Daniel Arroyo busca superar el escándalo y elimina a los intermediarios

Daniel Arroyo busca salir por arriba del lugar incómodo en el que quedó. Ya decidió que descentralizará la compra de alimentos y que dejará de utilizar los intermediarios, algo que ocurre desde hace años. Pero los 15 funcionarios eyectados del Ministerio de Desarrollo Social no calmaron los ánimos: la pulseada interna continúa.

El escándalo de la compra de alimentos dejó expuesta una disputa por el control del territorio y una caja millonaria de unos $60.000 millones entre los intendentes, especialmente del PJ bonaerense, La Cámpora y las organizaciones sociales. No es el problema más urgente que tiene que resolver Arroyo, pero sí el más importante.

Primera en la lista de prioridades se encuentra la compra de alimentos, que está suspendida para revisar otros posibles sobreprecios, lo que podría demorar la provisión en el conurbano de algunos insumos básicos, como la leche. El tiempo, en este punto, juega en contra del Gobierno y suma tensiones con intendentes y organizaciones sociales.

Parte de esto fue lo que hablaron ayer el presidente Alberto Fernández y Arroyo con el empresario Luis Perez Companc, titular de Molinos Río de la Plata. El Gobierno evalúa adquirir 12 millones de toneladas de alimentos directamente a los productores.

Arroyo también resolvió que los comedores comprarán directamente los alimentos con una tarjeta que les dará el Estado, una propuesta que ya tenía en carpeta. Se trata de la continuación de la tarjeta Alimentar -se repartieron 1.500.000 en todo el país-, que se terminó de implementar esta semana.

La lucha de poder dentro del ministerio hizo visible la atomizada organización interna, donde atienden distintas terminales de poder. Preocupados por lo que ocurre en el área que administra el presupuesto más voluminoso, desde la Casa Rosada hablaron con Arroyo para fortalecer el sector que quedó vacante tras la salida del secretario de Articulación de la Política Social, Gonzalo Calvo, y su equipo.

Arroyo contará en este punto con el asesoramiento del ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, que aportaría parte del grupo que se sumará en los próximos días. Ambos se mostraron juntos el último viernes, junto al asesor presidencial Julián Leunda, en José León Suárez, donde visitaron la obra del Padre Pepe.

Puertas adentro del ministerio poco cambió: la batalla es por el control de la plata que distribuye Desarrollo Social en concepto de compra de alimentos y transferencias directas a las organizaciones sociales. Se trata de una lucha entre distintos sectores que atienden distintas terminales de poder, como las organizaciones sociales, La Cámpora, funcionarios de la gestión de Alicia Kirchner y representantes de los intendentes del PJ bonaerense, un crisol de culturas que nunca logró conducir Arroyo.

"No podés quedar bien con todo el mundo. Pero el tema está cerrado para nosotros, ahora es un tema de la Justicia", describió uno de los hombres de confianza del Presidente, que respaldó a Arroyo, a quien considera honesto y trabajador. Parcelar Desarrollo Social fue parte del acuerdo que selló Alberto Fernández con esos sectores para ampliar su base política. Y es también un reflejo de la alianza que posibilitó el triunfo en las elecciones de octubre.

Esa relación de fuerzas se mantendrá, al menos por los próximos meses. En medio de la pandemia del coronavirus y la profunda crisis económica, no es momento para abrir conflictos con el resto de los socios del Frente de Todos, según explicaron cerca del jefe del Estado.

En el heterogéneo grupo que lidera Arroyo las organizaciones sociales están representadas por el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que quedó a cargo de la Secretaría de Economía Social, y del referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración. La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner, se quedó con el control de la Secretaría de Inclusión Social, lugar que ocupó la diputada nacional Laura Alonso. Y los intendentes estaban representados por Calvo y su grupo, que serán reemplazados por gente cercana a Katopodis.

Hasta el momento, en cada pulseada, Arroyo buscó que cada sector gane y pierda un poco. Un ejemplo de esto sucedió con la unificación de los planes sociales, que las organizaciones representadas por Pérsico intentaron controlar. Finalmente, el ministro laudó que una parte quede bajo la órbita del líder del Movimiento Evita y la otra se la dio a Erika Roffler, a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores.

La Cámpora también se quedó con una parte importante de la caja con el refuerzo de meriendas que reparte el ministerio.

Las tensiones continuarán. El problema más grave que debe enfrentar Arroyo es la demanda de alimentos. En las últimas semanas las personas en comedores pasaron de 8 a 11 millones de personas. "Ese salto se produjo muy aceleradamente y en poco tiempo", resaltaron.

Ese requerimiento, que diariamente le hacen llegar los curas villeros, Cáritas y las organizaciones sociales, todavía no se pudo cubrir, según reconoció un hombre al tanto de esas operaciones.

En medio del vendaval, Arroyo también sufrió los infructuosos intentos de Victoria Tolosa Paz, la mediática titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, por horadar su figura. La pareja del publicista José "Pepe" Albistur, dueño del departamento donde vivía el Presidente, su íntimo amigo, siempre quiso el lugar que ocupa Arroyo.

"Lo lastima a Alberto, no a Arroyo", se quejó uno de los hombres de confianza del Presidente. Pese a los reiterados intentos, Tolosa Paz no accedió a hablar con LA NACION. Los que lo vieron en las últimas horas destacan que Arroyo "estaba destruido, decepcionado, pero se recuperó". "Vine para ser un ministro de 2020 y terminé siendo un ministro de 2002", se lamentó Arroyo ante unos íntimos.

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