Defensores y detractores de algo nuevo

Es más transcendental que lo que parece a primera vista. Y está destinado, si se lo hace bien, a cambiar profundamente la poderosa justicia federal penal de la Capital, que investiga la corrupción política, el lavado de dinero y el narcotráfico. O puede ser todo lo contrario. Todo depende de cómo instrumenten la modificación. Se trata del reciente anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la instauración del sistema acusatorio en la Capital, que ha promovido apoyos eufóricos en la Justicia en la misma medida que ha causado reacciones adversas.

El cambio comunicado por el Gobierno es tan significativo que un destacado camarista llegó a expresarse de este modo: “Es un cambio histórico, que ya comenzó a generar las tensiones propias de un giro de esa magnitud. Se abrió una conexión entre lo viejo que cruje y la esperanza de estar ante algo histórico”. Otro juez describió como un “hervidero” lo que está sucediendo en el viejo edificio de Comodoro Py, que nunca expresó arquitectónicamente el excesivo poder de los jueces que lo habitan. Se habla de llamados preocupados “de una de las vocalías del cuarto piso” (del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema) a sus terminales en los juzgados federales de Comodoro Py. Nunca se dicen nombres. “Amenazan y operan lo que están por perder”, resumió otro juez de instancias superiores. Pero, ¿a quiénes se refieren? A los jueces federales, quienes con el nuevo sistema perderán gran parte del poder que tienen ahora.

Un miembro de la Corte Suprema de Justicia suele decir que los jueces de instrucción de los tribunales federales de Comodoro Py (Ariel Lijo, María Servini, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, entre pocos más) tienen más poder que los magistrados de la Corte. “Nosotros somos un cuerpo colegiado y necesitamos construir una mayoría para sacarle la libertad a alguien. Los jueces federales de Comodoro Py pueden allanar oficinas o casas particulares y decidir a sola firma la prisión preventiva de una o de varias personas”, argumentó. De hecho, está circulando en los últimos días la versión de que los senadores reciben mensajes amenazantes sobre lo que les podría suceder si la semana próxima rechazaran el acuerdo del juez federal Lijo, candidato del Presidente para ser miembro de la Corte Suprema. Sucede que Lijo conservará, aun cuando su acuerdo le fuera negado por el Senado, el cargo de poderoso juez federal, que investiga la corrupción política y el lavado de dinero. Algunos senadores se confiesan temerosos ante semejante extorsión.

El sistema acusatorio le quitará poder a Lijo y a sus colegas de Comodoro Py, y se lo transferirá a los fiscales federales. Los jueces federales están muy desgastados ante la opinión pública por el sistema de cronoterapia que aplicaron siempre a su gestión judicial. Manejan los tiempos y la negociación política, de tal forma que se convirtieron con los años en decisivos protagonistas de la vida pública en lugar de prudentes administradores de justicia e intérpretes de la ley. Según un rumor insistente, Lijo tiene fama de ser el “mejor anestesista de Comodoro Py”; esto es, el juez más hábil para poner a dormir los expedientes (o para despertarlos bruscamente). El nuevo sistema les sacará a esos jueces la investigación y la pondrá en manos de los fiscales. El sistema acusatorio prevé la designación del fiscal de distrito, que serán varios en la Capital, según se pronostica; esas designaciones estarán a cargo del procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), Eduardo Casal. La misión de Casal será muy delicada, porque deberá reconocer la trayectoria y la formación de cada fiscal para asignarle un distrito. También deberá designar al fiscal de garantía, que será quien acompañará al fiscal a cargo de una investigación en la supervisión de que se cumplan todas las garantías constitucionales. A su vez, los actuales jueces federales, dueños y señores hasta ahora de todas las investigaciones, se convertirán solo en jueces de garantías, aunque ellos seguirán firmando las órdenes de allanamientos o de detenciones preventivas. Siempre lo harán luego de que un fiscal requiera tales medidas porque serán los fiscales, a partir de agosto, los dueños de la investigación. Esto significa, a su vez, que los fiscales dejarán de estar cubiertos por el manto de protección que, en la práctica, les creaba la gestión del juez. En adelante, los fiscales serán los que pondrán la cara y el pecho ante la opinión pública.

