“Daño irreparable”: profesores e investigadores de derecho del país y el exterior rechazaron la candidatura de Lijo

Profesores de derecho e investigadores del país y el exterior se pronunciaron en contra de la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema. Tras considerar los escasos antecedentes jurídicos del postulante de Javier Milei, más las sospechas y denuncias que arrastra por su patrimonio y el manejo de las causas a su cargo, los especialistas advirtieron que la llegada al máximo tribunal del juez federal no solo “representaría un enorme retroceso que socavaría aún más la ya muy golpeada confianza que los ciudadanos tienen en los tribunales”, sino que provocaría un “daño irreparable” sobre el Poder Judicial.

“El estado de derecho requiere que los tribunales decidan de forma imparcial, motivados por lo que establece el derecho y no por razones personales o de conveniencia política. También requiere que los ciudadanos puedan razonablemente confiar en que los tribunales decidirán de ese modo. Para que esto ocurra, es fundamental que los ciudadanos confíen en la integridad de sus miembros, en particular en los de los tribunales de máxima jerarquía”, comienza la declaración, que lleva la firma de reconocidos juristas, profesores e investigadores de universidades públicas y privadas del país y el extranjero, de todas las ramas del derecho.

“Desde esta perspectiva, la designación del Dr. Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación representaría un enorme retroceso, que socavaría aún más la ya muy golpeada confianza que los ciudadanos tienen en los tribunales”, completan en el primer tramo de la declaración, que se suma a decenas de rechazos y críticas a la nominación de Lijo lanzadas en las últimas semanas desde asociaciones académicas, profesionales y empresariales.

El texto recuerda el “sinfín de acusaciones de corrupción vinculadas con el uso de su autoridad como juez” que pesan sobre Lijo, para advertir que esas acusaciones surgieron de “actores políticos representativos de las más variadas afiliaciones partidarias e ideológicas”, lo que –interpretan los especialistas”– abonan las “muy buenas razones para desconfiar de Lijo” que existen en la ciudadanía.

“Este costo para la confianza ciudadana en los tribunales es ciertamente independiente de que él, eventualmente, sea sobreseído en todas las instancias judiciales y disciplinarias correspondientes. El daño a la percepción de legitimidad e integridad del Poder Judicial en su conjunto sería igualmente irreparable”, añaden.

Por último, y no menos contundentes, los profesores e investigadores señala que “Lijo no tiene ningún antecedente extraordinario” que justifique asumir ese costo sobre la confianza en los tribunales. Y detallan: “No se trata de un destacado jurista reconocido por sus pares, ni tiene antecedentes académicos significativos para un cargo de esta envergadura, ni se le conocen contribuciones relevantes al estudio o desarrollo del derecho. En cuanto a su desempeño como juez de instrucción en el fuero penal federal, incluso dejando de lado las acusaciones mencionadas, tampoco puede decirse que haya sido especialmente destacado o digno de elogio”.

“No se comprende, entonces, cuáles podrían ser las razones para designar a este candidato, teniendo en cuenta el enorme costo en términos de percepción de legitimidad que ello tendría para el Poder Judicial en su conjunto”, concluye el texto, no sin solicitar al Senado y al Presidente que no avancen con el nombramiento de Lijo.

