Decisivo golpe al juicio político

Una novedad que trascendió en las últimas horas en la justicia federal significa otra refutación a la mayoría kirchnerista de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Tal como anticipó LA NACION, el juez Ariel Lijo firmó una resolución en la que señala que Juan Carlos Maqueda, ministro de la Corte Suprema de Justicia, nunca estuvo imputado, ni hay razones para suponer una futura imputación, en la causa por la obra social del Poder Judicial. Significa más que un sobreseimiento, porque el propio Lijo señaló que no se puede sobreseer a quien nunca estuvo imputado ni podría estarlo en el futuro. Una intensa operación política con claro sesgo kirchnerista (y con algunas complicidades de propios funcionarios de la misma Corte) había vinculado a Maqueda con extrañas maniobras en esa obra social. La campaña contra Maqueda incluyó carteles calumniosos contra él, que se pegaron en la vía pública, sobre todo en las inmediaciones de los tribunales donde están la oficinas de la Corte Suprema y cerca de su casa.

La resolución del juez Lijo fue firmada el 29 de diciembre, pero se registró en el sistema informático del Poder Judicial en los últimos días, ya concluida la feria judicial de enero. El fiscal Carlos Stornelli había pedido el sobreseimiento de Maqueda después de una larga investigación. Sin embargo, Lijo subrayó en su resolución que existieron distintas intervenciones de los ministros de la Corte Suprema en la obra social que “autorizaron los actos de adjudicación y contratación de las empresas, las que se vieron precedidas de los dictámenes de la comisión de preadjudicación del Consejo de la Magistratura y, en algunos casos, del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema”.

El magistrado señala, en síntesis, que la obra social del Poder Judicial depende de toda la Corte Suprema, que todos sus miembros tuvieron intervenciones en sus decisiones y que estas fueron avaladas antes por el Consejo de la Magistratura o por los peritos de la Corte. Lijo destaca que Maqueda no ha sido individualizado como imputado en ninguna circunstancia ni tampoco se ha explicado de qué forma las hipótesis delictivas podrían involucrar al juez de la Corte. Y concluye: “Lo cierto es que ni de la descripción de los hechos objeto de la imputación ni de cualquiera de las posibles hipótesis delictivas que se sostengan podría resultar imputado en este proceso el ministro Maqueda”. En otras palabras, la presencia de Maqueda en ese expediente –y la consiguiente campaña pública que intentó desacreditarlo– fue una maquinación política, que terminó en la Comisión de Juicio Político que conducen en los hechos los hipercristinistas Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

La resolución de Lijo solo podría ser apelada por Stornelli, pero es obvio que el fiscal federal no recurrirá a una instancia superior para modificar la opinión del juez. Si Stornelli pidió la absolución de Maqueda, Lijo firmó una decisión que es más que una absolución. Cosa juzgada, entonces. A Maqueda podrían juzgarlo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados por sus sentencias: la cautelar de la Corte que ordenó devolverle a la Capital parte del dinero que Alberto Fernández le sacó con un mero decreto o la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura. Este último caso es especialmente hiriente para Cristina Kirchner, porque la integración considerada inconstitucional por la Corte fue una idea suya en los tiempos en que era senadora. Además, la inconstitucionalidad de esa integración significó reinstalar la vieja ley de integración del Consejo, que pone en su presidencia al titular de la Corte Suprema.

La consecuencia inevitable es que Horacio Rosatti, presidente de la Corte, es ahora también el titular del Consejo de la Magistratura; la vicepresidenta le tiene especial antipatía a Rosatti. El ego herido de Cristina Kirchner recibió un segundo e inmediato golpe cuando Rosatti asumió el doble rol de presidente de la Corte y del Consejo.

De todos modos, la jurisprudencia nacional e internacional establece que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias, salvo que estas sean comprobadamente írritas o fraudulentas. Nadie dijo que semejante categoría correspondería a las decisiones de la Corte Suprema. El juicio político al máximo tribunal es solo un capricho de Cristina Kirchner, luego de que un tribunal oral la condenara a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante su administración del país como presidenta. Esa sentencia nunca estará firme hasta que la convalide la Corte Suprema. ¿Casualidad que se junten en el tiempo las dos cosas, la eventual y todavía lejana decisión de la Corte sobre la libertad de Cristina Kirchner y el juicio político al tribunal? Difícil, si no imposible. Por eso, el argumento de la proscripción electoral de la vicepresidenta es una chapucería política y jurídica.

Sea como fuere, no se puede juzgar políticamente a los jueces de cualquier forma. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que un juicio político debe resguardar el derecho del debido proceso y del juicio justo que protege a cualquier juicio en un sistema democrático.

