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Del Cerro se descompensó y no declaró
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El ex represor Juan Antonio Del Cerro, conocido como Colores, sufrió ayer un pico de presión arterial y no pudo ser indagado por la desaparición de un matrimonio durante la última dictadura militar.
La semana última, en la misma causa, Julio Simón, apodado El Turco Julián, se negó a ser indagado por el secuestro, tortura y desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, que estuvieron detenidos en el centro clandestino El Olimpo.
Las declaraciones de ambos ex policías federales son consecuencia del fallo en el que el juez federal Gabriel Cavallo decretó la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió el 4 de octubre último la anulación de las leyes exculpatorias y solicitó que se responsabilizara a ocho ex represores.
Las normas anuladas por Cavallo, sancionadas en 1986 y 1987, permitieron que 1180 policías, civiles y militares no fueran juzgados por la represión ilegal.
Poco antes de las 10, Del Cerro -procesado y detenido desde el año último por la sustracción de Claudia Victoria Poblete- fue llevado desde la cárcel de Marcos Paz a los tribunales federales de Retiro, pero en la planta baja del edificio tuvo un problema de salud que impidió su traslado al juzgado federal Nº4, informó oficialmente la Defensoría General de la Nación.
Médicos del servicio municipal de emergencias SAME asistieron a Del Cerro, mientras el juez y sus colaboradores descendieron hasta la alcaidía, para autorizar el traslado del detenido a un hospital público. Posteriormente, Del Cerro quedó alojado en el penal de Villa Devoto, donde funciona un pabellón sanitario, dijeron fuentes judiciales.
"La audiencia se realizará esta semana, cuando el imputado se encuentre en condiciones de declarar", dijo a La Nación una fuente judicial.
Por otra parte, el juez Cavallo suspendió por "motivos personales" el viaje a España que iba a emprender anoche para dar una conferencia sobre la resolución que dictó el 6 del actual y mantener un encuentro con el juez español Baltasar Garzón, que procesó y ordenó la captura de casi un centenar de militares argentinos por delitos de lesa humanidad.
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