Más de la mitad de las tierras estatales son territorios ocupados y reclamados por comunidades indígenas

Más de la mitad de las tierras que están bajo la órbita del Estado son, en rigor, territorios ocupados y reclamados por comunidades indígenas. De acuerdo a los registros de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los inmuebles registrados por el Gobierno abarcan una superficie de 129.667 kilómetros cuadrados, pero un 51,9% (67.370 kilómetros cuadrados) surgen del relevamiento "técnico, jurídico y catastral" que se hizo sobre las extensiones ocupadas por pueblos originarios que habitan en la Argentina.

Los territorios que surgieron del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Reteci), creado en 2007, obedecen a tierras ocupadas por comunidades originarias "de forma actual, tradicional y pública". Lo que se hizo en esos casos fue un estudio interdisciplinario (con geógrafos, antropólogos, administrativos y abogados) de esas tierras para la elaboración de una "carpeta técnica" con cartografías de ocupación, informes antropológicos y dictámenes jurídicos. Es un primer reconocimiento oficial a ese territorio, pero no implica un título de propiedad.

De acuerdo a datos del INAI, el Estado tiene identificadas a más de 1700 comunidades en todo el país, de las cuales 1065 aún no tienen culminado su relevamiento territorial. Las comunidades que ya están reconocidas por el Gobierno suelen mantener una convivencia pacífica en las provincias. No es el caso de las ocupaciones conflictivas, como ocurre hoy en Villa Mascardi, donde la comunidad Winkul Lafken Mapu no está dispuesta a reconocer la ley argentina.

Hay, en tanto, más de un centenar de órdenes firmes de desalojo que están suspendidas por la ley 26.160, prorrogada en septiembre del 2017, en plena efervescencia del conflicto mapuche por el caso de Santiago Maldonado.

La mayoría de las comunidades indígenas están emplazadas en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Chaco, Neuquén, Río Negro y Chubut. El territorio relevado por el Reteci es el equivalente a tres veces la provincia de Tucumán o la provincia de Formosa.

Barrios populares

De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) elaborado en 2018, a lo largo y a lo ancho del país existen más de 4.400 villas o asentamientos que cubren 440 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a dos ciudades de Buenos Aires. "Más de la mitad de los barrios nacieron antes del año 2000, mientras que casi un cuarto del total son posteriores a 2010. Alrededor de 1.600 de estos asentamientos se encuentran en el conurbano bonaerense", señala la página del Renabap.

Ayer, el Ministerio de Desarrollo Social firmó la creación de un fideicomiso junto al BICE y al AABE para darle uso a los fondos del impuesto PAIS que gotean en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a cargo de Fernanda Miño, militante de la UTEP de La Cava cercana a Juan Grabois. Esa dependencia tiene como objetivo la urbanización de esos barrios populares relevados.

El Gobierno no tiene en claro aún cuál es la superficie "ociosa" que podría destinar a viviendas, programas de agricultura familiar o parques industriales, tal como viene proclamando Alberto Fernández .

Según datos oficiales de septiembre de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), existen 76.475 inmuebles públicos (tierras y edificaciones) que suman 129.667 kilómetros cuadrados. De esa superficie, 68.516 kilómetros cuadrados están destinados para asentamientos, barrios populares o comunidades indígenas; 40.027 para espacios públicos; 3.223 para rutas; 2288 para inmuebles en trazados urbanos; 1.863 para tierras rurales estatales; 1.553 para zonas de vías e inmuebles ferroviarios; 1.072 para terrenos de servidumbre eléctrica; 830 para zonas costeras, y 245 para aeropuertos nacionales. Además hay 10.050 kilómetros cuadrados "sin clasificar".

"Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a quienes produzcan", dijo el martes el Presidente en una reunión virtual con el "Equipo Técnico de Arraigo" del PJ. Fernández aseguró que "sobran las tierras fiscales" y agregó que esos terrenos deberían ser usados para "producir alimentos para las zonas aledañas". Hasta ahora, no existe un "masterplan" a largo plazo.

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