De Cristina a Massa, el Estado somos nosotros

De la custodia vicepresidencial en manos de La Cámpora al control de precios a cargo de los camioneros de Moyano. El balance que deja el último año de la cuarta gestión kirchnerista en el poder es un Estado atrofiado e ineficaz de tan omnipresente y, paradójicamente, privatizado: el rol asignado ahora al sindicato de los Moyano, como antes a La Cámpora, implica la privatización del Estado por otros medios. Las corporaciones sindicales o políticas alineadas con el gobierno y sus intereses cumplen funciones claves del Estado. Servicios públicos como la seguridad de la vicepresidenta de la República o un poder de policía sobre la cadena productiva se confían arbitrariamente a grupos de presión y con poder de lobby en pos de sus propios intereses, que coinciden con los del oficialismo. La noción liberal de Estado se pierde, bajo gestión kirchnerista, en un laberinto de corporativismo cada vez más concreto y brutal del que no se sale fácilmente.

La Argentina del “Estado soy yo” de Cristina Kirchner se reproduce en el ministro de Economía Sergio Massa, el responsable de nombrar a Camioneros como custodios de los “precios justos”. De Cristina Fernández a Massa, ahora la formulación es “El Estado somos nosotros”, es decir, también Massa, sus intereses y los grupos de poder con los que tienen coincidencias.

La delegación ilegal e ilegítima de responsabilidades al sindicato de Camioneros para el control de precios implica otra escalada en esa lógica corporativista: se reproduce incluso en el socio kirchnerista que se esfuerza por mostrarse como practicante convencido de un capitalismo más razonable. Es decir, Massa, que sorprende con una medida más extrema que cualquier voluntad de vigilancia y castigo iniciada por el exsecretario de Comercio Roberto Feletti, iniciador de la nueva saga de precios cuidados para controlar la inflación.

La decisión de sumar a los camioneros casi como grupo de choque de la Secretaría de Comercio en sus visitas a los centros distribuidores de alimentos desmiente la pretensión de razonabilidad que se atribuye Massa, y que se le atribuye en el tablero de la interna del Frente de Todos. En ese punto, la contradicción se vuelve un dato político que intensifica lo que, según muestran las encuestas, la opinión pública ve en el ministro que insiste con moverse como Primer Ministro: la falta de credibilidad ahora también como garante de un sentido común capitalista.

La Argentina naturaliza lo inconcebible. La privatización del Estado en manos de corporaciones kirchneristas o peronistas viene pasando de largo y se instala, aceptada, como otro dato más de la realidad. Así sucedió con el rol que cumple La Cámpora en la seguridad de Cristina Fernández. Cuando la vicepresidenta sufrió el atentado en la vereda de su departamento en Barrio Norte, un factor clave dentro del análisis y de la investigación de los hechos fue esa especie de guardia pretoriana que la custodiaba. Como si la mismísima líder de la coalición que consolidó su hegemonía en torno al Estado presente y su ocupación plena, también desconfiara de las capacidades del Estado que creó. No es la policía del Estado nacional o distrital la encargada de su seguridad sino una militancia rentada que responde políticamente a su líder. A la hora de sentirse segura, la precede y rodea un grupo de muchachos de La Cámpora.

Esa custodia ad hoc vicepresidencial muestra varias cosas. Por un lado, una desconfianza en el Estado y en los servidores públicos que el mismo kirchnerismo creó: el Estado cooptado por el kirchnerismo, rechazado por su propio creador. Por otro lado, una voluntad de romper toda lógica de funcionamiento estatal razonable cuando la hegemonía buscada supera incluso el alcance de todo el aparato estatal.

Esa línea de acción es consistente y transversal a muchas de las decisiones más polémicas del kirchnerismo de esta gestión y de las del kirchnerismo histórico. Desde la intervención del Indec o la intervención fallida a Vicentin, o el avance contra la Justicia y la Corte, el conflicto con CABA por la coparticipación, todos síntomas de un modo de concebir la cosa pública. Cuando los andariveles de lo público y lo estatal institucionalizado no son suficiente para alcanzar el objetivo político, el Estado se corporativiza.

