Defensor del niño: tras 12 años de espera, sería designado en octubre
La ley que creó la figura del defensor del niño en 2005, y que establecía su designación dentro de los 90 días de su promulgación, hizo caso omiso a su propia legislación durante más de 12 años. Recién el año pasado se constituyó una Comisión Bicameral compuesta por cinco diputados y cinco senadores para designar a un defensor, y fue gracias a que distintas ONG judicializaron el tema que se logró este avance. En 2017, 68 candidatos se postularon para el cargo y se aprobó un presupuesto de 50 millones de pesos. Pero todavía falta la designación de la figura que encabezará el organismo: por eso, esta semana se volvió a conformar una Comisión Bicameral que elegirá a uno de esos 68 candidatos y lo nominará ante el Congreso, que deberá ratificar la nominación.
La diputada nacional por Evolución Carla Carrizo fue la titular de la Comisión el año pasado. Por una reglamentación interna se volvieron a elegir las autoridades; serán ellas quienes finalmente nominen a una persona para el cargo. Carrizo, ahora vicepresidenta de la Bicameral, indicó a LA NACION que la tan esperada designación podría tener lugar en octubre y que ahora comienza el proceso de evaluación de los candidatos. "En cinco meses hicimos lo que no se hizo en 12 años", dijo, en alusión a su labor del año pasado. La nueva titular de la comisión es la senadora por La Pampa Norma Durango (PJ).
Garantizar derechos
La cofundadora de la Fundación Sur, Laura Musa, es una de las candidatas para el cargo. En diálogo con LA NACION, explicó lo difícil que fue en 2005 lograr que se apruebe una ley que derogue el sistema de patronato e instaurar así un "sistema democrático" para la relación entre los niños y el Estado en materia civil. "Esta ley organiza el sistema de protección integral para los derechos de la infancia", dijo, en referencia a la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es esa ley la que creó la figura del defensor del niño. "El artículo que designa a un organismo de control para que pudiera monitorear presupuestos, políticas públicas para la infancia, ejecución de los presupuestos y el debido proceso y las garantías para que las familias pobres y sus hijos pudieran acceder a educación, salud, vivienda, a través de un único canal en cada lugar, que es el Consejo de Derechos, nunca se cumplió", expresó.
El objetivo es que se trate de un organismo de control independiente de cada gobierno provincial e independiente de la Nación. "Pero ningún Gobierno acepta el control", enfatizó. La Fundación Sur, junto a protagonistas como la Universidad de Palermo, la ONG Infancia en deuda y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) fueron quienes iniciaron un amparo judicial contra ambas cámaras para que cumplieran con la ley.
Qué hace el defensor del niño
"Este era un tema que venía paralizado porque a ningún oficialismo le gusta que lo controlen", dijo Carrizo, al tiempo que lamentó la demora en el tratamiento del tema. La legisladora se refirió así a la importancia de que exista un defensor del niño: "Sirve para controlar a los tres poderes del Estado, monitorea políticas de estado referidas a la infancia; observa la actuación de los deberes públicos cuando interviene la Justicia. También puede, por ejemplo, exigir mediante un amparo judicial que se garantice el derecho a la educación en el país".
Según Carrizo, la ley 26.061 también estableció la creación de un defensor del niño por cada provincia. El defensor que se designará este año será quien vigile el trabajo de estos 24 defensores, entre otras tareas. "Actualmente hay 19 provincias que todavía no lo designaron. A la ley de 2005 adhirieron todas las provincias menos dos, una es San Luis, pero no todas cumplieron con esa figura porque el oficialismo no quiere ser controlado. Hay que terminar con ese prejuicio de que la figura de control genera sospechas, tiene que haber alguien que ponga luz cuando el dinero no les llega a los protagonistas", añadió la diputada.
¿Defensor del niño por nacer?
"Se dice que Massot y Pinedo quisieran cambiar el nombre del defensor del niño y agregar el niño por nacer. Un delirio, pero si lo lograran, adelanto mi decisión de renunciar al concurso para ese cargo. Si algo tengo bien en claro es qué personas hay que defender en serio. Soy seria". La semana pasada, la abogada Marisa Herrera anticipó a través de su cuenta de Twitter la decisión de renunciar a su candidatura en caso de que el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y el jefe de bloque de diputados por el Pro Nicolás Massot lograran cambiar el nombre del cargo. "Ese ruido se puede haber generado por el debate del aborto que nos atraviesa ahora, pero nadie puede cambiar el nombre porque al nombre lo da la ley", dijo Carrizo, quien ya se manifestó públicamente a favor del proyecto que consiguió media sanción en Diputados.
Se dice q Massot y Pinedo quisieran cambiar el nombre del defensor del niño y agregar el niño x nacer. Un delirio, pero si lo lograran, adelanto mi decisión de renunciar al concurso para ese cargo. Si algo tengo bien en claro es que personas hay que defender en serio. Soy seria&— Marisa Herrera (@herreramarisa12) 6 de julio de 2018
El proceso de selección
La primera etapa del proceso de selección del defensor del niño en base a los 68 postulados consiste en un examen escrito que tendrá lugar en agosto. Luego, cada uno deberá presentar un plan de trabajo donde contará cómo planea llevar adelante su tarea en caso de ser elegido. El tercer paso es una audiencia pública donde, por ejemplo las asociaciones civiles, podrán indagar a los postulados a través de la Comisión Bicameral.
"Nosotros nominaremos un candidato que deberá ser ratificado por las dos cámaras del Congreso", explicó Carrizo. Y agregó: "La velocidad es importante, nuestra expectativa es que sea en octubre que se designe".
Musa, de la Fundación Sur, señaló la preocupación que sienten por la transparencia del proceso. "Hemos escuchado peligrosamente el año pasado a algunas diputadas decir que aunque la ley hablara de 'concurso' se podía hacer alguna reunión donde cada uno diera su opinión. El reglamento que se dictó hasta hoy es muy pobre, no hay plazos, ya presentamos los antecedentes y no nos dijeron ni cómo se evaluaban. Nos preocupa mucho la transparencia y la rigurosidad del examen", indicó.
Además de Durango y Carrizo, integran la comisión por el Senado Gladys González (Cambiemos), Pamela Verasay (UCR), Inés Blas (Bloque Justicialista) y Anabel Fernández Sagasti (FPV-PJ). Por Diputados, Samanta Acerenza (Cambiemos), Soledad Carrizo (UCR), Verónica Mercado (Frente para la Victoria-PJ) y María Florencia Peñaloza Marianetti (Somos San Juan).
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