La decisión de Lijo se suma a la resolución del juez federal Daniel Rafecas que sobreseyó a otros dos jueces de la Corte, el propio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por el presunto delito de prevaricato. El fiscal Guillermo Marijuan había impulsado una causa contra esos jueces supremos porque habían hecho extensivo a los presos por delitos de lesa humanidad el sistema que beneficia con el dos por uno (un año se computa como dos para los presos que pasaron mucho tiempo en prisión preventiva) para los condenados por causas comunes. Esa decisión de Rosatti y Rosenkrantz –a cuyas firmas se sumó en su momento la exjueza Elena Highton de Nolasco– es también una de las razones del juicio político que impulsan Moreau y Tailhade. Luego, el Congreso modificó la ley penal y ese beneficio no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Rosatti y Highton de Nolasco modificaron entonces su anterior decisión.

Otro juez federal, Sebastián Ramos, archivó una causa contra un colaborador de Rosatti, Silvio Robles, iniciada por la filtración de una pinchadura de teléfonos. En esa conversación, Robles habría hablado con el ministro de Justicia y Seguridad de la Capital en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, sobre la cautelar de la Corte Suprema en el conflicto entre el gobierno federal y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Ramos consideró, con lógica jurídica, que no se podía avanzar en una causa penal basándose en un delito como la intervención ilegal de conversaciones telefónicas. Ramos coincidió con el dictamen previo del fiscal Stornelli, quien se había pronunciado en el mismo sentido que resolvió el juez.

Precisamente Ramos fue citado para este jueves por la mayoría kirchnerista en la Comisión de Juicio Político, junto con otro juez federal, el de La Plata, Alejo Ramos Padilla, hijo del camarista abiertamente kirchnerista Juan Ramos Padilla. Alejo Ramos Padilla recibió también una denuncia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra Silvio Robles por sus conversaciones telefónicas con D’Alessandro. Ramos Padilla se declaró incompetente para investigar esa causa y la envió a los tribunales federales de la Capital. Pero en su resolución hizo largas consideraciones con explícitas críticas al supuesto contenido de esas conversaciones. Un mamarracho jurídico. Si es incompetente, es incompetente. Punto. No tiene nada más que decir. Pero Moreau y Tailhade quieren confrontar a dos jueces federales con posiciones muy distintas sobre el mismo asunto.

El show debe seguir. La mayoría de la Comisión de Juicio Político (mayoría de un voto) estima que el espectáculo podría extenderse por dos o tres meses más. La oposición de Juntos por el Cambio debate en estos días qué hacer en adelante. “No hay peleas ni disidencias, sino un intercambio permanente de opiniones”, señaló un miembro del bloque de la coalición opositora en esa comisión. Sucede que se sienten ninguneados y maltratados porque ven que los oficialistas tienen información de la que ellos carecen. Por ejemplo: ¿por qué se llama a determinado testigo? ¿Quién es ese testigo? Silencio. No hay respuesta de parte del oficialismo. Los oficialistas se adjudican también la facultad de ordenar el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre personas. Aducen que no quieren saber el contenido de tales conversaciones, sino quién habló con quién. Son pícaros: esa es la antesala de una citación como testigos a ciudadanos que simplemente hablaron por teléfono. La oposición sostiene, en cambio, que la orden de entrecruzamiento de llamadas debe pasar previamente por un juez federal, quien debería autorizar –o no– tales requerimientos.

Con todo, Elisa Carrió instruyó a sus legisladores para que continúen asistiendo a las reuniones de la comisión y sean ellos los abogados defensores de las personas citadas por Moreau y Tailhade. “No las podemos dejar solas en manos de semejante gente”, arguyó la líder de la Coalición Cívica. La propia Carrió podría ser convocada a las sesiones de la comisión por el juicio político que le inició al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti. Carrió irá. “Se arrepentirán de haberme convocado porque hablaré de Lorenzetti, pero también impugnaré todo el proceso y hablaré de los supuestos jueces de este esperpéntico juicio político”, adelantó en alusión a Moreau y Tailhade.

La ensayista Beatriz Sarlo calificó de “golpe civil” la embestida del kirchnerismo contra la Corte Suprema. Tiene razón. Pero es un golpe civil condenado al fracaso, porque el peronismo no tiene los votos suficientes en el Congreso como para tumbar a los jueces de la Corte. Un golpe fracasado como lo son todos los golpes perpetrados por inútiles políticos. La tercera versión del kirchnerismo perdió hasta la astucia.

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