Ese modus operandi no requiere ni siquiera de una puesta en escena que “legalice” la intromisión. El rol de “agente de información”, tal como informó LA NACION ayer, con el que el gobierno describe el papel de Camioneros y de otros gremios, como Alimentos, Comercio y Uocra, entre otros, no está especificado en ninguno de los acuerdos y no cuenta con ningún atisbo de marco legal. Es una atribución de hecho definida por el ministerio que controla Massa. Una obra toda suya.

La formación de cuerpos especiales como el conformado por Camioneros para el cumplimiento de algunos de esos objetivos es un salto en la calidad de esa concepción: un agravamiento. La exhibición desembozada de la parcelación del Estado, que deja de ser de todos para estar bajo el control de algunos grupos. Elisa Carrió los llamó “grupos parapoliciales”.

El debut de Camioneros en su rol de custodios de los precios justos kirchneristas fue elocuente. Militantes kirchneristas festejaron la medida en Twitter y entendieron con precisión, pero sin autocrítica, el sentido de la medida del gobierno. “La comunidad organizada: 100% por ciento peronismo”, tuiteó uno de ellos.

La referencia está clara: la participación de la corporación en funciones estatales como una materialización de las ideas peronistas expuestas en La comunidad organizada, de Juan Perón, y su vínculo con el corporativismo estatal del fascismo europeo.

Esa alusión quedó reforzada por la curiosa elección de vestuario de la rama logística de Camioneros en el centro de distribución de Coto en Esteban Echeverría, que mostró cómo se desempeñan en funciones estatales, junto a los servidores públicos de la secretaría de Defensa al Consumidor: todos los sindicalistas con remeras negras a modo de uniforme, otra línea de puntos que lleva a memorias históricas los “camisas negras” de Mussolini.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, no dejó dudas sobre el nuevo rol de los sindicatos. “Junto a Pablo Moyano, sumamos la colaboración de @cgt_camioneros para que los trabajadores de la rama logística del gremio aporten en la verificación del cumplimiento”, tuiteó y agregó: “Trabajamos para que las familias argentinas paguen lo que es justo en cada compra”.

A la hora de controlar a los monopolios, Massa se pone más cerca del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, emblema de la política antiinflacionaria del kirchnerismo histórico y de sus prácticas más heterodoxas. Por llamarlas de alguna manera.

El objetivo político de abrirle la puerta a la corporación sindical en la lucha contra la inflación abre preguntas acerca de su objetivo. El combate contra la inflación desde la trinchera de la microeconomía parece tener más un sentido político que realista: el control de precios en medio de un incendio macroeconómico como lo es la emisión desmedida funciona más como el chorrito de un rociador que de una manguera a alta presión.

Si se trata de un mensaje lanzado a la militancia kirchnerista, una muestra cabal de presión sobre los monopolios, la botella arrojada al mar no está llegando a la orilla. Ayer, la kirchnerista dura Alicia Castro tuiteaba: “Nos van a proponer ESTO como candidato a presidente ‘para impedir que gane la derecha’. @SergioMassa alias massita El candidato de @tonyaracre @Syngenta, del @GrupoTechint, de Vila y de Manzano, de Clarín y de la embajada. Pero TAN boludxs no somos, no? [sic]”. Se necesita más agua, también, para apagar el incendio de la indignación del kirchnerismo duro ante la ubicuidad ideológica de Massa. Debajo del texto se podía ver una foto: el carnet de afiliación a la Ucedé de un joven Massa fechado el 23 de febrero de 1993.

Massa corre un riesgo delicado. El mismo que condicionó de manera terminal la credibilidad del presidente Alberto Fernández. El mismo que viene corriendo hace una vida política. Querer ser tantos Massa al mismo tiempo que ya nadie sabe quién es. Por el momento, todo parece indicar que la opinión pública no está dispuesta a otorgarle su confianza. Después de 150 días de gestión, según una encuesta de Management and Fit, sólo el 19% de los encuestados dice que mejoró la situación económica.

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