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Cuando se frustra un debate, los ciudadanos pierden un derecho
En las últimas semanas, los porteños perdimos en dos oportunidades la posibilidad de asistir a un debate entre los candidatos a jefe de gobierno que según las encuestas tienen más chances de competir en la segunda vuelta electoral.
La conclusión a la que cualquiera puede llegar (y a la que muchos, efectivamente llegaron según se pudo ver en las redes sociales) es que, en realidad, ni Mauricio Macri ni Daniel Filmus tenían voluntad efectiva de enfrentarse en un debate, al menos no antes de la primera vuelta.
Por la decisión de dos de los 11 candidatos que competirán el domingo, se rompió con una sana tradición que la ciudad había instaurado en 1996 cuando en las primeras elecciones a jefe de gobierno debatieron el candidato radical Fernando de la Rúa y el del Frepaso Norberto La Porta.
El debate se repitió en el 1999 entre Aníbal Ibarra y Domingo Cavallo, en 2003 entre Ibarra y Macri, y en 2007 entre Macri y Filmus , los mismos candidatos que este año se negaron a discutir sus ideas y planes de gobierno.
Esta noche, la UBA organizará su propio debate al que asistirán 10 de los 11 candidatos. El único ausente será Macri.
Puede ser que en los cálculos electoralistas de quienes encabezan las encuestas el no debatir sea una estrategia que les permita polarizar las elecciones y asegurarse un lugar en la segunda vuelta. Pero el costo que se está pagando es el derecho que tenemos los ciudadanos a escuchar sus propuestas.
Por ese motivo, los porteños (y todos los argentinos de cara a las elecciones presidenciales) deberíamos exigir que los candidatos estén obligados por ley a asistir a debates públicos.
Una simple búsqueda en Google nos permite ver que ya hay proyectos presentados que buscan regular los debates entre candidatos. Entre ellos se encuentra uno del diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal). En la ciudad, la candidata a jefa de gobierno por la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, presentó hace unos días un proyecto en este sentido.
La idea es sencilla: una ley de la Legislatura (en el caso de la ciudad) y otra del Congreso (para las elecciones nacionales) que fije cuándo (por ejemplo 10 días antes de las elecciones) y en qué condiciones.
El debate debería realizarse en un lugar neutral (podría ser en una universidad pública) con acceso garantizado a todos los medios de comunicación y la obligatoriedad de ser transmitido por los medios públicos.
Si un candidato decide no concurrir debería ser sancionado (él o su partido). Podría ser una multa en dinero o menos espacio televisivo para hacer campaña, por ejemplo.
De esta manera, los ciudadanos tendríamos garantizada la posibilidad de ejercer nuestro derecho al voto con mayor información, algo que, creo, serviría para mejorar la calidad de las instituciones.
En Twitter: @caioquesada
Por Ricardo Quesada
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