Cuotas hasta 2028. El plan de Cristóbal López y Fabián de Sousa para saldar su deuda con la AFIP
Los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan llegar a un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para devolverle en cuotas, y con una tasa de interés negativa con respecto a la inflación, los miles de millones de pesos que le adeudan en impuestos impagos. ¿Las cuotas? Serían doce, aunque podrían llegar hasta el 2028, según surge de la propuesta que presentaron ante la Justicia y cuya copia obtuvo LA NACION.
La cifra definitiva de dinero que López y De Sousa terminarían por devolverle al Estado como así también el número final de cuotas son aún inciertas. Dependerán de la Justicia y de algunos funcionarios de la AFIP; en particular, de la titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Virginia García, la excuñada del hoy diputado nacional, Máximo Kirchner.
El último paso para buscar ese acuerdo –"avenimiento", en términos de quiebras y concursos– fue la presentación de un escrito en la quiebra de Oil Combustibles. Allí, López y De Sousa solicitaron a la Justicia que envíe un oficio al organismo tributario que lidera Mercedes Marcó del Pont para buscar "un acuerdo de pago del 100% de la deuda verificada y declarada admisible a favor de la AFIP".
¿A cuánto asciende la deuda mínima que arrastra la petrolera con la AFIP y que ya se encuentra verificada en la quiebra que tramita en tribunales? Supera los $6700 millones, aunque el organismo y la sindicatura discrepan sobre qué porcentaje de ese monto es con "privilegio general" y cuánto debe tomarse como "quirografario", lo que a su vez conllevaría un recálculo, según los técnicos de la AFIP, de otros $375 millones, más intereses por $61,8 millones adicionales.
Ese piso mínimo de $6700 millones en impuestos impagos es, a su vez, solo lo que le adeudaría Oil Combustibles al fisco, sin computar sus deudas con una larga lista adicional de acreedores, oficiales y privados. Tampoco incluye lo que otras empresas del Grupo Indalo le adeudan a la AFIP o a otros acreedores, oficiales y privados.
Así, por ejemplo, López y De Sousa también buscan llegar a un acuerdo con los acreedores del diario Ámbito Financiero -entre ellos, ex periodistas del diario Buenos Aires Herald-. Plantearon una quita de hasta el 40% sobre la deuda de 2017, pagarles el resto en 120 cuotas, con una tasa del 0,5% mensual y con un período de gracia de doce meses. Y en el caso de los acreedores laborales del propio Ámbito Financiero, ofertaron pagarles con una quita del 10 por ciento, en 48 cuotas, sin intereses.
Escollo inesperado
En cuanto a Oil Combustibles, en tanto, las tareas para llegar a la cifra definitiva que le adeuda la petrolera al fisco se toparon con un escollo inesperado que, sumado a otras objeciones previas, terminó por provocar la remoción de los síndicos de la quiebra, sin derecho al cobro de sus honorarios.
¿Qué pasó? Toda la documentación con el reclamo de la AFIP se encuentra acumulada en legajos que debían resguardar los síndicos de la quiebra. Pero no fue así. No tenían el material porque lo remitieron al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema para que completaran el peritaje contable dispuesto en el juicio oral que tiene como acusados a López, De Sousa y Ricardo Echegaray.
Solo cuando esa información esté otra vez a disposición del Juzgado, López y De Sousa podrán avanzar en su intento de acuerdo con la AFIP. ¿Por qué? Porque deben enumerar, de la manera más detallada posible, cuánto adeuda Oil Combustibles en impuestos, aportes previsionales, deudas aduaneras, intereses resarcitorios y punitorios hasta que se decretó la quiebra de la petrolera, y las multas aplicadas.
Solo con esas precisiones por escrito, a su vez, podrán dar el siguiente paso. El abogado de los patagónicos, Eduardo Fabier Dubois, avanza basado en la Resolución General 3587 de la AFIP que desde 2014 regula a qué facilidades de pagos pueden acceder los contribuyentes que quieren salir de la quiebra. Pero adelantó que también buscarán apoyarse en el plan de regularización de impuestos que el Congreso aprobó por ley 27.260, a mediados de 2016.
¿Qué dice la Resolución General 3587? Que los contribuyentes quebrados que busquen acceder a un plan de pagos deberán presentar una solicitud formal que será resuelta por la titular de la DGI. Es decir, por Virginia García, quien se desempeñó al frente de la flamante Dirección Regional de la AFIP en Río Gallegos, por orden de Ricardo Echegaray, y luego ocupó una banca como senadora nacional de Santa Cruz por el Frente para la Victoria (FPV).
Solo si García da luz verde al pedido de Oil Combustibles, entonces la misma Resolución General 3587 determina que Oil Combustibles podría acceder a un máximo de 96 cuotas -es decir, un plan de pagos de hasta 8 años-, con una tasa de interés del 0,5% mensual. Es decir, muy por debajo de la inflación anual desde hace años.
La resolución 3587 se combina, sin embargo, con otra posterior, la 4117/2017, que limita el plan de facilidades de pago a solo doce cuotas para los contribuyentes que se encuentran procesados, como así también "a las personas jurídicas cuyos directivos se encuentren imputados" por delitos vinculados a la evasión, con tasas de interés más elevados (2,93% mensual), pero también por debajo de la tasa de inflación.
Pero López y De Sousa podrían seguir otro camino. Es decir, apuntar al "plan de regularización de obligaciones tributarias" que el Congreso aprobó en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, mediante la ley 27.260. Allí se establece que las grandes empresas podrían acceder a un plan por hasta 90 cuotas, con una financiación equivalente a la tasa pasiva del Banco Nación (hoy cercana al 2% mensual). Es decir, hasta fines de 2028 y, también, con una tasa de interés por debajo de la inflación.
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