Del abogado de Cristina Kirchner a la candidata a procuradora de Mauricio Macri: quiénes serán los once miembros de la comisión para reformar la Corte
LA NACIONPaz Rodríguez Niell
El presidente Alberto Fernández tiene lista la comisión de expertos que lo asesorará sobre una eventual reforma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. La Casa Rosada confirmó que Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, será parte de la comisión, a pesar de que su inclusión generó ciertas resistencias en el albertismo no kirchnerista. Pero también estará la candidata a procuradora de Mauricio Macri, la jueza Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego el macrismo nunca logró aprobar en el Senado.
Son 11 los nombres que el Presidente planea incluir en el decreto de creación de la comisión. La mayoría de los elegidos tienen una clara afinidad con el oficialismo.
Integran esa nómina, además de Beraldi y Weinberg, el profesor Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal y exjuez del Tribunal Supremo español, que vive en España desde hace más de 40 años, cuando dejó la Argentina después de haber sido procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora. El Presidente lo reconoce como uno de sus referentes del derecho penal, junto con Esteban Righi.
También ligado al peronismo integrará la comisión -y es posible que actúe como su coordinador- el excamarista del juicio a las Juntas Carlos Arslanian, que hoy, entre otros clientes famosos, defiende a Ricardo Echegarayy fue abogado de los exsecretarios de los Kirchner cuando lograron que Claudio Bonadio cerrara las causas que investigaban sus patrimonios.
Otro de los miembros de la futura comisión cuya inclusión es celebrada por el kirchnerismo es el profesor de derecho constitucional Raúl Gustavo Ferreyra, muy cercano a Raúl Zaffaroni y una suerte de su alter ego constitucionalista. Juntos son asesores jurídicos de Evo Morales y escribieron hace dos meses un artículo denunciando el "lawfare" en Bolivia. Ferreyra, con un doctorado en la UBA y más de diez libros escritos, fue discípulo de Germán Bidart Campos, uno de los mayores referentes del constitucionalismo argentino.
También discípulo de Bidart Campos, aunque con un perfil político muy diferente, otro abogado que integrará la comisión es Andrés Gil Domínguez, que intervino en la causa por la ley de medios ante la Corte Suprema, como amicus curiae elegido por Clarín, y fue quien promovió la acción que consiguió la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias impulsada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La lista de los elegidos por el presidente incluye a otra abogada ligada el peronismo: la investigadora del Conicet Marisa Herrera, coordinadora del equipo de Justicia del Partido Justicialista. Como casi todos los elegidos, Herrera, especialista en derecho de familia, tiene un extenso currículum. Su mentora es Aída Kemelmajer de Carlucci, con quien escribió libros y tratados.
Además, serán parte de la comisión las juezas de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego); y el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo.
Kogan llegó a la Corte bonaerense impulsada por el radicalismo; Sbdar y Battani, por los peronismos provinciales, lo mismo que Palermo, que fue acusado por el exgobernador Alfredo Cornejo de liderar la oposición a su gobierno desde la Corte.
Una eventual reforma del número de miembros de la Corte Suprema debería aprobarse por ley y para eso basta una mayoría simple, pero la designación de los nuevos jueces requeriría dos tercios en el Senado.
El Gobierno puso especial atención en que fuera una comisión equilibrada entre hombres y mujeres, y con representación de todo el país (cinco de los seis miembros son jueces de superiores tribunales locales, incluida Weinberg, que preside el máximo tribunal porteño).
En la búsqueda de presentar una comisión que se viera equilibrada, al ruido que generó la inclusión de Beraldi, Fernández pretendió compensarlo con la invitación a Weinberg. La llamó el fin de semana y ella le adelantó inmediatamente su aceptación.
El Presidente se comunicó con cada uno de los elegidos para invitarlos personalmente a formar la comisión, que será creada por decreto. Los miembros harán su trabajo ad honorem.
Un plan de 90 días
El plan del Presidente es darles 90 días para que trabajen en posibles reformas, las discutan y elaboren un dictamen. En paralelo con el dictamen de la mayoría, podrá haber otro, de minoría. La idea es lanzar la comisión el miércoles, a las 16, con un acto que encabezará Fernández. Resta definir dónde se hará. El plan es que participen los flamantes miembros del la comisión.
Los temas a evaluar serán cuatro: Corte Suprema (su conformación y su funcionamiento), Consejo de la Magistratura, juicio por jurados y Ministerio Público. No está definido cómo van a trabajar, pero es posible que se dividan en grupos que traten los distintos temas y después los discutan "en un pleno", dijo a LA NACION uno de los futuros integrantes de la comisión.
Una eventual reforma del número de miembros de la Corte Suprema debería aprobarse por ley y para eso basta una mayoría simple, pero la designación de los nuevos jueces del alto tribunal requeriría dos tercios en el Senado.
Fuentes del Gobierno informaron que junto con la presentación oficial de la comisión, del miércoles, el Presidente piensa anunciar formalmente el envío al Congreso del proyecto de reforma judicial que apunta a diluir el poder en los tribunales de Comodoro Py.
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