse su “matriculación oficial”. El monto involucrado es de “US$7.504.704″. En el informe se puntualiza que “los administradores de esta sociedad son Fabián Omar Díaz Ferrari (presidente)” y “Andrea Soledad Quaglia (directora suplente)”.

“Helitours SA”, que “es propiedad de Martín, Jorge Alberto”, figura en el informe con dos importaciones “por el total de US$4.897.700″. En tanto, la empresa Kube Aviación SA “cuenta con importaciones no matriculadas por US$ 17.108.300″. Se menciona como vicepresidente de esa firma a “Mario Luis Bertolaccini López”.

Just Flight SA “ha realizado dos importaciones de aeronaves sin matricular por un valor de US$2.572.000 en total”, según la información relevada. “Just Flight SA es el nombre jurídico de Royal Class SA, que ha sido vinculada con corrupción, la valija de Antonini Wilson, y en su momento de propiedad de Alfredo Yabrán. La empresa es presidida por Miguel Maximiliano Livi y por Fernando Alberto Ulloa”, puntualizó la CC.

En el informe se mencionan varias empresas más. Cielos de América y Patagonian Air son identificadas como una misma empresa, que “tiene de presidente a Daniel Eduardo Vila y suplente a Agustín Daniel Vila”. Figura en la información oficial recopilada con aeronaves matriculadas, pero obteniendo provecho de la brecha. En ese punto, se especifica: “un helicóptero Airbus EC 13084 con matrícula LV-KGH, adquirido en septiembre de 2023 con una brecha del 83%; dos aviones, uno Learjet 60XR con matrícula LV-JQQ adquirido en el tercer trimestre de 2020 con una brecha de 38%, y un Bombardier Challenger 604 de matrícula LV-KAG adquirido en el segundo trimestre de 2021 con una brecha del 68%”.

Emes Air, “empresa propiedad de Gustavo Mariani y Marcos Marcelo Mindlin, realizó importaciones por US$13.000.000 de una única aeronave”, indicó en su investigación la CC. El monto que se gastó es de US$13.000.000, por una aeronave que figura matriculada y se compró “durante el segundo trimestre de 2022, cuando la brecha era del 79%”.

“La empresa Servicios Aéreos Sudamericanos SA figura con un pedido de importación anulado pero luego, sin embargo, aparece con una importación a la que no se le puede ajustar un pedido de SIRA/SIMI correspondiente por el equivalente a US$2.500.000. La sociedad es propiedad de Eduardo Hugo Antranik Eurnekian y Eduardo Eurnekian”, se informó como otro caso de compra sospechosa.

Según la investigación del partido que fue parte de la alianza Juntos por el Cambio, la firma Baires Fly “realizó operaciones de importación de aeronaves no matriculadas por un total de US$8.115.600″. y “su presidente es Luis Grande”.

Aceitera General Deheza SA es señalada en el informe con una adquisición de un avión en momentos en que la brecha cambiaria era de 105%. El gasto fue de US$460 mil” y “no se ha logrado identificar su matriculación”, se plantea en el reporte.

La empresa Terminales y Servicios SA aparece en el informe por la compra de helicópteros, aeronaves “que no aparecen matriculadas por el total de US$10.460.000″. Según los datos que ofrece el documento, la firma “pertenece a Juan Manuel Ondarcuhu, reconocido operador de las terminales VI y VII del puerto de Rosario, y quien fue investigado en 2019 por el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en un expediente relacionado con la naviera Maruba e integrantes del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)”.

A Servicios Helicenter, que tiene como administradores identificados en el informe a Héctor Bustos Ferreyra y a Urbano Ratazzi, se la responsabiliza de la compra de cinco aviones y un helicóptero, pero con una sola de esas aeronaves matriculadas. “Respecto de los aviones, cuatro de ellos no se encuentran matriculados. Durante el primer trimestre del 2021, registró una importación por US$1.250.000 con una brecha del 62%. Durante el segundo trimestre del mismo año fue de US$260.000, con una brecha incrementada del 68%. Durante el cuarto trimestre de 2021, con una brecha del 91%, se realizó la importación de un avión por el equivalente a US$1.250.000 y otra por US$600.000″.

En un último pasaje de su informe, la Coalición Cívica plantea que varias empresas sin vinculación con la actividad aerocomercial también se dedicaron a la importación de aeronaves. Se menciona a Churrince SA, identificada como perteneciente al “rubro inmobiliario” y también a la “comercialización de comida del tipo fast-food”, que habría realizado “una importación por una aeronave por 827.000″. También a Celtic Belgrano SA, con actividad declarada en la construcción, pero que “explota un centro para la reparación de celulares en el barrio de Belgrano” y habría concretado “una importación por US$109.000″.

Phoroneus SRL, “una empresa farmacéutica que figura como vendedora de vehículos, adquirió nueve aeronaves sin matricular por un valor total de US$182.900, un precio excesivamente bajo que genera sospechas”, se sostuvo en el informe. FAME SA, que figura como “una sociedad productora de electrodomésticos y maquinaria agrícola”, registra “importaciones no matriculadas ni identificadas en su modelo de aeronave por valores aparentemente bajos, siendo uno por US$16.140 y el otro por US$4.486″. A la empresa Lácteos Puyehue SRL, en el informe se la vincula con “la importación de dos aeronaves del tipo RV 121S KIT por un valor total de US$64.200″.

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