Cuántas tierras "improductivas" tiene el Estado y qué planes tiene el Gobierno

El Estado tiene en su poder más de 129.000 kilómetros cuadrados en tierras fiscales e inmuebles a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero el Gobierno no tiene en claro aún cuál es la superficie "ociosa" que podría destinar a viviendas, programas de agricultura familiar o parques industriales, tal como viene proclamando Alberto Fernández. Más de la mitad de los inmuebles en manos de organismos públicos (un 52%, equivalente a 67.956 kilómetros cuadrados) está "en estudio", es decir que su situación y su uso no están relevados de forma centralizada.

"Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a quienes produzcan", dijo el martes el Presidente en una reunión virtual con el "Equipo Técnico de Arraigo" del PJ. Fernández aseguró que "sobran las tierras fiscales" y agregó que esos terrenos deberían ser usados para "producir alimentos para las zonas aledañas". Pero todavía no hay un plan nacional a largo plazo.

La proclama del Presidente tiene un espíritu similar a otras propuestas que emanan de referentes satelitales al Gobierno, aunque sin interconexión entre sí. Es un menú que va desde el "Plan de Desarrollo Humano Integral" o "plan Marshall criollo" que presentaron los movimientos sociales y los gremios -con Juan Grabois como su figura más resonante- hasta el planteo que viene haciendo el propio Equipo Técnico de Arraigo del PJ, que a su vez dio señales de apoyo a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), autora de los "verdurazos".

Según datos oficiales de septiembre de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), existen 76.475 inmuebles públicos (tierras y edificaciones) que suman 129.667 kilómetros cuadrados. De esa superficie, 68.516 kilómetros cuadrados están destinados para asentamientos, barrios populares o comunidades indígenas; 40.027 para espacios públicos; 3.223 para rutas; 2288 para inmuebles en trazados urbanos; 1.863 para tierras rurales estatales; 1.553 para zonas de vías e inmuebles ferroviarios; 1.072 para terrenos de servidumbre eléctrica; 830 para zonas costeras, y 245 para aeropuertos nacionales. Además hay 10.050 kilómetros cuadrados "sin clasificar".

Según fuentes oficiales, a principios de este año se había iniciado un proceso de "constatación" de los terrenos que requieren estudio, pero se vio interrumpido por la pandemia. "En rigor, todos los inmuebles pertenecen a organismos públicos, pero la información sobre el uso que se les da no está centralizada", explicó una fuente oficial a LA NACION. De acuerdo a la información de la AABE, las dependencias con más cantidad de terrenos fiscales son el Instituto Nacional de Tierras Indígenas (67.370 kilómetros cuadrados), la Administración de Parques Nacionales (8.903), las Fuerzas Armadas (9.013), la propia AABE (5.592) y el INTA (1.072).

Las cinco provincias con más superficie en manos del Estado son Neuquén, Salta, Jujuy, Santa Cruz y Río Negro, aunque Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las que tienen más cantidad de inmuebles.

Programas dispersos

Hasta ahora, el Gobierno hizo algunos anuncios dispersos tendientes a darle un uso a las tierras fiscales. Pero no existe un "masterplan" nacional y a largo plazo, como reclaman Grabois y otros referentes cercanos al oficialismo. "El AABE está consolidando la información de las tierras para que los ministerios puedan trabajar sobre eso. La decisión política está y todas las acciones que hicimos van hacia ahí", dijo ayer a LA NACION un portavoz de la Casa Rosada.

El "gabinete de tierras" -integrado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los funcionarios vinculados a la temática- se encontró por primera vez en julio, pero dejó de reunirse de forma periódica. Síntoma de los problemas de articulación del área fue el desplazamiento ayer de la exministra de Hábitat, Desarrollo Urbano y Vivienda, María Eugenia Bielsa.

Con la ministra saliente también se había lanzado en agosto en la Casa Rosada el "Plan Nacional de Suelo Urbano" para "generar soluciones habitacionales y contribuir al arraigo de la población". Ahora, la continuidad del programa estará en manos del nuevo ministro del área, Jorge Ferraresi."El nuevo ministro va a trabajar sobre la información consolidada que surja de las tierras improductivas", aseguró una fuente oficial.

Esta tarde, el Ministerio de Desarrollo Social firmará un fideicomiso junto al BICE y al AABE para darle uso a los fondos del impuesto PAIS que gotean en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a cargo de Fernanda Miño, militante de la UTEP de La Cava cercana a Grabois. Esa dependencia tiene como objetivo la urbanización de barrios populares.

También se anunciaron iniciativas muy puntuales, presentadas como actos de gestión. Arroyo presentó semanas atrás una colonia de 50 personas para la producción de alimentos en Luján, emplazada sobre una tierra fiscal. Y ayer Cafiero hizo un acto por la cesión de un predio del Estado para ampliar el parque industrial La Cantábrica de Morón. El jefe de Gabinete aseguró: "Hay una cuestión estratégica, decidida por el Presidente y es que las tierras públicas, las tierras fiscales, sirvan para la producción y el empleo".

Con la colaboración de Romina Colman

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