Los firmantes de la declaración

• Antonio María Hernández, Profesor Titular Plenario de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Juan José Avila, Profesor Asociado (retirado): extitular de Cátedra de Derecho Penal y del Proceso Penal, Universidad de Buenos Aires.
• Martín Diego Farrell, Profesor Emérito, extitular de Cátedra de Filosofía del Derecho. Universidad de Buenos Aires.
• Eduardo Rivera López, Investigador Principal, CONICET; Profesor Plenario, Universidad Torcuato Di Tella.
• Emiliano J. Buis, Investigador Independiente, CONICET: Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Universidad de Buenos Aires.
• Juan Marco Vaggione, Investigador Principal, CON/CET: Profesor Titular de Sociología, Universidad Nacional de Córdoba.
• Marcelo Alegre, Director del Instituto de Investigaciones A. Gioja; Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Buenos Aires.
• Martin Böhmer, Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Buenos Aires.
• Paula Gaido, Investigadora Adjunta, CONICET; Profesora Adjunta, Universidad Nacional de Córdoba: Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires.
• Roberto Gargarella, Investigador Superior, CONICET; Profesor Titular de Cátedra de Derecho Constitucional, Universidad de Buenos Aires.
• Alba Ruibal, Investigadora Independiente, CONICET; Investigadora, Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad, Universidad Nacional de Córdoba.
• Andrea Castagnola, Profesora Visitante, Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella.
• Brenda Dvoskin, Becaria Postdoctoral. Universidad Georgetown; Profesora Asociada entrante, Universidad de Washington en St. Louis.
• Claudina Orunesu, Profesora Titular de Metodología de la Investigación Cientifica, Profesora Adjunta de Teoría General del Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata.
• Claudio E. Guiñazú, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Damián Azrak, Profesor, Maestría en Derecho, Universidad de Palermo.
• Demián Zayat, Profesor, Maestría en Derecho, Universidad de Palermo; Jefe de Trabajos Prácticos, Universidad de Buenos Aires.
• Federico Ambroggio, Profesor Adjunto Regular Encargado de Cátedra “Derecho Constitucional I”, Universidad Nacional del Comahue.
• Federico De Fazio, Investigador Asistente, CONICET, Profesor de Teoría General del Derecho, Universidad de Buenos Aires; Profesor, Universidad de La Plata.
• Gustavo Maurino, Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella.
• Horacio Javier Etchichury, Investigador Adjunto, CONICET; Profesor Adjunto, Facultad de Derecho y Profesor Titular, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
• Ignacio Anitúa, Investigador Independiente, CONICET; Profesor de Derecho, Universidad de Buenos Aires; Profesor Titular, Universidad de Nacional de José C. Paz.
• Ignacio Giuffré, Docente e Investigador Postdoctoral, Universitat Pompeu Fabra.
• Jonás Elfman, Profesor Adjunto (int.) de Derecho Constitucional, Universidad de Buenos Aires.
• Juan González Bertomeu, Investigador Adjunto, CONICET; Profesor de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de Buenos Aires.
• Juan losa, Investigador Adjunto, CONICET; Universidad Nacional de Córdoba.
• Laura María Giosa, Co-Directora del Centro de Investigación en Derechos Humanos, Unicen; Profesora Titular de Derechos Humanos y Garantías en la Unicen.
• Laura Saldivia, Profesora Titular del Doctorado y la Maestría en Derechos Humanos, Universidad de Palermo.
• Leticia Vita, Investigadora Adjunta, CONICET; Profesora de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
• María Jimena Sáenz, Investigadora Adjunta, CONICET; Profesora Regular de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de La Plata.
• Miguel A. Benedetti, Profesor Regular de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de La Plata.
• Nahuel Maisley, Investigador Asistente, CONICET; Profesor Adjunto, Universidad de Buenos Aires; Profesor Asociado Global, Universidad de Nueva York.
• Mariela Puga, Investigadora Adjunta, CONICET, Profesora Titular de Cátedra de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Córdoba.
• Mauro Benente, Director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales y Profesor Titular, Universidad Nacional de José C. Paz; Profesor Adjunto, Universidad de Buenos Aires.
• Maximiliano Carrasco, Investigador Adscripto, Instituto de Investigaciones A. Gioja. Universidad de Buenos Aires.
• Omela Mazza Gigena, Profesora de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo.
• Paola Bergallo, Investigadora Adjunta, CONICET; Profesora Asociada, Universidad Torcuato Di Tella.
• Pablo Suárez, Profesor Adjunto Interino, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo.
• Pedro Luis Arrouy, Profesor Titular regular de Derecho Constitucional, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Director del Departamento de Derecho Público, Unicen Azul.
• Pedro Caminos, Profesor Adjunto Interino de Derecho Constitucional, Universidad de Buenos Aires.
• Ramiro Álvarez Ugarte, Vicedirector del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE), Universidad de Palermo: Profesor de Derecho, Universidad de Buenos Aires.
• Santiago Truccone, Profesor Asistente (por término), Universidad de Graz.
• Sebastián Linares Lejarraga, Investigador Adjunto, CONICET; Profesor, Universidad Europea en Madrid.
• Silvina Pezzetta, Investigadora Adjunta, CONICET; Investigadora asociada al Instituto de Investigaciones A. Gioja, Universidad de Buenos Aires.

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