Teóricamente, al menos, los juicios deberían ser más rápidos porque pasarán directamente de la investigación de los fiscales (y la homologación del juez de garantías) al juicio oral y público. Pero debe reconocerse que hay fiscales buenos, malos y regulares. Hay fiscales excelentes, como Carlos Rívolo (que inició la investigación que terminó con Amado Boudou preso por corrupción); Carlos Stornelli (que llevó adelante la monumental investigación por el llamado caso de los cuadernos); Diego Luciani (el magistrado que hizo el memorable alegato contra Cristina Kirchner en el juicio por la corrupción en la obra pública); el duro fiscal de Casación Mario Villar (que pidió una pena más severa para Cristina Kirchner por ese delito), y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (autores del primer informe sobre la corrupción en la obra pública que terminó con la condena de Cristina Kirchner), entre varios fiscales más. Luego están los fiscales ideologizados, que adscribieron a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, y están también los que no pueden explicar la fortuna que manejan ni el despilfarro de dinero que hacen a la vista de todos. Los jueces federales tienen mala imagen, pero muchos fiscales (no todos) son desconocidos por la opinión pública y aprovecharon ese anonimato para cometer sus fechorías. Les tocará a partir de agosto arriesgar el nombre y la presencia pública en la investigación de muchas prácticas mafiosas.

Algunos fiscales serios manifestaron de igual modo su preocupación por el apuro y la falta de previsiones que mostró el anuncio de Cúneo Libarona. “No hay recursos ni se anunció un presupuesto nuevo”, dice uno de ellos. La faena de los fiscales aumentará exponencialmente con el nuevo sistema, pero nadie les dijo que tendrán, por ejemplo, más personal, más recursos tecnológicos y nuevos dispositivos para filmar y grabar las audiencias en el proceso de la investigación. Tampoco se adelantó que habrá un período de capacitación de los fiscales para pasar hacia un sistema en el que todo el peso de la investigación recaerá en ellos, cuando hasta ahora esa tarea está en manos exclusivas del juez, salvo que este la delegue expresamente en un fiscal. Los más tremendistas advierten sobre un “colapso” en el Poder Judicial si no hay modificaciones importantes en el sistema acusatorio antes de su implementación. “El poder de los jueces federales pasará a los fiscales, pero solo en un 50 por ciento si perduran las actuales circunstancias”, consideró.

Dice un juez de instancias superiores: “La bajísima calidad institucional se exhibe no solo en el nivel de nuestros legisladores y en la locura que suponen las amenazas subterráneas a senadores sobre el acuerdo a un juez de la Corte. El sistema (también el judicial) está crujiendo y es posible que estas sean algunas de sus últimas manifestaciones”. Se refería precisamente al anuncio del ministro de Justicia. Esa comunicación pública de Cúneo Libarona es algo que la Justicia estaba esperando desde hace rato, pero de su implementación dependerá que se convierta en un punto de inflexión para una institución poco valorada por la sociedad o en otra derrota del sistema judicial.

Los rumores no cesan en los pasillos de los tribunales. La nueva versión sobre la composición de la Corte Suprema señala que el padrino de Lijo, el juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, le habría propuesto al Gobierno cambiar a ese juez federal, muy cuestionado y con escasa probabilidades de salir airoso en una votación del Senado, por el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, designado en ese cargo en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. Licht estaba propuesto desde los tiempos de Mauricio Macri, pero este decidió no nombrarlo por los informes negativos que recibió de la Corte Suprema. Se trata de un abogado que fue secretario letrado de la Corte cuando esta era presidida por el propio Lorenzetti, de quien era un hombre de su extrema confianza. En efecto, la autora de un libro sobre Lorenzetti (El Señor de la Corte), Natalia Aguiar, denunció públicamente a Licht como “un operador” del entonces presidente de la Corte; Licht le dijo, según la denuncia de Aguiar que “no tenía sentido enfrentarse al poder ni a Lorenzetti” y que “tuviera cuidado”. Ya como presidente del Tribunal Fiscal, que es la primera instancia para resolver un pleito entre contribuyentes y la actual ARCA (ex-Afip), Licht se negó a pagar el impuesto a las ganancias porque adujo que antes había sido funcionario judicial y que estos no pagaban ese tributo. LA NACION señaló en aquel momento, luego de contar lo que había hecho Licht: “Quien precisamente no paga los impuestos es nada menos que quien preside el Tribunal Fiscal de la Nación”. La pregunta que corresponde hacerse es si realmente el viejo sistema está crujiendo o si, en cambio, goza de buena salud.

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