El Gobierno ya tiene el texto de la reforma judicial y define los nombres de la comisión para reformar la Corte
El proyecto de reforma judicial, que buscará una ampliación de los tribunales federales, ya es un texto cerrado. Así lo aseguran en el Gobierno cuando se espera la presentación en sociedad de una de las iniciativas icónicas que prometió Alberto Fernández el día que asumió. Pero para su lanzamiento, falta todavía ajustar detalles. En Olivos todavía deben definir qué día remitirán el proyecto al Congreso y cómo será el anuncio. Es decir, si habrá una comunicación del Presidente explicando los alcances de la iniciativa, o si entrará como un proyecto más.
Por cuerda separada, el Gobierno también terminaba de definir el comité de juristas y notables del Derecho que analizará posibles cambios en otras áreas relevantes del Poder Judicial, como la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura. Con esa nómina, según pudo reconstruir LA NACION, se pretende exhibir "pluralidad". Suena un abogado de Cristina Kirchner pero también un letrado que estuvo en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Convocarán a representantes de la oposición y del oficialismo; académicos con trayectoria en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros representantes del interior del país. Habrá al menos dos mujeres, quizás más.
En una entrevista con Página 12, Fernández dijo que esperaba remitir la reforma judicial al Congreso esta semana. Los funcionarios se preparaban para tener todo listo para el viernes y de hecho la ministra de Justicia, Marcela Losardo, mantenía hoy reuniones para ajustar los últimos detalles. Pero un alto funcionario al tanto de la agenda presidencial hoy no descartaba que todo pase para "principios de la semana próxima".
"Falta definir el cómo se presenta y el día exacto", dijo un portavoz oficial de trato diario con el Presidente. La fuente agregó que "casi seguro" entrará por Diputados, aunque en los bloques del Frente de Todos hasta ahora no lo daban por cerrado.
Tal como reveló LA NACION, la iniciativa prevé que pasen a ser 46 los juzgados federales. Se fusionarían los 12 juzgados federales de Comodoro Py existentes, más los 11 juzgados en lo penal económico (que hoy están en el edificio con Avenida de los Inmigrantes) y luego cada uno se desdoblaría en dos.
Quiénes irán al comité
El comité para el "mejoramiento de calidad institucional" de la Justicia estará integrado entre seis y siete expertos que tendrán 60 días para expedirse sobre su diagnóstico sobre el sistema judicial. La comisión de juristas asesorará al Poder Ejecutivo sobre materias que tienen alto interés político, como la ampliación de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario y el juicio por jurados. Su oficialización se haría por decreto o por resolución administrativa en el Boletín Oficial, ya que dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia.
Según pudo reconstruir LA NACION la conformación del comité cumplirá con varios "cupos" para garantizar la pluralidad: habrá más de dos mujeres, representación de las provincias del interior, al menos un integrante en nombre de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y representación de partidos de la oposición (casi con seguridad habrá un reconocido jurista del radicalismo). Muchos de los que serán convocados todavía no lo saben.
Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner en la mayoría de las causas de corrupción en su contra, es uno de los nombres que suenan para ese comité. El letrado es además experto en técnica jurídica y autor de códigos procesales desde 1980 y consideró en recientes declaraciones públicas que es necesaria una Corte más federal.
Su nombre no está confirmado porque algunos creen que podría despertar suspicacias su participación, dado que defiende a Cristina Kirchner en causas con recursos que debe resolver la misma Corte. Beraldi mantuvo al menos dos reuniones con el Presidente en los últimos meses. Su sola nominación encarnaría un mensaje a los jueces del máximo tribunal.
Pero para mostrar apertura, otro de los juristas en danza es Andrés Gil Domínguez, doctor en Derecho y profesor de la UBA, quien se mostró crítico, por ejemplo, de la decisión del Gobierno de definir la intervención de Vicentin vía DNU, al calificarlo como "inconstitucional".
Gil Domínguez fue amicus curiae en el juicio del Grupo Clarín contra el gobierno kirchnerista por la ley de medios y fue miembro de la comisión redactora de anteproyecto de ley de comunicaciones de 2016.
Fernández habilitará el debate sobre la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema a pesar de su opinión personal. Él ya dijo que no cree necesario ampliar el máximo tribunal. Más allá del número, lo que está en discusión es la posibilidad de que el tribunal funcione dividido en salas por materia y de limitar los casos que llegan a hacer analizados por el máximo tribunal.
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