Ley ómnibus: Francos no logró acordar con los legisladores dialoguistas y sigue sin destrabarse la votación en particular

El manual de la política parlamentaria enseña que, cuanto más tiempo pasa en el debate de un proyecto de ley, más riesgo se corre de que quede deshilachada en el camino. Luego de tres días de negociaciaciones extenuantes, el oficialismo finaliza la semana sin la media sanción del megaproyecto de ley que reclama el presidente Javier Milei; por ahora solo se lleva la aprobación en general, pero en los hechos eso solo tiene un impacto simbólico. Lo cierto es que la discusión en particular de sus artículos continúa trabada.

Uno de los motivos que explica el parate en el debate de la ley es la puja ya explícita entre el Gobierno y las provincias. Quien se mostró más combativo en las últimas horas es el cordobés Martín Llaryora, quien metió presión y bajó línea a sus seis legisladores para que se negocie la inclusión en el proyecto de un artículo que garantice la coparticipación del impuesto PAIS, tercero en la recaudación nacional máxime desde que el Gobierno elevó la alícuota al 17,5%. Anoche el reclamo del cordobés movió el avispero en el resto de los gobernadores, incluso los peronistas, prestos a sumarse al operativo presión. Los votos comenzaron a flaquear y las alarmas se encendieron en el tablero oficialista: no estaban garantizados los apoyos para la aprobación en particular de los artículos claves del megaproyecto, entre ellos las facultades legislativas que Milei quiere asegurarse para este año.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, debió concurrir esta mañana de urgencia a la Cámara de Diputados. Desde temprano estaba el vicejefe de Gabinete José Rolandi. En el despacho de Martín Menem lo esperaban los caciques de los bloques de oposición dialoguista. Allí Francos se anotició que tampoco convencía la contrapropuesta que había elevado el Gobierno anoche sobre privatizaciones de las empresas públicas.

En efecto, si bien la Casa Rosada accedía a reducir de 36 a 27 el número de empresas a ser declaradas sujetas a privatización total, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en que se incluya en el articulado un mecanismo de control parlamentario exhaustivo previo a cada privatización, ya sea a través de la Auditoría General de la Nación o una Comisión Bicameral de Seguimiento con facultades extendidas. El radicalismo también avisó que no está de acuerdo con que el Banco Nación pueda ser privatizado parcialmente.

Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera siguen generando cortocircuitos. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso.

“Le planteamos a los funcionarios infinidad de veces que así como está planteado no lo vamos a apoyar. Pero insisten”, se lamenta uno de los más activos negociadores de la UCR.

En paralelo, la cuestión fiscal de las provincias metía ruido en las negociaciones, ya de por sí complejas. Tal como anticipó LA NACION, no bien comenzó el debate del proyecto de ley ómnibus el miércoles pasado, los legisladores que responden a Llaryora comenzaron a buscar aliados, incluso entre los peronistas, para forzar al Gobierno a que se coparticipe la recaudación del impuesto PAIS.

“Ya tenemos el número”, deslizó, a modo de advertencia, un legislador del entorno más cercano del mandatario cordobés.

El tema, sin embargo, podría llegar a encauzarse sin ir al choque en el recinto. El cordobés Oscar Agost Carreño y Alejandro Cacace (UCR), dos de los negociadores más activos, plantearon una alternativa a los delegados del Gobierno: si no se accede a coparticipar el impuesto PAIS, que al menos se reformule el destino de Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para que se garantice el flujo de pago de aquellas cajas jubilatorias que armonizaron sus estándares con la Nación, las de Córdoba y Santa Fe.

El oficialismo dio una tibia señal de que podría receptar estos planteos. Antes de pasar a un cuarto intermedio al martes próximo, el presidente de la Comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, anticipó que los artículos referidos al FGS y al impuesto PAIS, que el oficialismo había excluido del dictamen para su debate en particular, serán nuevamente incorporados. Esto significa que las negociaciones continuarán.

En rigor, el conflicto por la coparticipación del impuesto PAIS se remonta desde el lunes, cuando los gobernadores de la oposición dialoguista, reunidos el lunes pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), le transmitieron al ministro Francos la necesidad de avanzar en la coparticipación del tributo.

Si bien el funcionario se habría mostrado permeable al reclamo –al menos ésa fue la sensación que se llevaron los mandatarios presentes en el CFI-, lo cierto es que pocas horas después lo descartó de plano públicamente. “De ninguna manera conversamos sobre la coparticipación del impuesto PAÍS. Dialogamos sobre el impuesto PAÍS, pero no hablamos de coparticiparlo. Y punto, eso fue todo”, enfatizó Francos.

El cambio de actitud del ministro del Interior –que los opositores atribuyeron a una desautorización ordenada por el propio presidente Javier Milei- indignó a los gobernadores, sobre todo al cordobés Llaryora. El malestar se acrecentó cuando el Gobierno ordenó eliminar del texto de la ley todo vestigio del impuesto PAIS para evitar su debate. “Se discutirá junto al paquete fiscal en las próximas semanas”, enfatizaron desde la Casa Rosada.

El ninguneo del oficialismo provocó el efecto de un bumerang: de inmediato, con los cordobeses como punta de lanza, comenzó a articularse en la Cámara de Diputados una masa crítica de legisladores para presionar al Gobierno. Exigen un gesto formal del presidente Milei para discutir la cuestión fiscal de las provincias, hasta ahora postergada sin fecha. Mientras ese gesto se siga postergando, no estarán garantizados los votos para los artículos claves del megaproyecto de ley de Milei, entre ellos las facultades legislativas que el Gobierno pretende arrogarse por un año y la autorización para privatizar empresas públicas.

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