Declaran los últimos testigos en el juicio contra Cristina Kirchner y puede haber veredicto en la segunda mitad del año
El martes es el turno de Javier Iguacel, el exfuncionario macrista denunciante; el tribunal pone en marcha distintas herramientas para acelerar el proceso
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LA NACION
El juicio oral y público contra Cristina Kirchner, acusada de haber integrado una asociación ilícita y favorecido a Lázaro Báez con licitaciones con sobreprecios, entra en su etapa final y la voluntad del tribunal es tener un veredicto en la segunda mitad del año, después de las vacaciones de invierno.
Ya restan pocos testigos para interrogar y los jueces planean que los ocho peritos ingenieros y contadores que analizaron las obras públicas en cuestión declaren todos juntos en una especie de coloquio. Así se acelerarían los tiempos.
A esto se suma la idea de elevar a tres audiencias semanales el ritmo de trabajo cuando comiencen los alegatos de las defensas, fiscalía y querellas. Y tratar de acotar la duración de los cierres que hagan los abogados de los acusados y los acusadores, sin afectar el derecho de defensa. No es fácil porque en el juicio hay 13 acusados, dos querellantes y un fiscal, con lo que son muchos actores para hacer la exposición final.
Si es que no hay un masivo pedido de los acusados para ampliar sus declaraciones indagatorias cuando terminen las testimoniales, es posible que luego de agosto -y antes de fin de año- pueda haber un veredicto.
Los jueces que llevan adelante el proceso son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Deberán juzgar si desde la cabeza del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz se “montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46.000 millones de pesos”.
Los acusados en el juicio por administración fraudulenta son Cristina Kirchner, Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Cristina Kirchner, Báez, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner también están acusados de asociación ilícita.
El juicio se puso caliente en la últimas semanas con la declaración que prestaron dos ingenieros que revelaron irregularidades en las licitaciones, pagos indebidos, pagos exprés, certificaciones de obras sin construir y trato preferencial para las empresas del grupo Báez.
En esta línea está previsto que esta semana declare el exinterventor de Vialidad Nacional Javier Iguacel, que investigó el asunto y realizó una denuncia que dio origen a esta causa y a este juicio oral. Iguacel abundará en esos temas que cubrieron la agenda de la semana pasada con la testimonial del ingeniero Alejandro Mon y de su colega Martín Cergneux.
Mon fue lapidario. En 11 horas de declaración enumeró las irregularidades que vio al analizar medio centenar de obras adjudicadas a Báez en Santa Cruz y aportó un informe -que no se había hecho público hasta ahora- presentado en los últimos cuatro días del gobierno de Cambiemos, donde sintetizaba los favoritismos y pagos indebidos.
Cergneux, con otro tono y menos asertivo, retomó lo que dijo en 2016 cuando declaró por primera vez en esta causa. Contó que como inspector de obra le pedían que firmara certificaciones por construcciones inexistentes para que Báez pudiera cobrar y que por eso renunció. Dijo además que como no quería firmar, otro ingeniero firmaba en su lugar. En 2016 ya había hablado de cómo las obras de Báez se pagaban primero y cómo en alguna obra lo ejecutado era entre 10 y 15 veces menor que lo pagado. Ni el cartel de obra estaba puesto cuando ya se cobraban los certificados.
Estas declaraciones describen un mecanismo de favorecimiento que complica a las autoridades de Vialidad Nacional y Vialidad de Santa Cruz, aunque ninguno de estos testigos mencionó a De Vido, López o a Cristina Kirchner.
Quien los precedió, el exfuncionario de la AFIP Jaime Mecikovsky, sí salpicó con su declaración a las más altas esferas del Poder Ejecutivo al describir cómo el organismo recaudador buscó favorecer a Báez siguiendo instrucciones de la Casa Rosada.
Los jueces tienen previsto escuchar a Iguacel y pidieron un informe para saber de la situación procesal de otros diez testigos que habían sido pedidos por las defensas y los acusadores, pero que no declararon hasta ahora porque estaban imputados, indagados o procesados en esta causa en el tramo que aún está en el juzgado de instrucción. Si estos testigos fueron sobreseídos y sus sobreseimientos están firmes, pueden declarar; de otro modo no podrán hacerlo.
Después de los testigos, el tribunal escuchará a los peritos. Son los especialistas que hicieron un peritaje contable sobre cinco de las 51 obras públicas que son objeto de esta investigación. Una muestra. Este es uno de los cuestionamientos que realizó Cristina Kirchner en la Corte y pidió peritar toda la obra pública. Otro cuestionamiento, que jaquea el juicio, es el de cosa juzgada, por el cual la vicepresidenta argumenta que esta causa ya se investigó y cerró en Santa Cruz. Si la Corte le da la razón, este juicio no tendría sentido. Es lo que opinó el presidente Alberto Fernández cuando declaró como testigo hace un mes.
Los peritos oficiales concluyeron que en las obras públicas se pagaron 170 millones de dólares en sobreprecios en estas cinco obras: tres tramos de la Ruta Nacional 3, un tramo de la Ruta Provincial 47 y otro de la Ruta Nacional 288. La disidencia fue de la ingeniera Adriana Alperovich, perito de la defensa de Cristina Kirchner, que sostuvo que el Estado pagó “los precios de plaza”.
El peritaje tiene 522 páginas y sobre cada punto de pericia, los peritos –todos juntos en la misma audiencia- podrán dar su punto de vista y que se produzca entonces la controversia de opiniones.
Los peritos oficiales y de la fiscalía también coincidieron en que las empresas de Báez no tenían la capacidad técnica para hacer las obras.
Este proceso se inició por Zoom hace tres años, en plena pandemia. En caso de que el juicio oral termine con una condena contra alguno de los acusados, la sentencia solo se ejecutará una vez que quede firme, es decir, con fallo de la Cámara de Casación y de la Corte, lo que puede prolongar este caso al menos dos años más.
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