Daniel Llermanos, el abogado de los Moyano que recuperó fondos congelados gracias a Norberto Oyarbide

La devolución a contrarreloj y durante la feria judicial de medio millón de dólares congelado por la Justicia que protagonizó el juez federal de Lomas Federal, Federico Villena, registra un antecedente singular. Ocurrió hace poco más de diez años, fue por un monto similar y lo protagonizó el mismo abogado que destrabó el dinero para la hija de Hugo Moyano, aunque lo benefició otro juez, icónico de las últimas décadas: Norberto Oyarbide, según reconstruyó LA NACION en base a los archivos de tribunales.

Aquella vez, el cliente del abogado y ex juez Daniel Llermanos no fue la hija del líder del gremio de los Camioneros, Hugo Moyano, u alguien de su entorno, sino un ciudadano español que reside y trabaja en la Argentina, José Antonio Fernández Fernández, que alquiló un departamento en el complejo "Madero Plaza", en el barrio porteño de Puerto Madero.

El problema se suscitó cuando la dueña del inmueble abrió la baulera vinculada a ese departamento –baulera que no integraba del alquiler- y encontró una valija que no era suya. Al abrirla se encontró con más de medio millón de euros, y alertó a las autoridades, lo que derivó en la apertura de la investigación 1097/2010.

Ese expediente recayó en las manos del juez federal Oyarbide, quien ordenó allanar el departamento y secuestrar "documentación que acredite la compra venta de divisas, giros de divisa extranjera y/o moneda nacional al exterior, y todo otro elemento que denote movimiento de valores, documentación contable y llaves compatibles con candado de seguridad y computadoras".

Oyarbide también requirió al Banco Central (BCRA) que le informara si tanto José Antonio Fernández Fernández, por entonces de 62 años, como supuesto dueño de esos fondos, o una empresa vinculada a él registraban "operaciones de compra de divisas (dólares estadounidenses) durante los años 2008 y 2009" y si esas operaciones lo eran "de manera consistente" con lo que ese hombre había informado en sus declaraciones juradas de ganancias para esos años: 479.862 y 515.026 dólares, respectivamente.

Mientras Oyarbide determinaba su origen y legalidad, los fondos permanecieron en la caja de seguridad número 25 de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, del mismo modo que el dinero incautado durante el allanamiento en la casa de Karina Moyano se depositó en la sucursal de Lomas de Zamora de esa misma entidad bancaria.

Tanto José Antonio Fernández Fernández como Karina Moyano solicitaron a la Justicia que les devolviera el dinero congelado. Para eso, ambos recurrieron al mismo abogado, Daniel Llermanos, a quien tanto en Lomas de Zamora como en Comodoro Py recuerdan por una práctica que lo distingue: no suele pasar por las mesas de entradas de los Juzgados sino que suele presentarse en la antesala de los despachos de los jueces.

En el caso de Karina Moyano, intentó recuperar el medio millón de dólares durante 2019, pero el segundo juez a cargo de la pesquisa, Juan Pablo Augé, rechazó su solicitud, que ella no apeló, por lo que quedó firme.

José Antonio Fernández Fernández, por el contrario, varias veces requirió que le devolvieran el dinero, sin éxito. Hasta que, ya durante la feria judicial de enero de 2011, tuvo éxito. Es decir, cuando estaban de vacaciones quienes tramitaban el expediente en el Juzgado de Oyarbide. Por eso, quien acompañó al ciudadano español hasta la sede del Banco Nación fue alguien distinto: el mismo secretario del juez que en diciembre de 2013 protagonizó un allanamiento a la sede de la "Asociación Mutual Propyme", una financiera de Guillermo Greppi, que derivó en acusaciones por pedido de sobornos.

Por el contrario, la hija de Hugo Moyano debió esperar 28 meses para recuperar los US$436.670 y $600.000 que la Justicia encontró en su casa. Recién lo logró, también con la ayuda del letrado Llermanos, durante la feria judicial de enero pasado, cuando Augé y su equipo estaba de vacaciones y lo suplantó su colega Federico Villena.

Irregularidades

De acuerdo a un escrito de 13 carillas que los fiscales federales Cecilia Incardona y Diego Iglesias presentaron luego ante el juez Augé para pedir la nulidad de lo que dispuso Villena, este magistrado cometió múltiples irregularidades:

- Villena "habilitó la feria sin existir ninguna de las causales normadas" en el Código Procesal y el Reglamento para la Justicia Nacional "y le imprimió el veloz trámite de 3 días a dos pedidos que no se fundan en una sola razón de urgencia", fijándoles un plazo de 24 horas para responder una vista, plazo que el mismo juez no respetó;

- También "dictó la resolución de sobreseimiento de una persona [en alusión a Karina Moyano], sin conocer las constancias del expediente, sin tener a su cargo la investigación y sin ser el juez natural del caso";

- "Dictó la resolución sin oír a este Ministerio Público Fiscal, pese haberle corrido vista, estando en conocimiento expreso de que este órgano se encontraba estudiando el caso"; y

-"Ordenó la restitución del dinero secuestrado previo a notificar lo resuelto a este Ministerio Público Fiscal, tornando ilusorio cualquier recurso contra aquella decisión".

Augé admitió el pedido de los fiscales y declaró nula la resolución de Villena, por lo volvió atrás con el sobreseimiento de Karina Moyano, quien también deberá devolver el dinero. Esa fue otra diferencia con José Antonio Fernández Fernández, al que patrocinó su abogado Llermanos en el Juzgado de Oyarbide. Él sí se quedó con el dinero, aunque su derrotero posterior fue tumultuoso: aparece vinculado a operaciones con facturas truchas, arrastra un crédito en situación 5 –"irrecuperable"- con el Banco Comafi por medio millón de pesos, cheques rechazados por un monto similar y deudas tributarias en la provincia de Buenos Aires por las que la Justicia le embargó dos autos.

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