Denuncian 219 violaciones al tope salarial

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante la Justicia a 219 funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde por haber cobrado sueldos superiores al tope salarial de 3000 pesos.

La denuncia por malversación de caudales públicos apunta también contra "los máximos responsables de los organismos" donde se cometieron las irregularidades, por lo que podrían ser imputados ocho ministros de la gestión anterior, titulares de bancos y organismos oficiales e incluso, como último responsable, el propio Duhalde.

Consultado por LA NACION, el ex mandatario aseguró anteayer que no estaba al tanto de la denuncia y que nunca lo habían notificado de la situación irregular (sobre lo que se informa por separado).

Los ministerios en cuya jurisdicción funcionarios políticos cobraron montos mayores a lo permitido son, según la presentación judicial, el de Justicia, a cargo de Jorge Vanossi y luego de Juan José Alvarez; de Producción, encabezado por el actual titular de Interior, Aníbal Fernández; de Salud, por el actual ministro Ginés González García; de Defensa, por Horacio Jaunarena; de Desarrollo Social, por Nélida Doga; de Educación, por Graciela Giannettasio, y la Jefatura de Gabinete, que fue conducida por Alfredo Atanasof.

La denuncia de la Oficina Anticorrupción, que dirige Manuel Garrido, fue radicada el 7 del actual ante el juez federal Sergio Torres. Está basada en tres informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizados entre febrero de 2002 y enero del año actual, cuando Julio Comadira encabezaba el organismo.

El tope salarial de 3000 pesos fue dispuesto, en primer término, por un decreto de necesidad y urgencia del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, en diciembre de 2001, y fue prorrogado luego por Duhalde, quien exceptuó de la medida a los funcionarios de carrera. El presidente Néstor Kirchner firmó una nueva prórroga hasta fines de este año.

El primer relevamiento de la Sigen se efectuó entre febrero y marzo de 2002 y detectó un incumplimiento general del 50 por ciento. El mayor nivel de irregularidades se dio en las universidades nacionales (89%) y en los bancos y entidades financieras (71%). El menor, en empresas y sociedades (25%) y en Presidencia y ministerios (10%). Varios organismos, entre ellos el PAMI y la Universidad de Buenos Aires, se negaron a brindar información a la Sigen.

El segundo relevamiento se hizo entre febrero y mayo de 2002 y alcanzó a los funcionarios asesores. El grado de incumplimiento general detectado fue del 6 por ciento.

El último informe de la Sigen en que se basa la denuncia de la OA se efectuó entre octubre de 2002 y enero del año actual, a más de doce meses de que el decreto entró en vigor. El incumplimiento general descubierto fue del 31%, con el siguiente detalle: entes reguladores (78%), bancos y entidades financieras (68%), Presidencia de la Nación y ministerios (7%) y empresas y sociedades (5%).

Algunos casos

Entre los 219 funcionarios supuestamente incumplidores que componen el anexo de la denuncia de la OA, 22 se desempeñaban en el Banco Nación. Entre ellos, los ex presidentes de esa entidad Enrique Olivera ($ 6326) y Horacio Pericoli ($ 8684) y el ex vicepresidente Rodolfo Gabrielli ($ 7591). La resolución de la OA destacó que, además del alto incumplimiento, las entidades bancarias se destacan porque los salarios abonados son muy superiores al tope.

El segundo organismo en que se registraron más incumplimientos es la Comisión Nacional de Comunicaciones, con 19 casos irregulares. Diego Nazareno ($ 5432), hijo del ex presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno, integra la nómina.

En el ámbito de la Presidencia hay once incumplimientos, entre ellos el del entonces presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, Antonio Di Vietri ($ 4589), y el de la asesora del Instituto Nacional de Cine María de la Paz Mariño ($ 4071).

En la nómina también figuran la ex secretaria privada de Hilda González de Duhalde, Norma del Corcho ($ 3242), que estaba nombrada como asesora en la Secretaría de Comunicación Social; Juan Marchena ($ 6300), director de Nación AFJP, y Julio Macchi ($ 6877), director del Banco Hipotecario Nacional.

Recomendaciones

Para determinar el alcance del decreto y así confeccionar los informes de incumplimiento, la Sigen consideró la interpretación efectuada al respecto por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. En casos particulares, como el del Banco Nación y las universidades nacionales, se pidió un dictamen de la Procuración General del Tesoro (PGT), que los incluyó en la medida.

En cada informe, la Sigen recomendó que la Jefatura de Gabinete "instruya a los organismos involucrados la adopción de acciones tendientes a regularizar la situación". La OA destacó que durante la vigencia del decreto la Jefatura de Gabinete no cursó ninguna nota a los organismos incumplidores.

Asimismo, afirmó que, según la opinión de la OA, "el PEN deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de recuperar los importes devengados sobre el límite establecido".

En las conclusiones de la denuncia, Garrido recordó que "existen previsiones específicas de las normas internacionales en materia de corrupción que aconsejan prudencia en el momento de fijar los salarios en la administración pública" y que recomiendan "tener en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público".

"Estas normas -advierte la resolución de la OA- apuntan a prevenir la corrupción que podría derivarse del cobro de sueldos provenientes de fuentes privadas o públicas de origen oculto o incierto."

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