Del nylon al ladrillo: la toma de Los Hornos se convierte en barrio, pero el reclamo de los vecinos no cambia

LA PLATA.– Dos años después, ya nada es lo que era en estas 160 manzanas de la localidad de Los Hornos, en La Plata. Los terrenos donde comienza la toma más grande de la provincia de Buenos Aires ya no están subdivididos artesanalmente: están loteados. No los separan palos, sino alambrados. Hay postes de luz y cableado. Tampoco quedan rastros de las lonas y los nylons que fueron paredes y techos durante semanas: las viviendas aún son construcciones precarias, pero de madera, chapa y ladrillo.

“Esto es un barrio como cualquier otro”, afirma Claudia, una mujer en sus cincuentas que llegó con su hija embarazada el primer día a la toma de lo que supo ser el Club Planeadores de Los Hornos.

A lo largo de estos dos años -los terrenos fueron usurpados el 16 de febrero de 2020- los ocupantes se organizaron para transformar el predio. Abrieron las calles de tierra y también armaron el sistema de distribución eléctrica. “Entre los vecinos hablamos. Compramos los postes, los cables. Hablamos sobre cuanto sale y lo dividimos”, agrega la mujer mientras toma un mate detrás del alambrado.

Con todo, el sistema no da abasto. Por la cantidad de conexiones, la tensión es muy baja y no alcanza para todos. También lo sufren los residentes legales que ya estaban afincados en el barrio: cada dos o tres días se corta la luz.

Las conexiones de agua son pocas y todavía más precarias. No hay agua potable ni cloacas. Algunas casillas cuentan con la suerte de tener un tanque de plástico negro, que contiene agua, en la puerta.

“Lo difícil es vivir sin luz, sin agua con calles que se embarran. Acá hay mujeres que sufrieron violencia de género y se fueron de sus casas, gente que antes vivía en la calle. No es que son todos una manga de delincuentes. Nos meten a todos en la misma bolsa”, indica Noelia, en sus treinta, que habla con LA NACION mientras fuma en la esquina. “Lo que pedimos es un hogar, tierra, tener algo propio. Acá en el invierno es horrible”, suma Diana, que se mudó este año cuando no pudo costear más su alquiler. Ambas van a abrir un comedor.

“El gobierno no te integra a la sociedad”, dice Claudia, quien al igual que varios vecinos, reclama que les permitan pagar los servicios. “Esto es un barrio como cualquier otro. Acá hay de todo”, repite.

Sucede que, según explicaron conocedores del terreno, de las 160 hectáreas solo 30 están dispuestas para zona de viviendas y forman parte del proyecto de urbanización del gobierno de Axel Kicillof.

“De las 2000 familias, serán 300 las que viven acá. Todas las demás las usan de fin de semana. Vienen los domingos y organizan asados. Durante la pandemia armaban fiestas clandestinas”, relata Sebastián, propietario en el barrio vecino a la toma. Denuncia que ya le robaron tres veces su alambrado para lotear y además, recibe constantes amenazas.

Las 130 hectáreas restantes se diferencian del barrio ya consolidado que se construyó en la parte delantera de la toma. Están atravesadas por denuncias por ventas irregulares de terrenos y tráfico de drogas. Algunos incluso publican los terrenos que ocuparon en Facebook para venderlos. Los vecinos suman, además, que desde la toma aumentó la inseguridad en el barrio. “Va a ser imposible desalojar. Más al fondo ya están construyendo losas. Acá hay gente pasiva y gente que no”; dijo un vecino que prefirió no dar el nombre.

“El año pasado acá asesinaron al hijo de un barrabrava de Estudiantes”, agrega Sebastián, que prefiere resguardar su apellido. Se refiere a Gonzalo “El Pipi” Alonso a quien le pegaron un tiro en la cabeza por una disputa por un lote. Fue el caso más resonante pero no fue el único, hubo dos o tres más.

Sebastián forma parte del grupo de vecinos que convocó a una marcha para el próximo miércoles en la puerta de los juzgados federales de La Plata y llamó a no pagar el impuesto inmobiliario provincial para repudiar la decisión del magistrado Alejo Ramos Padilla, quién la semana pasada archivó la causa por la toma ilegal.

“Nosotros no estamos en contra de la toma. Estamos en contra del fallo del juez sobre las 130 hectáreas. Nuestro problema no es con la zona de vivienda ni con el proyecto de urbanización”, enfatiza Sebastián. Su reclamo, el que comparte con unas 30 familias del barrio, es una de las pocas realidades que no cambiaron en estos dos años.

Mientras tanto, a unas cuadras de la casa de Sebastián, la toma más grande de la provincia de Buenos Aires se sigue extendiendo. “Antes estaba más vacío y ahora acá también hay casillas”, contesta una joven mientras señala los terrenos más allá de la calle 76, donde ya hay varias casillas construidas. “Nosotros le decimos ‘la segunda toma’”, suma Claudia y cierra: “La gente lo necesita para vivir. Esta era mi única oportunidad para tener algo”.

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