Los chats de los fiscales que revelan la protección del juego ilegal en Santa Fe
Ya hay cuatro fiscales imputados; algunos confesaron; un senador provincial los reclutaba para cubrir la actividad a un empresario; las conversaciones
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Cuatro fiscales de Santa Fe están imputados, con distinto grado de participación, por favorecer y formar parte de una organización criminal que manejaba el juego clandestino en la provincia, comandada por Leonardo Peiti, y que tenía aceitados contactos políticos con el senador peronista Armando Traferri, quien –según los investigadores– era el que articulaba la protección que le daba la Justicia al empresario.
Melisa Serena se transformó en la cuarta fiscal imputada en la causa de juego clandestino, que tiene a Peiti, como jefe de una asociación ilícita que pagaba sobornos para obtener protección judicial y política de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de distintos puntos de la provincia.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, acusaron a Serena, quien se desempeña en la fiscalía de San Lorenzo, de dos delitos. Ya fueron procesados en agosto pasado Gustavo Ponce Asahad y el extitular de la Fiscalía Regional de Rosario Patricio Serjal, por el cobro de sobornos.
El 23 de marzo pasado se sumó a este lote el fiscal de Reconquista Rodrigo González, a quien su colega de Melincué Matías Merlo lo acusó de “encubrimiento de una organización criminal” que lideraba Peiti y de “la sustracción y ocultamiento de 703 legajos de causas judiciales que estaban asignadas a su persecución penal”. El jueves 18 de marzo González fue suspendido en sus funciones por la comisión de Acuerdos de la Legislatura.
No hay antecedentes en la historia judicial de Santa Fe que cuatro funcionarios estén acusados de participar en una asociación ilícita, que en este caso lideraba el empresario como Peiti, que confesó en agosto pasado que pagó sobornos a los fiscales Ponce Asahad y a Serjal.
En esa trama, los investigadores Schiappa Pietra y Edery le atribuyen al senador del PJ Armando Traferri ser parte de la organización para generar los contactos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que garantizaban la impunidad para que funcionara de manera aceitada el engranaje de juego clandestino.
Traferri no pudo ser imputado, porque sus pares del Senado rechazaron en diciembre pasado las acusaciones que presentaron los fiscales en el Senado. Los investigadores de la Agencia de Criminalidad Organizada sufrieron otro revés el mes pasado, luego de que la jueza Eleonora Verón denegara el planteo de inconstitucionalidad del artículo 27º, que regula los fueros en la Legislatura de Santa Fe, que es uno de los pocos cuerpos legislativos en el país en el que prohíbe, mientras tengan fueros, abrir una investigación contra uno de sus miembros.
Hace una semana, José Luis Vázquez, abogado del senador provincial Traferri, presentó una denuncia por incumplimiento de funcionario público y abuso de autoridad contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra al entender que “hubo dolo e intención de perjudicar” al legislador.
Este miércoles le tocó el turno a la fiscal Serena, que fue imputada de haber cometido dos delitos. No quedó detenida, porque los acusadores no pidieron medidas de prisión preventiva. Uno de los delitos que le imputan a la fiscal es la omisión de la persecución de delitos que ella conocía, según trasciende de los mensajes por la red de mensajería Telegram que se encontraron en el teléfono de Nelson Ugolini, también imputado, quien era el secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad, que confesó haber cobrado coimas de parte del empresario Leonardo Peiti.
El otro delito que le atribuyen los fiscales que cometió Serena es el de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque no puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación que un funcionario de la Fiscalía de Rosario estaba averiguando por allanamientos que se iban a realizar en San Lorenzo –una jurisdicción ajena a su área de trabajo-, departamento que representa el senador Armando Traferri.
La fiscal se negó a dar las contraseñas para que los investigadores pudieran acceder a su iPhone. Sin embargo, los fiscales tienen en su poder los mensajes de Telegram que le enviaba Ugolini, una ficha clave en la trama de los sobornos.
El secretario del fiscal Ponce Asahad la llamaba para que “parara la oreja” –según contó en la audiencia Edery, uno de los investigadores– si se producían allanamientos y operativos policiales “en agencias de juego clandestino y puertos secos”, donde se comercializan cereales en negro, una modalidad delictiva que tiene un fuerte peso en San Lorenzo, donde se encuentra la mayoría de las terminales portuarias.
“Rubia, el tema es así, yo trato de conseguir la info por los mismos policías. Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles (en referencia al fiscal Balbis); no creo que sea tan idiota que siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri, es lo peor que podés hacer”, señaló en febrero de 2020 Ugolini en uno de los audios que le envió a Serena.
“Para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (entiende la fiscalía su jefe Ponce Asahad) y tiene que pasar por Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no y máxime cuando Serjal está enfrentado con (Marcelo) Sain….” .
La fiscal le respondió: “¿Qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? Fijate que no son ni siquiera inteligentes para armar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario. Fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. Y llega a la Fiscalía a hacer la intermediaria para agarrarlo a quién? ¿A (Armando) Traferri en el medio? Justo nosotros vamos a agarrar a Traferri. Ni siquiera tiene inteligencia este tipo”.
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