De dónde salieron y cuánto costaron las municiones que según el Gobierno se contrabandearon

Las 70.000 municiones que según la denuncia del Gobierno se contrabandearon a Bolivia durante el macrismo costaron en total 1.024.800 pesos (el equivalente a unos 36.000 dólares al momento de su compra), de acuerdo con cálculos hechos por LA NACION sobre información oficial presentada a la Justicia. Son parte de los 558.744 cartuchos antidisturbios cuya adquisición acordó -un año y medio antes del presunto contrabando- Patricia Bullrich con Fabricaciones Militares. El objetivo central de esa compra era cubrir las necesidades del G-20, que se reunió en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018.

Gendarmería recibió entonces muchas más municiones antidisturbios que todas las demás fuerzas policiales y de seguridad juntas. El gobierno argentino temía que se repitiera lo que había pasado un año antes en la cumbre del G-20 en Hamburgo, Alemania, donde a pesar de que se había montado un gigantesco operativo hubo destrozos por toda la ciudad porque los movimientos antiglobalización se habían propuesto atacar y quemar todos los objetivos que representaran al capitalismo.

Bullrich tenía especial confianza en la Gendarmería y en Gerardo Otero, su jefe, quien además tuvo durante el macrismo un importante rol regional. Fue presidente, elegido por unanimidad, de la Comunidad de Policías de América (Ameripol). En el G-20 la Gendarmería tuvo a su cargo “el tercer cordón de protección”, explicó a LA NACION una fuente cercana a Bullrich, que relató: “Partimos de la base de lo que había pasado en Hamburgo y Gendarmería tenía a su cargo el cordón más grande, el que estaba en las afueras, custodiando los hoteles y todo el alrededor”.

De acuerdo con documentación que el gobierno nacional presentó en la causa penal que investiga el supuesto contrabando agravado, el origen de los cartuchos es un “acta acuerdo bilateral para la provisión consolidada de municiones y disuasivos químicos destinado a las fuerzas policiales y de seguridad” que firmaron Bullrich, como ministra, y Luis Riva, como representante de Fabricaciones Militares (FM), el 18 de junio de 2018.

Bullrich acordó la compra de un total 954.246 cartuchos 12/70 (588.831 comunes y 365.415 de estruendo). De esos, la gran mayoría sería para Gendarmería, que recibiría 558.744 (316.357 comunes y 242.387 de estruendo). Las otras fuerzas mencionadas en ese acuerdo fueron la Policía Federal, para la que se acordaron 96.408 cartuchos (36.942 comunes y 59.466 de estruendo); la Prefectura Naval, 291.594 (230.532 y 61.062), y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, 7500 (5000 y 2500).

Del convenio surge además el precio unitario de los cartuchos: $14,64 los comunes (el equivalente a 0,5 dólares a la fecha del convenio) y $11,36 los de estruendo. Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso a la causa, donde está incorporado el documento que contiene este detalle.

Según informó la semana pasada el Gobierno en su ampliación de la denuncia, como parte de aquel convenio FM le entregó a Gendarmería, el 15 de noviembre de 2018, “91.750 cartuchos antitumulto, según remito N°20332 de la Dirección General de Fabricaciones Militares - Fabrica Fray Luis Beltrán, de los cuales la totalidad se corresponde al Lote 8/18, exactamente el mismo lote encontrado por la policía boliviana”.

“Es decir -afirma el gobierno nacional-, la Gendarmería Nacional Argentina tenía en su poder, desde noviembre de 2018, la cantidad de 92.400 Cartuchos Anti Tumultos fabricados por Fabricaciones Militares, sede Fray Luis Beltrán, lote 8/18. A partir de los hallazgos en los depósitos de la Policía Boliviana, resulta concluyente que por lo menos 26.900 de esos cartuchos terminaron en manos de la policía boliviana.”

Los exfuncionarios argentinos acusados de haber sido parte de un acuerdo destinado a “colaborar con una dictadura” y consolidar la caída de Evo Morales niegan que tal plan haya existido. En su entorno dicen que es un absurdo. Destacan que la denuncia alude a un lote de balas de goma, sin poder letal, y que de haberse enviado a Bolivia, no hay ninguna prueba que acredite que el gabinete de Macri haya tenido alguna intervención.

Para el gobierno de Alberto Fernández, en cambio, un envío semejante, organizado por la Gendarmería y hecho en un avión militar, sin que la Fuerza Aérea declarara su salida en el manifiesto de vuelo, tuvo que haber tenido un aval al más alto nivel.

Otero, el exjefe de la Gendarmería, no hizo declaraciones públicas desde que se conoció el presunto contrabando. Y Bullrich les dijo a otros exfuncionarios macristas que no había podido dar con él, que creía que estaba en el exterior. Los investigadores judiciales esperan que el Gobierno les envíe en las próximas horas una prueba que hace una semana que el juez Javier López Biscayart le pidió a la ministra Sabina Frederic que le remitiera “de inmediato”: el sumario administrativo en el que declararon los gendarmes que viajaron a Bolivia. El viernes por la tarde, el ministerio de Frederic informó al juzgado que este lunes las mandaría.

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