De la Rúa, a un paso de ser absuelto en la causa por los sobornos

El ex presidente Fernando de la Rúa está a las puertas de ser absuelto en el juicio que enfrenta desde hace un año y cuatro meses, acusado de ordenar el pago de sobornos por 5 millones de pesos para aprobar una ley laboral. El fallo se conocerá mañana y alcanzaría a todos los acusados, ex senadores y ex funcionarios, y al arrepentido Mario Pontaquarto, que confesó haber pagado las coimas. Los alegatos habrían convencido a los jueces de que el pago no existió.

La sentencia de los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 contendría duras críticas, que pueden derivar en denuncias al juez que instruyó el caso, Daniel Rafecas, cuya situación analiza el Consejo de la Magistratura porque intercambió mensajes con un letrado cercano al vicepresidente Amado Boudou cuando investigaba el caso de la ex Ciccone.

Los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez establecieron que la sentencia se leerá mañana, pese al asueto declarado para la administración pública nacional. Dos de ellos -Pons y Gordo- son los mismos que en 2007 anularon casi toda la investigación de la causa AMIA y absolvieron a todos los acusados, al denunciar un complot de integrantes de los tres poderes del Estado para encontrar a falsos culpables.

La versión de cómo podría terminar el caso de los sobornos circuló con fuerza hace dos meses en Tribunales, lo que generó la airada reacción del fiscal Federico Delgado, que investigó el caso. En las últimas semanas, tras los alegatos, esa información adquirió firmeza.

El fallo beneficiará por lo pronto al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, a quien no acusó ni la fiscalía ni la Oficina Anticorrupción, con lo que el caso de la Banelco, como se lo conoció, dejó afuera a quien se le adjudicó haber dicho irónicamente que para acordar con los senadores tenía esa tarjeta de débito. También serían beneficiados el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Fernando de Santibañes y cuatro ex senadores peronistas: Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Sus alegatos pusieron los mojones de una sentencia que hará que el caso quede en la nada: el eje central del fallo sería que el pago de sobornos no existió, a pesar de la confesión de Pontaquarto, y que tampoco ocurrió la reunión en la Casa Rosada donde, según la acusación, De la Rúa autorizó el pago con la frase: "Eso arréglenlo con De Santibañes".

Las defensas sostuvieron que ese encuentro no pudo haber ocurrido por las contradicciones de Pontaquarto al describir el lugar y porque los choferes de los asistentes no confirmaron la versión del arrepentido.

Por otro lado, las defensas argumentaron que no hay pruebas de que hubieran salido de las arcas de la SIDE, como afirmó la fiscalía, 5 millones para pagar los sobornos. Ni siquiera sumando el dinero destinado a las operaciones especiales. La fiscalía probó que días antes del pago se sacaron de la cuenta de la SIDE del Banco Nación 6,5 millones de pesos que quedaron en efectivo en la caja fuerte del organismo, pero las defensas sostienen que esa operatoria se hacía mensualmente para pagar los sueldos de los agentes que, por el secreto que los protege, no están bancarizados.

De Santibañes puso además el acento en el sumario administrativo realizado en la SIDE que, dijo, sirvió para preparar el terreno para la confesión de Pontaquarto. Y resaltó que, cuando el arrepentido dice que se reunió con él en oficinas de la SIDE para retirar el dinero, estaba en otra reunión con otras tres personas, dos de las cuales lo confirmaron.

La prueba que llevó al ex presidente y a los ex senadores a juicio se basó en el relato de Pontaquarto y en un peritaje telefónico que estableció que los protagonistas estaban en determinados lugares que confirmaban el relato del arrepentido, según qué antenas de telefonía celular activaban sus teléfonos durante sus desplazamientos. Pero los peritos declararon que no siempre la llamada la toma la antena más cercana y que puede tomarla otra vecina si está ocupada, con lo que las defensas relativizaron esas evidencias.

Pero ¿por qué alguien se incriminaría y confesaría que cometió un delito como el pago de sobornos si no está diciendo la verdad? Ése fue el argumento de Pontaquarto en sus últimas palabras ante los jueces.

Las defensas sostuvieron en sus alegatos que al momento de su confesión, Pontaquarto ya estaba sin trabajo en el Senado, con apremios económicos, enfrentando una causa judicial por no haber rendido viáticos y tenía la posibilidad de cobrar al menos 18.000 dólares de los dueños de una revista, convertirse en el adalid de la lucha contra la corrupción, obtener trabajo y acogerse al programa de protección de testigos.

Las defensas, incluida la de De la Rúa, sostuvieron que su relato permitió montar una operación política, de la que acusaron al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, a Aníbal Ibarra y al dirigente Daniel Bravo.

En la víspera de Nochebuena se tendrá certeza jurídica acerca de si el pago de sobornos que llevó a la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez a la vicepresidencia de la Nación existió o no.

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