Declararon nula la causa de la defraudación con las tarjetas en la Legislatura bonaerense y liberaron al puntero detenido

La causa que investigaba una presunta defraudación en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -y que tenía en alerta a la política bonaerense- fue declarada nula por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata.

Minutos después de las 14 de este jueves, la Justicia liberó al principal acusado, el dirigente del PJ Julio Rigau, conocido como “Chocolate”. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que, como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordenó devolverle las tarjetas y el dinero que se le había secuestrado. El caso se inició cuando Rigau fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos. Según la Cámara, la requisa que le hizo en aquel momento la Policía fue ilegal y esa ilegalidad de origen invalida todo lo actuado en el expediente desde entonces.

La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno. Integraron la mayoría los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo. Ellos declararon nula “el acta de procedimiento inicial” de la Policía. Advirtieron que son los jueces los habilitados a ordenar requisas y que las fuerzas de seguridad solo pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito, algo que -para ellos- no se dio en este caso porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático. Sostuvieron que, por ende, debía caer toda la causa.

La Cámara tomó la decisión por dos votos contra uno en respuesta a un habeas corpus presentado por la defensa de Rigau, que reclamaba ser dejado en libertad.

En disidencia, por mantener abierto el caso, se pronunció el juez Fernando Jorge Mateos, que entendió que el accionar policial estaba justificado y afirmó: “No puedo dejar de mencionar el estrépito social o el desconcierto y descrédito para el común de la gente que se derivaría de una decisión como la perseguida”, en alusión a la nulidad que finalmente se dictó. Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.

En la fiscalía que investigó el caso -cuya titular es Betina Lacky- este jueves se mostraban devastados. Los investigadores sospechaban que estaban frente a un acto de corrupción de enorme trascendencia. Creían que Rigau no actuó solo y que forma parte de un armado destinado a financiar una caja negra de la política. Hace tiempo circula la versión de que se nombra en la Legislatura a empleados que no cumplen la tarea para la que según los papeles fueron designados y que su sueldo se destina, en realidad, en todo o en parte para alimentar cajas de la política. La idea era que las sospechas se ratificaran o descartaran con el avance la investigación. Algo que, de confirmarse este fallo, ya no ocurrirá.

Con la intención de evitar el cierre definitivo de la causa, el fiscal Héctor Vogliolo presentará la semana próxima un recurso de Casación, informaron fuentes judiciales a LA NACION.

Lacky, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, escuchó como testigos a una decena de titulares de tarjetas de débito secuestradas a Rigau y varios declararon que desconocían quién los había nombrado como empleados de la Cámara de Diputados.

Según el acta policial que este jueves se declaró nula, Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de cajeros automáticos con 49 tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Tres de esas tarjetas serían de familiares. Antes de que el caso se declarara nulo, la fiscal buscaba saber si extracciones por más de 27 millones de pesos realizadas con las tarjetas de débito constituían una asociación ilícita para defraudar al Estado.

La Legislatura bonaerense tiene 1340 empleados en el Senado y 1510 en Diputados. El sueldo promedio es de $500.000. La fiscal esperaba que el Banco Provincia y la presidencia de la Cámara de Diputados respondieran oficios librados para determinar quiénes firmaron los contratos de las personas titulares de las tarjetas y cuantas extracciones se hicieron a lo largo de los años.

Rigau, que figura empleado como electricista de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, fue acusado en este expediente de 177 hechos (todas supuestas extracciones realizadas con tarjetas “intransferibles” entre el 5 y el 9 de septiembre pasados). Rigau integró en 2019 una lista del peronismo en La Plata como precandidato suplente a concejal. Es un conocido puntero del Partido Justicialista platense.

Cómo empezó el caso

Según el expediente judicial, el 9 de septiembre pasado un hombre se acercó a una garita de la Guardia Urbana de Prevención de La Plata y le dijo al agente municipal Walter Ariel Campano que en los cajeros de las calles 7 y 54 había un hombre “en actitud sospechosa”, sacando dinero con muchas tarjetas. Le contó además que lo solía ver “habitualmente realizando este tipo de extracciones con las tarjetas”. Campano, que fue quien relató esto, declaró que entonces él y un compañero -Leonardo Brizuela- se acercaron al cajero y corroboraron lo que les habían contado. Decidieron entonces llamar al 911. Cuando llegó la Policía (“10 o 15 minutos después”, dijo Campano), Rigau seguía sacando plata. Los policías le pidieron que se identificara, pero él no lo hizo; lo cachearon y le solicitaron que mostrara lo que llevaba a la bolsa negra que tenía. Fue entonces cuando lo detuvieron.

Los fundamentos

Los jueces que hoy anularon la causa sostuvieron que, tal como alegó la defensa, consideraban que “la actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente”.

Ese artículo establece en qué casos la Policía puede disponer allanamientos y requisas urgentes sin la orden previa de un juez. Dice: “Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, [los agentes policiales] podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de todo aquello que constituya elemento del delito o instrumento de un delito o sea producto de él”. El mismo artículo dice que deberán cursar una “inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al Juez de Garantías”.

Los jueces agregaron en su fallo que “no pueden ampararse [los policías] en un estado de sospecha razonada o causa probable”. Sostuvieron que “el accionar de Julio Rigau tal como se encuentra plasmado en el acta de procedimiento policial era una actividad de extracción de dinero en un cajero bancario” que no permitía presumir “una actividad delictual”.

Benavides escribió en su voto -al que adhirió Villordo-: “La circunstancia de realizar operaciones a través del cajero automático por espacio de 20 minutos no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau ni menos aún el traslado del mismo a la seccional policial -sin anoticiamiento previo cuanto menos a la fiscalía de turno- para secuestrarle en la dependencia policial el teléfono (...), las tarjetas bancarias que detentaba en su poder como así también diversas anotaciones personales y una cantidad de dinero en efectivo”.

En su disidencia, el juez Mateos consideró, en primer lugar, que la actividad duró más de 20 minutos. Y manifestó que la Cámara de Casación bonaerense tiene dicho que no hace falta que exista la “certeza” de que se está cometiendo un delito para que la Policía pueda disponer una requisa. “La exigencia de motivación debe ser lo suficientemente estricta para evitar un ejercicio arbitrario de las facultades de requisa o secuestro, pero también lo suficientemente flexible para permitir la prevención e investigación de los delitos”, escribió Mateos citando a la Casación.

Pero los camaristas del voto de la mayoría insistieron en que no hubo una “causa probable” que ameritara semejante intervención policial y dijeron que es necesario “repensar los límites de injerencia de la Policía en la vía pública en los derechos fundamentales de la persona”.

Los jueces alegaron que el acta policial no describió ni fundó “cuáles fueron las sospechas o actos que le generaron [a la Policía] sospechas de encontrarse ante un cuadro predelictual”. Afirmaron que tampoco notificaron los agentes “de inmediato” -como impone la ley- al juez y a la fiscal de lo ocurrido.

Con estos argumentos decidieron: hacer lugar al habeas corpus presentado por la defensa, declarar la nulidad del acta de “procedimiento inicial” y de “lo obrado en consecuencia”, y disponer la “inmediata libertad” de Rigau.

La nulidad se decretó cuando la fiscal Lacky pretendía determinar cómo se había armado el mecanismo de recaudación que daría cuenta de una caja negra en la Cámara de Diputados y el juez de Garantías Guillermo Atencio había convalidado la marcha del caso; había denegado el pedido de excarcelación de la defensa y ordenado un allanamiento en la casa del imputado a pedido de la fiscal.

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